Técnicamente un vehículo en estas condiciones es una unidad que contamina más, consume más combustible y, si no ha tenido un adecuado mantenimiento mecánico, se convierte en un peligro en las vías.
La derogación del cuadro de vida útil para el transporte comercial y pesado, en 2015, durante el gobierno de Rafal Correa, provocó que la sustitución y renovación de la flota en ese sector del transporte tome más tiempo. Las consecuencias se empiezan a notar.
La primera de ellas es económica. El Estado, por ejemplo, debe pagar cada año USD 12.000 más en subsidio de combustible por cada unidad que supera los 30 años. La Cámara de Transporte Pesado de Pichincha (CTPP) sacó esa cuenta con relación al consumo promedio de gasolina:
Entre 2012 y 2019, la oferta de camiones pasó de 100.0000 unidades a 230.000, según la Cámara. Mientras que, unas "30.000 unidades que habrían superado su vida útil continúan trabajando", dice Camilo Jarrín, presidente de la CTPP.
El Plan Renova no tuvo los resultados esperados
En 2008, el gobierno implementó el programa de renovación del parque automotor de transporte y carga denominado Plan Renova.
A través de esa iniciativa "los vehículos que prestan servicio de transporte público y comercial que salen de circulación son sometidos al proceso de chatarrización, por lo que reciben un incentivo económico que permite acceder a vehículos nuevos de producción nacional a precio preferencial y mediante la exoneración de aranceles para vehículos importados", se lee en la página web de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT).
Pero, los representantes del sector transportistas creen que la situación económica actual demanda replantear esa medida.
"Para una persona que se dedica al transporte renovar constantemente su unidad vehicular es un rubro de endeudamiento muy alto porque los precios de los vehículos tipo camión son muy elevados en Ecuador", explica Belén Pinza, directora de la CTPP.
En países como Perú y Colombia existen iniciativas público-privadas para incentivar la renovación de la flota vehícular, algunas de ellas son bonos o arrendamiento de vehículos. En este último método las entidades financieras adquieren los vehículos y se los alquilan a los transportistas.
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