La industria petrolera advierte que una eventual moratoria parcial a esta actividad extractiva generará una reducción de inversiones e incertidumbre jurídica.
El acuerdo preliminar del Gobierno Central con grupos indígenas para declarar una moratoria temporal en 16 bloques petroleros en Ecuador es visto por la industria petrolera como un freno para futuras inversiones.
Sin inversión privada, el camino para duplicar la producción hasta llegar al millón de barriles diarios, como busca el presidente Guillermo Lasso, parece cuesta arriba.
La producción nacional promedió los 488.284 barriles diarios de petróleo en lo que va de septiembre de 2022, según la Agencia de Regulación y Control de la Energía (ARC).
Lo anterior significa una reducción de 7% respecto del promedio de agosto, que fue de 493.036 barriles diarios.
El promedio de septiembre es, además, el más bajo desde junio de 2020, cuando la producción petrolera nacional promedió los 521.409 barriles diarios.
Crecen riesgos sociales
En medio de esa caída de producción, la industria petrolera cree que los riesgos sociales y políticos están aumentando tras los recientes anuncios del Gobierno.
El Gobierno Central anunció que llegó a un acuerdo preliminar con los movimientos indígenas para suspender la licitación de 16 bloques petroleros en el suroriente del país. Estos campos no están en desarrollo este momento.
Tampoco habrá ampliación de las áreas de los bloques petroleros 14, 17, 61, 31, 43, 12 y 16.
La moratoria a estas actividades petroleras estarán vigentes hasta la promulgación de una ley de consulta previa para las comunidades de la zona de influencia de la industria extractiva.
Estos preacuerdos son parte del diálogo entre el Gobierno y los movimientos indígenas para terminar con más de dos semanas de protestas en el paro nacional de junio de 2022.
Para Fernando Emanuele, gerente general de Orion Energy, una petrolera con capital de Singapur, que opera los bloques 52 y 54, los preacuerdos con el movimiento indígena no dan estabilidad a los planes anunciados por el Gobierno de ampliar la frontera petrolera.
El Estado ecuatoriano ha recibido USD 1.000 millones de Orion Energy en los últimos 10 años, por concepto de beneficios en producción, contribuciones e impuestos. “Nosotros estamos recién recuperando inversiones”, añadió Emanuele.
Menos inversión
Una eventual moratoria petrolera temporal genera incertidumbre entre la industria.
La aprobación de una Ley de consulta previa y, luego, los procesos para acceder a esos permisos con las comunidades tardarán años.
Todo esto en momentos en que Ecuador busca USD 30.075 millones en inversiones privadas para 14 proyectos petroleros. Entre ellos están el campo petrolero Sacha, en la Amazonía ecuatoriana, o el bloque de gas natural Amistad, en el Golfo de Guayaquil.
Vinicio Troncoso, gerente de la empresa ecuatoriana de servicios petroleros Sertecpet, considera que las medidas, de llegarse a aplicarse, frenarían los planes de inversión futura de las petroleras extranjeras.
Los signos de incertidumbre en la política petrolera provocan una baja inversión y que no haya interés en los campos petroleros, explica Troncoso.
Consulta popular de por medio
Otra barrera para ampliar la frontera petrolera es la decisión del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) de dar paso a una consulta popular, promovida por Yasunidos. La consulta apunta a dejar bajo tierra el petróleo del bloque 43 o ITT, el de mayor proyección de Ecuador.
La decisión llega cuando el ITT está en plena producción petrolera, con infraestructura instalada y proyección de incremento de la extracción.
Las industrias coinciden en que estas barreras tienen su origen en que en Ecuador se ha comunicado poco sobre los beneficios de la actividad petrolera.
“No se ha hecho un trabajo apropiado de comunicación sobre lo que significa la industria petrolera para el país. Es un problema que se arrastra desde hace mucho. No se ha generado un acuerdo social”, dice Emanuele.
“Las comunidades no perciben los beneficios de forma directa o los recursos llegan de manera muy lenta. Eso ocurre pese a los aportes que, por Ley, debe hacer la industria”, explica Silvana Pástor, vicepresidente administrativa financiera de la petrolera Gente Oil, que opera el campo Singue.
El impacto es grave, dice Emanuele al recordar que el paro de junio dejó más de USD 15 millones en pérdidas para Orion Energy.
Además, el mundo camina a una transición hacia fuentes más limpias de energía, como la solar o eólica. Lo anterior hace más difícil conseguir financiamiento para proyectos de energía fósil, como la industria del petróleo, añade Emanuele.
“Podríamos terminar (como país) con muchas reservas de petróleo en el subsuelo, que no se aprovechan a tiempo”, dijo Emanuele.
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