El peligroso cabecilla de Los Choneros, Junior Roldán Paredes, 'JR', no es el único que se ha beneficiado con recursos de garantías constitucionales. Seis líderes de peligrosas bandas también recibieron acciones judiciales para ser liberados.
Desde 2019, seis líderes de las organizaciones criminales Los Lobos, Los Tiguerones y Chone Killers han recibido importantes rebajas de sus penas o han sido sobreseídos y liberados con artilugios judiciales.
Esto pese a que en la lista de delitos que cometieron se cuentan el asesinato, la asociación ilícita y hasta la delincuencia organizada.
En todos estos casos los implicados tenían sentencias en firme y procesos. Se trata de:
- Wilmer Chavarría Barré, alias 'Pipo'.
- Ángel Aguilar, alias 'Lobo Menor', identificado como uno de los principales cabecillas de Los Lobos.
- William Alcívar Bautista, alias 'Negro Willie', cabecilla de Los Tiguerones.
- Antonio Camacho, alias 'Ben 10', líder de Los Chone Killers.
- Terry Camacho, alias 'Trompudo Israel', cabecilla de Los Chone Killers.
- Álex Alcívar Bautista, alias 'Ronco', cabecilla de Los Tiguerones.
La semana anterior, Junior Roldán, líder de Los Choneros, quien enfrenta una sentencia de 25 años por asesinato, presentó sucesivamente tres habeas corpus, buscando ser liberado por razones de salud.
Hasta que un juez de Guayas le concedió el pedido de arresto domiciliario, por sus supuestos problemas de salud y lo envió a su casa en El Triunfo y sin un grillete electrónico para vigilar sus movimientos.
Tras conocer la decisión del juez, el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) anunció 23 de abril que apelará.
No obstante, en otros casos, de internos con enfermedades mucho más graves, los funcionarios del Ministerio de Salud se han opuesto a que reciban tratamiento por fuera de las prisiones.
Muestra de ello es el caso de los hermanos Carlos y Geovanny Doha, de 42 y 40 años, que padecen hipertensión, diabetes crónica y otras enfermedades.
En diciembre de 2021, la jueza de garantías penitenciarias, Carmen Mendoza, les concedió el habeas corpus correctivo para ser atendidos fuera de la Penitenciaría de Litoral, donde están detenidos sin sentencia desde julio pasado.
Pese a todas las evidencias y certificados de varios médicos, las autoridades de Salud se han opuesto a su salida, alegando que sí cuentan con la atención apropiada en prisión.
Abuso legal
El abuso de recursos legales frente delitos especialmente graves, como crímenes y narcotráfico, se ampara en todo un andamiaje de garantías que comenzó a levantarse desde 2008, en el gobierno de Rafael Correa, con la Constitución, el Código Orgánico Integral Penal (COIP) y otras normas.
Lo que incluye un último pronunciamiento de la Corte Constitucional, en 2021, según coinciden varios juristas consultados por PRIMICIAS.
Precisamente por eso, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, explicó a PRIMICIAS que una salida para frenar el uso excesivo de recursos judiciales pasa por un pronunciamiento de la Corte Constitucional.
"Es importante que la jurisprudencia constitucional, que es atribución de la Corte Constitucional, delimite recursos como el habeas corpus y la acción de protección”, dice.
Para el magistrado, ambas son instituciones jurídico-constitucionales distintas y en ambas hay problemas. "Es fundamental que la Corte pueda delimitar sus alcances. Seamos más concretos. Qué se puede hacer, hasta dónde llega, qué no se puede hacer con el habeas corpus, cuál es el juez competente".
Feria de habeas corpus
Hasta inicios de abril de 2022, cuando un juez penitenciario liberó al exvicepresidente Jorge Glas, otorgándole un habeas corpus, ninguna entidad estatal había articulado acciones concretas, coordinadas desde el Ejecutivo, para frenar el abuso de este recurso.
Desde 2021 hasta abril se han presentado 1.312 recursos de habeas corpus de presos sentenciados o procesados.
Los jueces concedieron habeas corpus a 534 internos, según confirmó el director del Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI), Pablo Ramírez.
