La desaparición de la abogada María Belén Bernal, que mantiene al país en vilo, es un hecho de extrema gravedad porque ocurrió en una instalación de la Policía, y porque las sospechas apuntan hacia su cónyuge, el capitán Germán Cáceres, instructor de cadetes; alguien que prepara a quienes saldrán a las calles a resguardar a la gente de la violencia y del crimen.
El relato cronológico de los sucesos produce escalofrío y coraje a la vez, desde que María Belén ingresó a la Escuela Superior de Policía Alberto Enríquez Gallo, el 11 de septiembre, a las 01:30; después los ruidos en la habitación, los gritos de auxilio y la injustificable e inhumana inacción de todos.
La cadete Joselyn Brigitte S., hoy detenida, ha contado que "Belén y su esposo estaban discutiendo y se escucharon gritos y golpes, por unos 20 minutos".
Otra cadete habría dicho que la escuchó clamar: "Auxilio, me matan", y que luego se oyó salir al esposo que parecía arrastraba algo. "Daba dos pasos y se escuchaba que algo golpeaba las gradas (…)".
¿Cómo se explica que nadie haya socorrido a una mujer que estaba siendo golpeada y pedía ayuda? ¿Qué pasa por la mente de un ser humano para no reaccionar ante estos aterradores hechos? ¿Cuántos más escucharon los gritos y no actuaron? ¿Son cómplices? Y si lo son, ¿por qué no se los ha detenido? ¡Ya basta de impunidad!
Todo lo ocurrido con María Belén causa estupor y plantea interrogantes, siembra dudas y genera sospechas: ¿Qué habría pasado si Elizabeth Otavalo no salía a reclamar con valentía por su hija desaparecida, alertando al país, que hoy le acompaña en su calvario?
Su denuncia y la reacción desde las redes, los medios de comunicación y en plantones llevaron a las autoridades a tomar conciencia del insólito suceso y a intentar explicaciones sobre un hecho inconcebible, rodeado de un sinnúmero de anomalías, que dejan ver las costuras de una institución en la que se supone hay vigilancia, cadena de mando, disciplina y se rige por reglamentos.
La lista de faltas rebasa los "errores humanos", y deja al descubierto que rige el espíritu de cuerpo y la obediencia, por encima de las leyes y hasta la condición de personas con discernimiento y libre albedrío, para actuar en trance semejante.
Es también perturbador que el sospechoso, que solo presentó la denuncia por insistencia de la madre de Belén, y rindiera versión en la Fiscalía, fuera retenido ocho horas, pero se lo dejara ir y se le perdiera el rastro, para recién dos días después emitir boleta de captura.
Qué decir de las discrepancias públicas entre la Fiscalía y las autoridades, en instantes en que el país los observa, por lo que se han acrecentado las dudas de la informalidad, que raya en negligencia, con la que han procedido en el caso de la desaparición de una mujer en una institución del Estado.
Manejarse con opacidad les ha llevado a cometer terribles errores.
El anuncio de una recompensa de USD 20.000 a quien entregue información para localizar al capitán Cáceres, planteada por el Gobierno, fue difundida sin el rostro del sospechoso. Recién, 48 horas después lo pusieron junto a su nombre. ¡Qué les pasa!
La sospecha de que la escena, en la que las pruebas con luminol encontraron rastros de sangre, habría sido manipulada sería un escándalo adicional.
Por todo eso, que el director de la Escuela Superior y otros 10 funcionarios hayan sido separados, parece adecuado, pero es insuficiente.
Tienen que ser procesados para que se conozca su probable complicidad y para que respondan por las grietas de seguridad en la institución, que tendrá que ser depurada a fondo.
Ha sido igualmente inadmisible y hasta canallesco que algunos personajes hayan echado mano de la desaparición de una mujer, cuyo caso podría, incluso, terminar siendo un femicidio, para hacer política de la más baja ralea.
Semejante vileza les retrata como seres despreciables a quienes el dolor inenarrable de una madre y de un hijo importan poco, porque lo que buscan son réditos, mientras desprestigian a autoridades e instituciones.
El caso de María Belén interpela a la institución policial. Pero también a una sociedad indolente que, con excepciones, nada ha hecho ante la realidad escalofriante de Ecuador, donde hay centenas de mujeres a las que se les ha quitado la vida por el solo hecho de ser mujeres.
Sin ser el caso de María Belén Bernal, quien sigue desaparecida; su situación nos conduce a reflexionar sobre esta inadmitida realidad.
Las cifras, que suelen ser frías y brutales, esta vez son potentes para enrostrarnos como un país en el cual la violencia de género es un clamor.
Solo entre enero y agosto de 2022 se han producido 245 asesinatos; es decir, más de 30 por mes, producto de la violencia machista.
Si esta monstruosidad no sacude la conciencia nacional y provoca acciones desde del Estado y desde todos los estamentos, para cortar de raíz, habremos fracasado como sociedad.
La semana anterior, en Tulcán, una joven de 23 años, reportada como desaparecida, fue encontrada sin vida.
Michel Dayana Ortega tenía ocho meses de embarazo y el presunto responsable del crimen es el padre del hijo que esperaba.
Este ser perverso le tendió una trampa, para encontrarse. La estranguló.
La Fundación Aldea afirma que 73% de las víctimas ecuatorianas tenía vínculo sentimental con quien las mató.
Una atrocidad así debería conmover a todos, en especial a ese segmento de la sociedad que, en lugar de asumir la parte de responsabilidad que le toca, mira a otro lado y, en una despreciable conducta, hasta pretende encontrar justificación.
Así, se frustra la toma de conciencia colectiva para encarar una dolorosa realidad que, con el caso de María Belén Bernal, ha probado que ante la violencia machista no hay lugar seguro para las mujeres.
Las opiniones expresadas por los columnistas de PRIMICIAS en este espacio reflejan el pensamiento de sus autores, pero no nuestra posición.
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