En dos años, el gobierno planea tener 20.000 policías más en las calles

Política

Autor:

Adriana Noboa

Actualizada:

26 Ene 2022 - 0:04

El vocero presidencial, Carlos Jijón, durante un encuentro con los medios el 26 de octubre de 2021. - Foto: Presidencia

En dos años, el gobierno planea tener 20.000 policías más en las calles

Autor:

Adriana Noboa

Actualizada:

26 Ene 2022 - 8:58

El vocero presidencial, Carlos Jijón, habla sobre los problemas de seguridad en el país y asegura que la mayoría se deben a ‘ajustes de cuentas’. Así como también explica la visión del gobierno sobre la gestión política en la Asamblea.

Desde el Gobierno, el problema de la violencia e inseguridad se concentra en el incremento de las actividades vinculadas al narcotráfico y al consumo interno de drogas. Entonces el ‘ajuste de cuentas’ es el argumento más mencionado.

En entrevista con PRIMICIAS, el vocero presidencial Carlos Jijón explicó las medidas que tomará el gobierno para luchar contra la inseguridad, a corto, mediano y largo plazo. Entre ellas están el incremento de 20.000 policías en dos años y de 3.500 agentes penitenciarios en seis meses.

Además, el funcionario y consejero presidencial habló de la gestión política del Ejecutivo, principalmente en la Asamblea Nacional y la calificó de exitosa. Los argumentos son la vigencia de la reforma tributaria y el archivo de la investigación de Pandora Papers.

El gobierno enfrenta un incremento de contagios de Covid-19, un despunte de la violencia e inseguridad, quejas por el impacto de sus reformas y sus vetos. ¿Cuál es la prioridad del Ejecutivo?

El gobierno da prioridad a la reactivación económica, es la principal preocupación del presidente de la República. En cuanto a la pandemia, la situación del Ecuador es diametralmente opuesta a la de hace un año: en este momento hay 13 millones de personas vacunadas con dos dosis, hay suficiente stock de vacunas para todos y un mecanismo eficiente de vacunación.

Si no hemos ido más rápido es porque la población dejó de considerar importante vacunarse con la tercera dosis.

En este momento el gobierno no tiene mayor preocupación con la pandemia. La vacunación ha servido para la reactivación económica, la gente está trabajando, hay 290.000 empleos nuevos desde mayo. Es en gran medida fruto de la vacunación.

¿Qué pasa en el tema de la inseguridad?

Hay varios escenarios: la delincuencia común, la violencia vinculada al narcotráfico y la violencia en las cárceles.

En la primera, las cifras demuestran una caída bastante importante. Comparar las cifras de 2020 y 2021 no son comparables, porque en 2020 todos estábamos en las casas. Lo que hay que comparar es con 2019. Y, si se coge un promedio de 2017, 2018 y 2019, ahora hay una caída.

Pero tenemos una cantidad insuficiente de policías, no tenemos el número de policías necesario por cada 1.000 habitantes, para mantener la seguridad de una sociedad. Esa es la realidad.

Tenemos que contratar 20.000 policías adicionales.

No se puede contratar 20.000 policías adicionales de un día al otro, porque se necesita formarlos y esto tarda dos años, darles armamento, carros para que se movilicen, construir cuarteles. Todo esto se está trabajando.

Se ha iniciado el reclutamiento de personas y se ha destinado las partidas presupuestarias para formarlos y armarlos, darles vehículos y cuarteles. Pero la sociedad no puede esperar que, en un mes o seis meses, el país pueda solucionar un problema que es consecuencia de 15 años de descuido.

El gobierno cree que en dos años va a tener el número suficiente de policías, bien armados. A corto plazo, el gobierno está haciendo un gran esfuerzo para, con los medios que tiene, trabajar con eficiencia.

¿Cuál es el presupuesto calculado para esos dos años?

No tengo la cifra en este momento.

¿En el caso de las cárceles?

El tema de las cárceles es muy similar. Se necesitan, para los estándares internacionales, 6.000 guardias penitenciarios. Tenemos 2.500. No existe el número suficiente para mantener el orden.

Y, de igual manera, no basta contratarlos, tienen que tener un tiempo de formación. Pero esto se puede abreviar y el gobierno cree que en seis meses, habiendo empezado ya el proceso, tendrá el número suficiente de guardias penitenciarios, correctamente equipado, entrenados y con todas las necesidades cubiertas.

Y esto requiere también recursos importantes. Por eso el gobierno requiere tener recursos para atender estas necesidades urgentes. Además, hay una gran cooperación en este tema con Colombia.

¿Cómo mira el gobierno el recrudecimiento de la violencia en las calles?

La violencia y los asesinatos vinculados con el narcotráfico son el 77% del total de las muertes violentas. En la última semana, hubo una importante captura de drogas cerca de Salitre, nueve toneladas de droga, eso quiere decir que alguien perdió USD 320 millones en drogas.

Esto provoca ajustes de cuentas, con el que perdió la droga, el que se quedó dormido… o quizás hicieron todo adecuadamente, pero la Policía hizo su trabajo de mejor manera, encontró la droga y se las arrebató. Esto ha ocasionado un ajuste de cuentas muy violento de carteles internacionales y es recurrente, cada vez que se captura un importante cargamento.

En lo que va del año se han capturado 15 toneladas de cocaína. El año pasado se había capturado cinco toneladas. Y personas con poca información lo señalan como un problema del gobierno, que están matando a las personas.

La protección dentro del territorio nacional es competencia del Estado, gestionado por el gobierno.

Sí, claro. Y ¿cómo hace usted como Estado cuando una banda de narcotraficantes asesina a otra? ¿Les pone guardias de seguridad a los narcotraficantes para que no los maten si se pelean con sus socios?