El oficial explica que cuando ocurrió el caso de Glas identificaron un patrón: los directores de los centros carcelarios no informaban ni alertaban al SNAI sobre las acciones presentadas por peligrosos detenidos que acudían a audiencias.
"Los representantes jurídicos asisten a las audiencias sin suficiente información, tampoco acceden a los informes médicos del Ministerio de Salud, que son reservados".
Pablo Ramírez, director del SNAI.
Corrupción en el sistema
Ramírez reconoce la corrupción como otro problema de fondo.
"En el SNAI no solo hemos encontrado agentes, sino funcionarios en acciones ilegales, delictivas, que son denunciados ante la Fiscalía, son procesados y luego presentan acciones de protección, que los jueces les conceden. Así vuelven a trabajar en la institución", agrega.
En las dependencias penitenciarias de Guayaquil incluso hay tres funcionarios, enjuiciados por delitos y usan grilletes electrónicos.
También hay directores destituidos y luego reintegrados al sistema con estos recursos judiciales, aunque son personal de libre remoción.
Ante estos problemas, el SNAI presentó, a través del Ministerio de Gobierno, una batería de reformas legales y ha establecido protocolos para monitorear el uso de estas acciones.
La excepción se convirtió en la regla. PRIMICIAS accedió a expedientes penitenciarios y judiciales de seis cabecillas de peligrosas bandas, que en los últimos años han estado involucrados en más de 350 asesinatos en los presidios de Guayaquil, Cotopaxi y Azuay.
En este listado se encuentra William Alcívar Bautista, alias 'Negro Willie', cabecilla de Los Tiguerones, de 33 años de edad. Sentenciado por asesinato en 2017, dos años después fue sobreseído por una jueza de Esmeraldas.
Ante la apelación de la Fiscalía, el fallo fue ratificado por otra jueza, con competencia en delitos flagrantes de Guayaquil.
'Negro Willie' estuvo detenido en Esmeraldas y en la Regional de Guayaquil. Después cometió otro asesinato, pero se fugó y no ha podido ser recapturado. Es exagente de seguridad penitenciaria.
Otro beneficiado por este tipo de acciones fue Wilmer Chavarría Barré, alias 'Pipo', cabecilla de Los Lobos, de 37 años de edad.
Sus antecedentes delictivos datan de 2004, por robo (seis procesos), asesinato, por lo que recibió una sentencia de 25 años de prisión.
Tenía en total 11 procesos judiciales y enfrentaba otro proceso por plagio y asesinato en Azuay. Fue condenado a 16 años de prisión, en 2013.
Recluido en 2011 en la cárcel de Turi en Azuay y trasladado luego a la cárcel regional de Guayas. El 31 de octubre de 2018, recibió el beneficio de la prelibertad, firmado por un juez de Guayaquil, por haber cumplido el 52,8% de su condena.
El juez dispuso su presentación en el centro de detención de Santo Domingo, los sábados y domingos.
Pero en julio de 2019, el juez flexibilizó las medidas: dispuso que solo se presentara una vez al mes en Quito. Libre, en 2020, alias Pipo se presentó únicamente cuatro ocasiones al centro carcelario, y en 2021 en dos ocasiones, la última ocurrió el 20 de enero.
Un mes después, sus familiares denunciaron su fallecimiento por un infarto, a causa del Covid, según un certificado de defunción de la doctora María Valencia, expedido en Santo Domingo de los Tsáchilas. Su esposa, sin embargo, inscribió su defunción en Guayaquil, en la parroquia Rocafuerte.
En la banda de Los Lobos, 'Pipo' ganó protagonismo luego del asesinato de Jorge Luis Zambrano, alias 'Rasquiña', quien también había sido excarcelado de la penitenciaría de Cotopaxi, en junio del 2020, por un fallo ilegal de un juez que le redujo la pena, pero luego fue enjuiciado y destituido.
'Pipo' era uno de los encargados de la seguridad de 'Rasquiña', quien lideró la banda de Los Choneros.
Desde 2019, seis cabecillas de Los Lobos, Los Tiguerones y los Chone Killers, sentenciados por delitos graves, fueron liberados presentando recursos judiciales, años antes de cumplir sus penas.
