Ecuador perdió un arbitraje con la petrolera Occidental en 2015. El Estado pagó USD 1.061 millones y ahora se busca a los responsables.
La tarea recae en manos de la actual administración de a Petroecuador. El 28 de enero de 2022, el procurador, Íñigo Salvador, envió una comunicación al gerente de la estatal, Ítalo Cedeño, en la que le pide una cosa:
- Remitir la información relacionada con el pago que se hizo a la Compañía Occidental Petroleum Corporation y Occidental Exploration and Produccion Company.
Pero, más importante que eso le recuerda que Petroecuador tiene la obligación de ejercer la acción de repetición respecto de ese pago. Según Salvador, están corriendo los plazos legales para el proceso.
Según la Constitución ecuatoriana, "el Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición en contra de las personas responsables del daño producido, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y administrativas".
La comunicación finaliza con una advertencia a Petroecuador: "en caso de que no ejecute la acción de repetición (...), le corresponderá al Procurador General del Estado incoarla en contra de quienes incumplieron la obligación".
La comunicación de Salvador fue enviada con copia al presidente de la República, a la presidenta de la Asamblea, al secretario jurídico de la Presidencia y al ministro de Finanzas.
El caso Oxy
La Procuraduría recordó que en 2006, la petrolera estadounidense, Oxy, inició un arbitraje de inversiones en contra de Ecuador por la declaratoria de caducidad del contrato de participación que mantenía para la exploración y explotación del Bloque 15.
Ocurrió durante el Gobierno de Alfredo Palacio. El entonces ministro de Energía, Iván Rodríguez, firmó la declaratoria de caducidad del contrato y revirtió la operación del bloque 15 a Petroecuador.
El Comité del Centro de Arreglo de Disputas Relativas a Inversiones (Ciadi) en 2015 dictó el laudo por USD $ 1.061 millones en favor de la petrolera.
El 7 de enero de 2016, la República del Ecuador y Oxy suscribieron un acuerdo de pago que incluyó nueve cuotas que fueron canceladas entre febrero y junio de 2016. Ese acuerdo amistoso se negoció durante el Gobierno de Rafael Correa.
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