Reforma tributaria: Estos son los 10 puntos clave del proyecto de Noboa

El proyecto propone que a los 499 grandes contribuyentes identificados por el SRI no se les realizará retenciones del Impuesto a la Renta. En lugar de eso, estas grandes empresas deberán efectuar una autoretención del impuesto de forma mensual, sobre el total de sus ingresos grabados obtenidos dentro de ese mes. El porcentaje se establecerá vía resolución de carácter general y el valor no podrá exceder del 3%. Los valores que paguen las empresas cada mes constituirá crédito tributario al momento de liquidar el Impuesto a la Renta. Según el Gobierno, la medida permitirá generar flujos constantes al presupuesto, que resalta, en los considerandos, que los grandes contribuyentes generan el 55% de la recaudación total del Impuesto a la Renta. Para Census Consultores, la autorretención del 3% es excesiva, pues resta liquidez a las empresas. “Hacer ese cambio representa para el Estado USD 188 millones mensuales adicionales. Es flujo que deberían recuperar eventualmente (las empresas), pero recién a mediados de 2025, con un nuevo gobierno en marcha, lo cual puede generar inseguridad”, dice John Arias, gerente de Census Consultores

Otro artículo de la reforma de Noboa propone substituir uno de los artículos innumerados del artículo 15 de la Ley de Régimen Tributario Interno relacionado con los precios de transferencia. Hay que recordar que los precios de transferencia son escudos fiscales usados por grandes exportadoras e importadoras para eludir el pago de impuestos en Ecuador. El SRI introdujo en 2007, durante el gobierno de Rafael Correa, un régimen especial para elevar el pago de impuestos de estas empresas. La reforma de Noboa propone eliminar y substituir específicamente el artículo que establece las condiciones para exceptuar del régimen especial de precios de transferencia a ciertos contribuyentes.  Sin embargo, llama la atención que al comparar con lo que establece la actual Ley y lo que propone la reforma tributaria de Noboa no presenta cambio alguno y establece que serán beneficiarios de quedar fuera de ese régimen cuando: 1. Tengan un impuesto causado superior al 3% de sus ingresos grabables. 2. No realicen operaciones con residentes en paraísos fiscales o regímenes fiscales preferenciales. 3. No mantengan suscritos con el Estado contratos para la exploración y explotación de recursos no renovables.

El proyecto de Ley de Noboa no incluyó la reducción del IVA del 12% al 5% para el sector de la construcción. En su lugar propuso un sistema de devolución del IVA. Sobre el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el proyecto de Ley detalla que las personas naturales y empresas que ya pagaron este tributo en las adquisiciones locales o importaciones para la construcción de proyectos inmobiliarios, tienen derecho a que ese impuesto les sea reintegrado, sin intereses. Se plantea que la devolución ocurra en un tiempo no mayor a 90 días, a través de nota de crédito. Una condición para acceder al beneficio es que el contribuyente cumpla por lo menos con la tasa impositiva efectiva del sector al que pertenezca. La tributarista de especialista tributaria y socia de Census Consultores, Cinthia Uzcátegui,  explica que el SRI usualmente determina que este tipo de beneficios rigen solo para compras y adquisiciones efectuadas a partir de la vigencia de la Ley, si llega a aprobarse. Aunque, Uzcátegui cree que debe ser aclarado por reglamento, si la ley se aprueba.  

Las personas no residentes en Ecuador que ingresen al país, con cualquier tipo de régimen migratorio, podrán acogerse durante los 120 días de su ingreso al régimen especial denominado residencia fiscal temporal. Con este régimen, ellos estarán obligados al pago de todos los impuestos indirectos, como el IVA, pero limitarán el pago de Impuesto a la Renta a las ganancias que exclusivamente generen de fuente ecuatoriana. La residencia fiscal temporal tendrá una vigencia de cinco años contada a partir de su vigencia. Estos son los requisitos para acceder al beneficio:

• Efectuar una inversión mínima en inmuebles o actividad productiva de USD 150.000 a su entrada al Ecuador y mantenerla al menos cinco años después del ingreso al país.
• Tener ingresos probados de USD 2.500 al mes, sobre los que no deberá pagar impuestos en Ecuador. Los residentes fiscales temporales deben afiliarse a la seguridad social.
• En casos específicos, definidos por reglamento, se podrán acoger a la residencia fiscal personas que estén en Ecuador por más de 120 días durante el ejercicio fiscal correspondiente, o durante doce meses consecutivos, sin importar que dichos meses correspondan a ejercicios fiscales diferentes.

