Ecuador tiene una larga tradición de brindar desde el Estado subsidios y otros beneficios fiscales en favor de los grandes grupos económicos.
El rol económico del Estado en cuanto a la centralidad de la recaudación de impuestos tiene menos de 100 años, el huasipungo se abolió hace menos de 50 años.
La Ley moratoria de 1914 permitió a la banca privada emitir dinero sin respaldo alguno, otorgando posibilidad de ganancias ilimitadas.
Se estima que la sucretización de la deuda de Osvaldo Hurtado (DP) y León Febres Cordero (PSC) le costo a la sociedad USD 4.462 millones, y la crisis bancaria de 1999 USD 6.170 millones.
Por su parte, la remisión tributaria condonó más de USD 1.200 en multas de intereses a deudores con el SRI.
El gasto tributario (beneficios e incentivos vía exoneración o deducción de impuestos), para 2019 lo estimó el Ministerio de Economía y Finanzas en 6,38% del PIB (USD 6.854 millones, de los cuales cerca del 38% es un subsidio al impuesto a la renta de sociedades (USD 2.600 millones).
Por su parte, la “austeridad” que se convierte en la agenda del Gobierno desde mayo de 2018 y se profundiza con la firma del acuerdo con el FMI en 2019, se implementa a discreción, por ejemplo:
- Se reducen partidas de trabajadores sin tener estudios ni evaluación de procesos (indispensables en cualquier institución que busca eficiencia).
- Se estima USD 3.131 millones en atrasos de pago del Gobierno Central a los gobiernos locales, el IESS y a proveedores, pero se paga la deuda externa.
- Del presupuesto inicial de 2020 al codificado en julio, se registra una reducción del 9% (USD 827,5 millones) en el presupuesto del gabinete social, pero apenas del 0,9% (USD 27,2 millones) en el gabinete de seguridad.
- Se habla de reducir el presupuesto de las universidades, pero se proponen nuevos incentivos tributarios, por ejemplo, que los gastos en turismo sean deducibles de impuestos.
La eficiencia es siempre deseable. Todo problema económico tiene un objetivo y una restricción, y se busca la mejor asignación posible de los recursos (escasos, limitados por esa restricción).
La teoría de la economía del bienestar plantea con claridad la búsqueda de eficiencia y equidad en las decisiones.
Usar la menor cantidad de recursos posible para producir lo necesario es eficiencia. Gastar menos para producir menos, no es eficiencia, es pérdida de bienestar.
En términos de equidad se busca una justa distribución de riqueza. Gastar menos en un lado para dar beneficios en otro es redistribuir la riqueza.
Cuando se gasta y produce menos en bienestar social y en generación de empleo, para ampliar beneficios tributarios a empresas, o cuando no se transfieren recursos a los gobiernos locales o no se paga a los proveedores, pero sí se paga la deuda externa, es injusto, por decir lo menos.
Las instituciones se construyen desde nuestras acciones. Si somo capaces de abusar de un beneficio, para personas con discapacidad, y adquirir un vehículo de lujo sin pagar impuestos, tenemos un grave problema moral (de justicia).
Si quienes lo hacen son servidores públicos, con posibilidad de abuso de influencias para obtener el beneficio, no es de sorprender que la austeridad sea selectiva, porque la “sapería” es la norma.
Cuando el Estado pierde autoridad y es capturado por intereses de grupo, se genera un círculo vicioso de subdesarrollo.
Cuando los responsables del debilitamiento institucional, basado en la austeridad a conveniencia, y que da paso a la corrupción generalizada, buscan ser electos para el poder público es porque la ambición no tiene límite.
Es ahí donde se expresa la indignación, con consignas como: “que se vayan todos”, “no nos representan”, “¡ya basta!” Y de donde se espera, que más temprano que tarde, lo nuevo termine de nacer, para que lo viejo de una vez acabe de morir.
Las opiniones expresadas por los columnistas de PRIMICIAS en este espacio reflejan el pensamiento de sus autores, pero no nuestra posición.
Lo último