Leyenda Urbana
Los candidatos callan cuando más deben hablar, y arriesgan su voto
Thalía Flores y Flores

Thalía Flores y Flores

Periodista; becaria de la Fondation Journalistes en Europa. Ha sido corresponsal, Editora Política, Editora General y Subdirectora de Información del Diario HOY. Conduce el programa de radio “Descifrando con Thalía Flores” y es corresponsal del Diario ABC de España.

Actualizada:

28 Sep 2020 - 19:01

Un vendaval de hechos ignominiosos sacude al país agudizando el coraje de la gente que ya no sabe cómo sobrellevar esta encrucijada moral.

Semana tras semana, los ecuatorianos se enteran, con estupor, de nuevos actos de corrupción, escándalos que afectan su presente y futuro. 

Pero quienes aspiran a gobernar no dicen ni pío.

El anuncio del colosal desfalco al Fondo de Seguridad Social de la Policía (Isspol), la semana pasada, conmovió por la audacia de sus actores, el volumen del perjuicio y la ineptitud de las autoridades de control.

Un tal Mago Chérrez hizo desaparecer entre USD 500 y USD 800 millones, con la complicidad de otros personajes que, al igual que él, han fugado el país.

Las fallidas inversiones en busca de alto rendimiento en entidades sin registro y saltándose la ley, en un país que no rastrea la ruta de semejantes montos, terminó siendo un aquelarre financiero.

70.000 policías: 50.000 en servicio activo y 20.000 en retiro, son los afectados. 

Resulta paradójico que la Policía que persigue y atrapa a los que delinquen ni siquiera haya podido vigilar a quienes manejaban su fondo de pensiones. 

Decevale (el Depósito Centralizado de Valores), de propiedad de las Bolsas de Valores de Guayaquil y Quito, entre otros accionistas, era custodio de los valores. Pero ocultó información sobre la calidad de los papeles. 

La trama de corrupción involucra a Accival, otra casa de valores, que habría actuado como pivote para la emisión de las facturas fraudulentas usadas por Ecuagran y Delcorp.

¿Dónde estaban las autoridades financieras? ¿Cuándo supieron del desfalco?

“El control es ‘post’, después de que han sucedido las cosas”, comenta, sin inmutarse, la superintendente de Bancos, que dice no tener facultad sancionatoria.

“Hemos sido engañados por los entes bajo nuestro control”, declara, suelto de huesos, el superintendente de Compañías.

Y ¿para qué están en esos cargos? ¿Les faltan agallas?

Increíble, pero cierto. Con lo que supondría complicidad manifiesta, una vez más, Correa ha hecho que el pueblo pague los desfalcos, los robos, los hurtos de una caterva de delincuentes que actúa cobijada por vacíos legales, agujeros negros de una legislación incompleta. Y por la incuria de los funcionarios.

Seis días antes de dejar el poder, el 18 de mayo de 2017, promulgó un reglamento que permite al Estado asumir el desbalance de las cuentas del Isspol. 

¿Cuántos hospitales se podrían construir con USD 800 millones? ¿Cuántas UCIS se instalarían? ¿Cuántas vías imprescindibles en las provincias se harían? ¿Cuánta conectividad para que los estudiantes reciban clases, desde sus casas, se dotaría? ¿Cuántas vacunas para salvar la vida de los ecuatorianos estarían ya pagadas?

Y ¿qué han dicho sobre semejante atraco, quienes buscan llegar al poder?

Huérfanos de liderazgo, los ecuatorianos no tiene quien les defienda.

Ni el gigantesco monto ni la impudicia de los malhechores han merecido una declaración de quienes, de ganar las elecciones, heredarán estas cifras en rojo en las cuentas fiscales.

Pero hay otro hecho devastador para la famélica economía que hoy sobrevive con el oxígeno de préstamos externos.

La Corte de Distrito de La Haya rechazó la apelación de Ecuador, y confirmó el Laudo Arbitral, de 2018, a favor de Chevron.

Señaló que su objetivo es “eliminar las consecuencias de una sentencia fraudulenta dictada por un juez corrupto”.

En 2011, el juez Nicolás Zambrano, de Lago Agrio, sentenció a Chevron a pagar USD 9.000 millones por daños ambientales.

¿Cuánto deberá pagar el país por este caso en el que el juez Kaplan, en Estados Unidos, interrogó y concluyó que a Zambrano le ofrecieron UDS 500 mil por firmar la sentencia escrita por el demandante?

Los candidatos a la Presidencia ¿ya saben cómo cubrirían esta indemnización, aún no cuantificada? ¿Se habrán enterado del fallo?

De espaldas a la realidad, los aspirantes a Carondelet se inscriben, en el CNE, siguiendo un libreto que, al parecer, sugiere, permanecer mudos, seguramente porque saben que a un mecanismo parado no se le ven los defectos.

Pero esa desidia los ha puesto en evidencia, mostrando que el aparente idealismo por gobernar no es sino amor encubierto al poder. Solo quieren hacerse de él.

Guardar silencio ante estos colosales perjuicios a la Nación los aleja de la gente a la que dicen querer defender, y a la que, durante la campaña, seguramente buscarán dirigirse con eslóganes, no con ideas, porque parece que no las tienen.

Ante tanta desvergüenza, tendrían que protestar, a voz en cuello. Es el país que aspiran gobernar el que está siendo expoliado. Pero qué va. 

Prefieren ir a ritmo de paquidermo para no arriesgar nada. Y para que no se descubra su carencia de músculo político.

¡Juegan con fuego!

Los ecuatorianos podrían llegar a las urnas con el coraje contenido por tanta ignominia, y con su voto castigar el silencio de los candidatos. ¡Que Dios nos coja confesados!

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