Además, están previstas inversiones en equipamiento tecnológico, incluido para la vigilancia perimetral de las cárceles. Así como de equipamiento para los centros policiales que se reconstruyeron después del terremoto de 2016.
Fuera de las pólizas de seguro, los rubros de inversión más altos del Ministerio de Gobierno están dedicados al equipamiento de los uniformados y la institución policial. El principal rubro será para chalecos antibalas.
El plan anual de contrataciones alcanza USD 39,3 millones y la tercera parte está prevista para la adquisición de chalecos de protección balística (USD 13,8 millones). Una de las compras más grande de este implemento, 40.000 unidades, se gestionó en la época del ministro José Serrano, a través de una empresa de la India en 2014, por USD 24,4 millones.
Además de las usuales pólizas de seguros, en la lista de inversiones también consta la compra de equipos e infraestructura tecnológica para la plataforma de ciberseguridad (USD 3,7 millones).
También están en la lista las adquisiciones de equipo logístico penitenciario y drones para la seguridad perimetral de los centros de privación de libertad (USD 997.383). Y del servicio de centro de datos virtual y sus componentes (USD 806.400).
La solicitud de aprobación del plan se pidió el 7 de enero y una semana después fue aprobado. Los procesos de contratación de cada ítem dependerán de la Dirección Administrativa del Ministerio.
Y se dará en un contexto complejo conformado especialmente por las cifras crecientes de inseguridad y las altas tasas de muertes violentas, la crisis carcelaria y la admitida falta de uniformados, tanto policiales como penitenciarios con sus respectivos equipamientos.
Es por eso que en el 26 de enero, el vocero presidencial, Carlos Jijón, anunció que el gobierno planifica incrementar 20.000 policías en dos años y 3.500 agentes penitenciarios en seis meses.
Además, tanto el presidente Guillermo Lasso, como la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, han reiterado constantemente que el Ejecutivo prestará todo su apoyo político y administrativo a las fuerzas policiales para que cumplan con su labor.
Y, por ejemplo, en el plan consta el equipamiento básico y tecnológico de 13 infraestructuras policiales afectadas por el terremoto del 16 de abril de 2106, en Manabí. Entre ellas están cinco Unidades de Policía Comunitaria (UPC) y cuatro Unidades de Vigilancia Comunitaria (UVC), ubicadas en Pedernales, Jama, Chone, Portoviejo, Montecristi y Manta.
Aunque este proyecto se anunció dos años después del sismo, las edificaciones no han sido equipadas. Pese a que el entonces ministro César Navas dijo que ya contaban con el cronograma de entrega de los centros policiales.
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