La delegación a empresas privadas de los campos petroleros, que ahora están en manos de la petrolera estatal Petroecuador, se organizaría vía licitaciones.
El nuevo reglamento a la Ley de Hidrocarburos da un plazo de 90 días para cambiar la modalidad de 41 contratos petroleros suscritos por Ecuador durante el Gobierno del socialista Rafael Correa.
En 2010, Correa reformó la Ley de Hidrocarburos y, prácticamente, obligó a las petroleras privadas y extranjeras a cambiar sus contratos de participación por contratos de prestación de servicios, que están vigente hasta hoy.
El ajuste tuvo como objeto que el Estado pasara a ser dueño del 100% de las reservas de petróleo del país y que las petroleras fueran meras prestadoras de servicios.
De los 41 contratos vigentes, el Ministerio de Energía firmó 19 contratos y la petrolera estatal Petroecuador firmó otros 22.
La propuesta del gobierno de Guillermo Lasso es volver a un contrato de participación, donde la operadora privada recibe parte de la producción de petróleo para compensar sus inversiones. Mientras tanto, el resto del petróleo queda en manos del Estado.
El cambio es voluntario
Hasta febrero de 2022 tienen las empresas petroleras privadas para solicitar el cambio de contrato al Ministerio de Energía y a Petroecuador.
Una vez hecha la solicitud, corre un plazo de 90 días para cerrar la negociación.
El ministro de Energía, Juan Carlos Bermeo, ha dicho que el cambio propuesto ahora atiende a un pedido de las petroleras privadas, que ven más atractiva la figura de participación y dijo que será voluntario.
El cambio de contrato al modelo de participación no será una imposición.
Juan Carlos Bermeo, Ministro de Energía
Cómo es el contrato de Participación
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Participación en producción
La participación de la empresa privada en la producción petrolera considerará el volumen de petróleo extraído en el campo, pero también su precio de venta.
De esta manera, el Gobierno busca que los contratos reflejen la realidad del mercado petrolero y evitar un perjuicio al Estado en caso de que los precios suban.
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Plazo se podrá extender
El reglamento a la Ley de Hidrocarburos permite ampliar el plazo del contrato vigente con las compañías privadas que decidan renegociar el modelo contractual.
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Ajuste soberano
Los beneficios económicos que perciba el Estado no podrán ser inferiores a los de la operadora privada en los contratos de participación.
Si eso llegara a ocurrir, el reglamento prevé una fórmula de ajuste para equiparar los beneficios de ambas partes.
Campos de Petroecuador, a licitación
El nuevo reglamento de la Ley de Hidrocarburos también abre la participación de las empresas privadas en campos que ahora son operados por Petroecuador.
Según el Ministerio de Energía, 22 campos de la petrolera estatal demandan inversiones de USD 1.678 millones y pueden ser delegados a la empresa privada.
Para ello, el reglamento establece dos condiciones:
- Que Petroecuador no cuente con la capacidad financiera y técnica para operar esos campos.
- En un plazo de 30 días, la petrolera estatal deberá presentar un informe que detalle los campos que son susceptibles de delegación.
Habrá consorcios
Miguel Robalino, exgerente de Petroecuador, califica de positiva a la intención del Gobierno de abrir el sector a la inversión privada, en momentos en que el Estado no cuenta con recursos.
Pero Robalino cree que se debe aclarar el papel que jugará Petroecuador en el nuevo escenario para no debilitar a la empresa pública.
Un tema nuevo que incluyó el reglamento a la Ley de Hidrocarburos es la posibilidad de que Petroecuador pueda conformar consorcios con firmas privadas para participar de la operación de campos petroleros.
Para el exsubsecretario de Hidrocarburos, Luis Calero, la reforma debilita a Petroecuador.
Calero dice que la Constitución dispone que el sector privado participe de forma excepcional en el área petrolera, pero la reciente reforma lo convierte en un actor principal.
Mientras que el ministro de Energía, Juan Carlos Bermeo, ha señalado que la reforma a la Ley de Hidrocarburos aprobada en noviembre de 2022 se ajusta a la Constitución porque permite una delegación excepcional a privados.
"No se trata de una privatización", enfatizó Bermeo.
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