Se crea un sistema de estabilidad tributaria. Es un régimen nuevo que establece que si los contribuyentes se acogen a este sistema tendrán estabilidad tributaria por cinco años, si pagan una tarifa de 25% de Impuesto a la Renta a cambio de un aumento de dos puntos porcentuales cada año. Para acogerse a este beneficio, el contribuyente deberá cumplir por lo menos con la tasa impositiva efectiva del sector al que pertenezca. Para la tributarista de especialista tributaria y socia de Census Consultores, Cinthia Uzcátegui, el artículo es confuso porque no se entiende cuál es la estabilidad tributaria si se incrementa cada año dos puntos al IR. Cree que esta propuesta debe ser aclarada.

El proyecto además plantea sanciones por ocultamiento patrimonial. Así, se propone que quienes no declaren al SRI su patrimonio en el exterior serán sancionados con una multa equivalente al 2% del valor total de sus activos o de sus ingresos del ejercicio fiscal anterior, el monto que sea mayor. Esto aplicará por cada mes o fracción de mes de retraso en la presentación de la declaración del patrimonio, sin que el monto pueda superar el 10% del valor de los activos o del monto de sus ingresos. Además, se plantea que las personas naturales o jurídicas extranjeras domiciliadas en Ecuador que no entreguen información requerida al SRI serán sancionadas con una multa de 10 remuneraciones básicas. Y, las instituciones financieras sujetas a la Superintendencia de Bancos y, de Economía Popular y Solidaria (cooperativas de ahorro y crédito), que no cumplan con la entrega de información requerida por el SRI serán sancionadas con una multa de 100 a 500 remuneraciones básicas por cada requerimiento.

Otro beneficio es la exoneración por 10 años de Impuesto a la Renta para nuevas inversiones en energías renovables no convencionales.  El mismo beneficio se propone otorgar para proyectos relacionados con la industrialización de gas natural y asociado en Ecuador. Con esta reforma, tendrán derecho a la exoneración del Impuesto a la Renta por 10 años contados desde el primer año en el que se generen ingresos atribuibles a la nueva inversión.

El proyecto de Ley otorga deducciones adicionales para el pago del Impuesto a la Renta de empresas. Entre ellas, deducciones adicionales del 150% por los gastos de publicidad, promoción o auspicio de deportistas. De igual manera, hay deducciones adicionales cuando apoyen a estudiantes de bajos recursos en formación dual, otorguen becas para estudiantes, apoyen a entidades sin fines de lucro centradas en la desnutrición crónica infantil, personas con discapacidad o con enfermedades catastróficas. Sin embargo, el proyecto de urgencia económica, presenta una incongruencia a criterio de Cinthia Uzcátegui, de Census Consultores. Ella dice que el error está específicamente en su artículo 9. La contradicción radica en que el proyecto reforma el artículo 10 de deducciones de la Ley de Régimen Tributario. No obstante, se trataría de un error, dado que lo debían modificar es el artículo 9 de la Ley de Régimen Tributario.

El proyecto de Ley propone condonar la obligación de pago de valores del Impuesto a la Renta de 2022 a los contribuyentes RIMPE – Negocios Populares. Son parte del RIMPE de los negocios populares las personas naturales con ingresos brutos anuales de hasta USD 20.000 del período anterior. También forman parte del RIMPE emprendedores con ingresos brutos anuales de hasta USD 300.000 del período anterior. Sin embargo, por otro lado, la reforma, restablece, en su artículo 17, las retenciones de impuestos a esos contribuyentes en pagos por medios electrónicos, lo que se había eliminado durante el Gobierno de Guillermo Lasso para simplificar los trámites para este sector.

Además, el proyecto plantea beneficios para contribuyentes que estén dentro de procesos de determinación. Esto es un proceso de cobro de diferencias entre lo que se declaró y lo que el SRI establece que se debió pagar. Así, los contribuyentes podrán pagar la deuda desde la notificación hasta antes de la emisión del acto de determinación. Si el contribuyente acepta y paga toda la obligación en siete días, se condonará el 75% de intereses y multas sin que se generen recargos.