No pueden revocar penas
Xavier Andrade, jurista y académico de la Universidad San Francisco (USFQ), resalta que sobre todo en estos casos, donde se presentan medidas alternativas, los jueces deben tener claro que estas no reforman, no revocan ni sustituyen la pena de cárcel, son temporales, no definitivas.
La pena de prisión, agrega Andrade, "es una restricción de derechos que siempre causa efectos obvios en la salud de los presos, ya que esa es su naturaleza, por eso el solo argumento de daño en la salud física o mental no es suficiente. Las sentencias de la Corte Constitucional son muy abiertas a la interpretación, su uso no debe violar el sentido común, la tolerancia y racionalidad".
Sin embargo, estas consideraciones jurídicas son pasadas por alto continuamente por algunos jueces, especialmente los de garantías penitenciarias.
Es lo que ocurrió con Ángel Esteban Aguilar, alias 'Lobo Menor', identificado por la Policía como uno de los principales cabecillas de Los Lobos. Sentenciado en 2014 a 20 años de cárcel por el asesinato de Juan Antonio Serrano Salgado, en Cuenca.
Estuvo detenido en Cotopaxi hasta el 25 de enero de 2022, cuando fue liberado por disposición de un juez de Latacunga, que le concedió la prelibertad y dispuso su presentación periódica en Quito, a donde ha acudido en ocho ocasiones.
El listado sigue con el caso de Álex Alcívar Bautista, alias 'Ronco', cabecilla de Los Tiguerones, de 30 años de edad.
En 2019 fue enjuiciado por asesinato, pero sobreseído por una jueza de Esmeraldas. Dos años antes, en 2017, había sido condenado a 40 meses de prisión por robo.
Ese mismo año fue condenado a 40 meses de prisión por otro delito, esta vez de delincuencia organizada, en Guayaquil. Estuvo preso en Santo Domingo y en la Penitenciaría de Guayaquil.
Pero en octubre de 2021, un juez de Santo Domingo le concedió el beneficio de régimen semiabierto (prelibertad), por lo cual fue liberado.
Hasta la presente fecha se ha presentado a cumplir la medida sustitutiva de acudir a la cárcel de Santo Domingo tres veces, pero no ha acudido en otras tres ocasiones, argumentando que estaba enfermo y presentando certificados médicos.
También se ha beneficiado Antonio Camacho, alias 'Ben 10', cabecilla de Los Chone Killers. Sentenciado en siete procesos judiciales desde el 2011, por tentativa de asesinato, tenencia ilegal de armas, asociación ilícita, dos asesinatos, asociación ilícita y delincuencia organizada, en 2017.
No obstante, el 21 de mayo de 2021, 'Ben 10' fue liberado de la cárcel regional de Guayas. Salió con una boleta de excarcelación suscrita por un juez de la Sala de lo Penal del Guayas, quien le revocó la sentencia de 25 años de reclusión por asesinato.
En otro proceso donde estaba procesado por delincuencia organizada, recibió la boleta de excarcelación extendida por otro juez de Guayaquil.
Terry Camacho, alias 'Trompudo Israel', cabecilla de Los Chone Killers, también interpuso acciones para salir en libertad.
Camacho, de 34 años, tenía sentencias en siete juicios resueltos entre 2009 y 2017, por tentativa de asesinato, tenencia ilegal de armas, cuatro asesinatos y asociación ilícita.
Estuvo recluido en las cárceles regionales de Turi, Cotopaxi y Guayas, hasta noviembre de 2021. En la Penitenciaría del Litoral lideraba las actividades ilícitas en el pabellón 2, donde mandan los Chone Killers.
Luego fue trasladado a la cárcel de Turi, donde fue liberado mediante boleta de excarcelación, luego de la revocatoria de una sentencia condenatoria, por un recurso favorable de revisión, concedido por un juez de la Sala de lo Penal, de la Corte Nacional de justicia.
Camacho cumplía otra sentencia de 16 años por asesinato, pero eso no fue un obstáculo para su libertad.
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