Miércoles, 29 de mayo de 2024
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Ecuador comprará blindados y armas largas para la Policía a Israel

Autor:

Mario Alexis González

Actualizada:

19 Ago 2022 - 5:25

El ministro del Interior, Patricio Carrillo, dialogó con PRIMICIAS sobre la crisis de seguridad que atraviesa el país y la estrategia del Gobierno para combatir al narcotráfico.

Patricio Carrillo, ministro del Interior, durante una entrevista con PRIMICIAS.

Autor: Mario Alexis González

Actualizada:

19 Ago 2022 - 5:25

Patricio Carrillo, ministro del Interior, durante una entrevista con PRIMICIAS. - Foto: Cortesía / MDI

El ministro del Interior, Patricio Carrillo, dialogó con PRIMICIAS sobre la crisis de seguridad que atraviesa el país y la estrategia del Gobierno para combatir al narcotráfico.

El reciente atentado narcoterrorista en Guayaquil develó la gravedad de la crisis de seguridad nacional que atraviesa Ecuador.

Casi a diario, la Policía Nacional desarma estructuras delictivas y arresta sospechosos. Pero esas acciones no logran frenar a las bandas narcodelictivas, que cada vez actúan con más violencia.

Patricio Carrillo, el ministro a cargo de la seguridad interna, explicó lo que se está haciendo desde el Estado para fortalecer a la Policía Nacional y controlar a los grupos delictivos.

Inversión en seguridad

¿Qué pasa con los contratos de equipamiento policial?

Ahí hay que distinguir dos tiempos. El primero antes de la creación del Ministerio del Interior, con el presupuesto que era manejado por la Policía Nacional y el Ministerio de Gobierno. Esos procesos continúan.

Pero, a partir de la creación del Ministerio (del Interior), hay un nuevo presupuesto para procesos nuevos.

¿Ahí entran los USD 1.200 millones anunciados por el presidente Guillermo Lasso?

Entre esos procesos están los USD 1.200 millones que el Presidente de la República ha designado para invertirlos mediante proyectos plurianuales que tiendan, primero, a renovar toda la logística de la Policía, es decir, el parque automotor y las motocicletas.

¿Cuántos vehículos son?

Son alrededor de 10.000 vehículos. Pero no se puede cambiarlos todos de golpe, hay que renovar por porcentajes para que cada año, de aquí en adelante, continúe la renovación.

El problema es que en 2020 el mundo estuvo paralizado, no hubo producción de vehículos, no hubo recursos económicos sino para la salud y todo esto, que ahora tiene impacto, lo tenemos que ir corrigiendo.

Vamos a hacer una primera adquisición del 33% de vehículos, de tal manera que cada tres años se puedan renovar hasta tener algo de estabilidad. Pero no hay producción. Los proyectos están, pero no hay la capacidad de producir.

¿Y la inversión de emergencia para Guayaquil?

Solo para Guayaquil se han invertido USD 11,4 millones que se destinaron para la parte operativa y para la adquisición de vehículos de civil. Están entregados ya 47 y 37 se entregan a finales de este mes. Además, están en proceso de adquisición 360 motocicletas y chalecos.

¿Y el armamento?

Las armas están en proceso de adquisición (en operaciones de) gobierno a gobierno, los vehículos blindados también con Israel están ya en proceso. La intención es que al finalizar el gobierno quede una institución mucho más fuerte.

¿Las armas también se comprarán a Israel?

Algunas armas sí, otras no. Los vehículos blindados vienen con sus armas. La Policía Nacional se siente muy cómoda con pistolas tipo Glock y difícilmente creo que se podrán cambiar. Hay capacidad, armamento, repuestos, entrenamiento, entonces creo que sería un error cambiar de armamento.

Para las armas largas para los vehículos blindados sí se está trabajando con diferentes países.

El narcoterrorismo

Desde 2018, con la explosión en el Cuartel Policial de San Lorenzo, el país ha vivido hechos de narcoterrorismo. ¿Esto cambia el tratamiento que se da a los grupos criminales que operan alrededor del narcotráfico?

La norma en Ecuador está diseñada, en su gran mayoría, para el delito común y necesitamos ir adaptándola. El problema que estamos viviendo ahora no es de las instituciones, ni de los ciudadanos o de las ciudades, es un problema del Estado ecuatoriano y hay que resolverlo desde los tres poderes.