No son asesinados solo narcotraficantes.

Pensémoslo con racionalidad. Tenemos un grave problema de narcotráfico.

Pero también un grave problema de desigualdad y pobreza, falta de acceso a educación, salud, trabajo, que están íntimamente vinculados con la expansión del narcotráfico.

No necesariamente. Tenemos una producción de cocaína muy grande al norte, en Colombia. Tenemos un importante país consumidor, tenemos a México como distribuidor, tenemos 15 años de haber desatendido el problema. El haber cerrado la Base de Manta. Basta ver la reacción a la activación de un radar en Manabí.

El país tiene un problema muy serio. Y hay otro problema inesperado: el cartel de Jalisco, que es extremadamente violento. Si se ve qué ha pasado se encuentra una violencia terrible. Eso está empezando a ocurrir en Ecuador.

Por ejemplo, lo que pasaba en el puerto de Guayaquil, los cargamentos de droga salían con bastante facilidad y no parecía que había manera de solucionarlo. Pedían al de limpieza, al de la grúa que ayuden a meter el cargamento y al que se negaba lo mataban. Parece que el año pasado hubo alrededor de 200 personas ejecutadas vinculadas a los puertos.

Y eso se ha logrado controlar totalmente. Por eso la reacción ha sido que se ha intentado controlar los terrenos adyacentes, que bordean el canal por donde pasan los contenedores. Y hay una guerra territorial de dos bandas por ese control, Los Lagartos y Los Rusos. Las masacres del fin de semana fueron entre esas bandas.

Hay una grave banalización de la violencia, que pudiera ser artificialmente inducida.

Además, Ecuador se ha vuelto un país de consumidores. Se está moviendo USD 1 millón mensuales.

Con todo este buen trabajo que usted asegura que está haciendo la Policía, entonces ¿a qué se debe el cambio en la Comandancia General?

El Presidente consideró necesario que haya un cambio, agradeció el trabajo de la Comandante (Tannya Varela) y reconoce el trabajo eficiente de la Policía Nacional y lo apoya.

¿Cuál fue el argumento? ¿Una decisión personal?

Sí, una decisión personal. Era necesario cambiarlo.

¿Ese apoyo a la Policía se reflejará en un indulto a Santiago Olmedo? ¿Cuál es el mensaje del Presidente cuando se refiere a este caso?

El mensaje es bastante claro a la Policía y a la sociedad: un respaldo a la Policía. La sociedad necesita respaldar a la Policía porque está en una situación muy difícil.

El gobierno es respetuoso de las decisiones de las instituciones. Puede estar en desacuerdo, pero no va a hacer nada que atente contra la independencia de las funciones y la Justicia actuará de acuerdo a sus procedimientos.

El presidente de la República no dicta sentencias, pero puede opinar en este tema.

Cuando termine el proceso judicial, el gobierno analizará si es posible un indulto. Y, si es posible, el Presidente ha dicho que lo indultará.

Si se tratase de un caso de exceso policial, ¿cuál sería la opinión del gobierno?

La Justicia debe determinarlo y el gobierno va a ser respetuoso de las decisiones de los jueces.

En lo político, usted mencionó que la Asamblea no quiere recibir las reformas laborales. Pero estas no se han enviado todavía.

Las reformas laborales que la Asamblea devolvió sin discutirlas. Entonces, el gobierno aceptó el criterio de la Asamblea y dividió el proyecto por partes. Envió la reforma tributaria de manera urgente, en los próximos días enviará la reforma en materia de inversiones.

¿Próximos días? ¿Este mismo mes?

No le puedo decir un plazo. Me llama mucho la atención que siempre piden el día y la hora. Pero si yo le digo el viernes a las 17:00 y llega a las 18:00, van a decir que es otro error del gobierno. Tratemos de ser razonables. El gobierno va a mandar una reforma para facilitar la inversión extranjera.

¿Y la reforma laboral?

El gobierno ha planteado una discusión social. El proyecto fue presentado ya, el gobierno tiene unas ideas sobre lo que tiene que hacer, pero está dispuesto a discutir su proyecto con la sociedad y escuchar las otras propuestas, consensuar y enviarlo a la Asamblea.

¿En dónde queda esa discusión social si el presidente Lasso anunció la posibilidad de que se dirima su aprobación en las urnas?

Lo que el Presidente ha dicho es que no descarta, si la Asamblea se negara a aceptar unas reformas laborales y las devolviera, enviarla a consulta popular.

Y no necesariamente se trata de que la Asamblea apruebe la reforma que el gobierno proponga. En la democracia, las propuestas se discuten, se cambian y el gobierno podrá aceptar los cambios. Y, finalmente, el Presidente tiene un veto.

¿Esto pasaría con todas las iniciativas del Ejecutivo que no tengan aceptación en la Asamblea Nacional? ¿Se avizora muy complejo el escenario en el Legislativo?

El gobierno logró que entre en vigencia su anterior proyecto: la reforma tributaria. Se envió a la Asamblea, se discutió en la Asamblea y está vigente.

El gobierno encontró mecanismos para que la reforma tributaria entre en vigencia.

El gobierno sorteó con mucho éxito las acusaciones de Pandora Papers en la Asamblea. El gobierno no le tiene temor a la Asamblea; dialogando, discutiendo honestamente, puede obtener resultados.

Los resultados que se obtuvieron en la Asamblea Nacional el año pasado fueron estupendos.

El resultado fue 10/10. Por eso el gobierno no descarta que en las siguientes discusiones pueda obtener resultados similares. El gobierno fue muy exitoso.

Por eso, cuando dicen que no hay gestión política, yo digo: caramba, no hay gestión política y la ley está en vigencia y el caso Pandora fue archivado, ¿qué pasaría si hubiera gestión?

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