Fito huye; el presidente Noboa, enmienda

Hasta horas antes de la fatídica noticia proveniente de la cárcel de “mayor seguridad del país”, el domingo 7 de enero, por la tarde, los funcionarios del Gobierno se pavoneaban por la consulta popular de Noboa, a pesar de haber sido catalogada por constitucionalistas y penalistas como intrascendente e innecesaria, ya que al menos siete de las once preguntas, remitidas el martes 2 a la Corte Constitucional (CC), constan en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).

En esas circunstancias, uno no podía sino concluir que algo extraño sucede con Carondelet y sus huéspedes que, apenas se instalan en el palacio, se ofuscan, pierden el sentido de la realidad y dan unos giros conceptuales imposibles de imaginar, afectando a los ecuatorianos que los catapultaron, tras prometerles que trabajarían para mejorar sus vidas.

La fuga de alias 'Fito', que ha constituido un golpe artero a lo poca confianza de la sociedad en las autoridades; y una bofetada al Gobierno que evidenciaba moverse sin brújula ni objetivos conocidos, ha removido todo.

El lunes 8 por la tarde, el Ejecutivo entregó en la CC, para el respectivo control de constitucionalidad, un bloque de nueve preguntas adicionales para la consulta popular.

Que haya incluido la extradición de los narcotraficantes refleja que el Gobierno ha escuchado a amplios sectores políticos y sociales, que la consideran esencial para el combate al crimen organizado; a la vez que probaría que ha dado la espalda a aquellos que se opusieron, a brazo partido, cuando Lasso la propuso, y que se presumía ejercían negativa influencia en este Gobierno. Y eso es bueno.

Es probable que, si hoy mismo estuviera en vigencia la extradición, Ecuador no tendría a un fugado de alta peligrosidad en destino incierto y a los funcionarios negligentes bajo sospecha.

La extradición es un potente disuasor del crimen organizado que en Colombia y en México ha servido para liberarse de los mayores y más peligrosos capos, aunque bien sabemos que no soluciona el problema porque su dimensión es colosal, pero asusta tanto a los narcos que acuñaron el mantra: “prefiero una tumba en Colombia, que una cárcel en Estados Unidos”.

En adición, es importante que consulte al país sobre la extinción de dominio, mecanismo idóneo para golpear dónde más duele a quienes han amasado fortunas mal habidas, y despojarles de sus riquezas; al igual que revocar las concesiones mineras ilegales.

También es alentador que haya incluido en la consulta una pregunta sobre el trabajo por horas, idéntico al que realizan los compatriotas cuando viajan al exterior, pero que aquí no tenían oportunidad de hacerlo, por un Código Laboral caduco y vergonzante, defendido por unos egoístas, en un país en el que apenas 35% de la población económicamente activa tiene un empleo adecuado.

Lo que resulta inconcebible es que, siendo un exitoso empresario, parte de una familia que ha generado miles de empleos, como presidente de la República, Noboa proponga volver a tener casinos con el cándido argumento de crear empleos.

En el país donde hecha la ley, hecha la trampa, y no hay control que valga; con el dólar como moneda de curso, el riesgo de que los casinos se conviertan en lavanderías para blanquear dinero es innegable.

Quienes dudan de esto solo deben informarse del esfuerzo descomunal que implica en otros países mantener en vereda a dueños y administradores de casinos, a pesar de contar con autoridades que hacen respetar las leyes.

Las sospechas de cómo surgió semejante pregunta y a quién beneficiará es preocupante porque el número de empleos que generaría no justifica los riesgos adicionales en un país atacado por las mafias. Mejor serían que refuerce a la Uafe y ponga allí a expertos.

También inquieta sobremanera que Noboa no haya incluido ni una sola pregunta para fortalecer a la Fiscalía general del Estado, que, tras la denuncia del caso Metástasis, que sacó a la luz el organigrama de la narcopolítica, mostró la vulnerabilidad institucional con las filtraciones de información y las amenazas de muerte a la fiscal Salazar.

Que tampoco proponga algo para enderezar ese desquiciante laberinto de intereses siniestros en que devino el Consejo de la Judicatura. Y que no plantee una pregunta para poner fin al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ese engendro de Montecristi al que los políticos manejan como a un títere cualquiera; o por lo menos despojarle de las prerrogativas para elegir a las autoridades de control, confirma la desconexión con la realidad institucional del país.

En estos momentos aciagos para el país, con las cárceles en manos de las mafias, el control minucioso que haga la CC a las preguntas, muchas de las cuales bien podrían ser tramitadas en la Asamblea Nacional, sabiendo que en el régimen presidencialista que rige en Ecuador, el jefe de Estado no necesita autorización del pueblo para enviarlas a la Asamblea, sino coraje para hacerlo, es decisivo.

Hay que mencionar que es probable que, a estas alturas, mientras el presidente Noboa, afronta su primera gran crisis al mando del país, presuma que sus socios parlamentarios pronto lo abandonarán, porque ha tomado sus propias decisiones.

Si así fuere, debe tener presente que aún goza de un altísimo respaldo (70%, según Comunicaliza, antes de la fuga de alias 'Fito'). Y, sobre todo, que, para un gobernante elegido en las urnas, siempre será mejor enmendar y escuchar al pueblo.