En el COIP está tipificado el terrorismo de manera general, ¿hace falta una reforma para especificar al narcoterrorismo en cuanto a penas y procesos?

Hay que hacer muchos esfuerzos para fortalecer el sistema judicial, creo que hay que revisar las normas. Las expresiones que estamos viviendo ameritan que se elaboren proyectos de ley que incorporen o reformen artículos para que permitan -con capacidades especiales- enfrentar esta nueva dinámica de violencia que ya estamos experimentando.

¿Hacia dónde tendría que caminar la legislación para manejar el narcoterrorismo?

Hacia la capacidad especial del Estado, a través de sus instituciones, para de manera invasiva y respetando la Constitución, sin afectar derechos, tener algunos mecanismos que eviten (los atentados) y que hagan anticipación. 

Si no hacemos anticipación estratégica sucederá lo que hasta ahora hemos visto, reaccionamos cuando ya sucedió y con alta capacidad. Porque la Policía tiene alta capacidad de respuesta, está demostrado.

Entonces, ¿con la legislación actual la Policía no puede anticiparse sino solo reaccionar?

Lo que se debe entender es que la Policía, para enfrentar actos de terrorismo y para enfrentar los niveles de violencia del crimen organizado actual, necesita capacidades especiales.

Esas capacidades especiales pasan por tecnología, por marcos legales que permitan estudiar ADN, extraer información sin necesidad de orden judicial, análisis de datos, la presencia de agentes encubiertos y más.

Además de los atentados, el narcoterrorismo apunta a funcionarios judiciales, gobierno y periodistas.  ¿Qué hacer para protegerlos?

Estamos trabajando, yo ayer me reuní con la Asociación de Jueces (Aemaj). Estamos trabajando en un proyecto de seguridad para la administración de justicia.

Entendemos los miedos y los temores, pero también necesitamos un canal fluido de confianza.

De tal manera que se nos anticipe cuando se sientan intimidados, acosados. Porque si no, da lo mismo: cuando sucede el hecho se investiga y resulta que, efectivamente, la víctima ya era objeto de intimidación, de amenaza o de chantaje.

La estrategia estatal

Todos los días hay capturas y desarticulación de células de bandas, pero esto no las frena. ¿Cuál es la estrategia de la Policía y del Estado?

Mire, pensar así es demasiado negativismo. Sí, hay una reacción frente a los hechos que se proponen. Estas reacciones buscan que el Estado ecuatoriano se abstenga de realizar el control.

Nosotros vamos a continuar con esto, porque llegará un momento en que esto tiene que autorregularse. El tema parecería como que no tiene efecto porque no desaparece la violencia, pero esta nunca va a desaparecer.

Es un tema que hay que desmitificar. Pensar en una sociedad en donde no exista la violencia es pensar de manera ilusa.

La violencia está presente en la condición humana, no en los actos irracionales como los últimos que hemos vivido, ni con una frecuencia tan elevada. Pero ha estado presente siempre.

El problema es que ahora, con el pensamiento negativo y la crítica severa desde la polarización política, todo lo que sucede se considera como un fracaso total de la estrategia y de la política.

Desde esta óptica, ¿cuál es el escenario al que quieren llegar con la estrategia actual?

Nosotros estamos conteniendo lo que está sucediendo, al igual que en el mundo entero, porque en todas partes se han disparado los conflictos, producto del impacto de la pandemia de Covid-19.

Esto no es fácil, no es una tarea que se puede cumplir de la noche a la mañana. Hay que corregir la cultura, corregir varios mecanismos estructurales. Yo estimo que en el mediano plazo se empezarán a ver resultados. 

Diego Ordóñez, secretario de Seguridad, dijo que la forma más efectiva de golpear estas estructuras criminales es atacando su brazo financiero.

Esto no es cuestión de teoría, esto es cuestión de práctica. Solo en los últimos cuatro meses, desde que se creó el Ministerio del Interior, han sido desarticuladas más de ocho organizaciones con economías criminales enormes.

Por ejemplo, está el caso Norero, con USD 26 millones en efectivo y en lingotes de oro.

Para hacer frente a esta crisis, el Presidente ha anunciado una consulta popular que tendrá la seguridad como prioridad. ¿Qué preguntas se pueden incluir al respecto?

No, ese tema lo están manejando desde la Presidencia con el Ministerio de Gobierno. He escuchado que algunos mecanismos van por la seguridad. Me imagino que cuando ya lo tengan nos los compartirán.