El presidente Noboa incluyó en su propuesta de consulta popular una pregunta para permitir el funcionamiento de casinos en el país, con el argumento de la creación de empleo. Sin embargo, la reactivación de estos negocios es un riesgo para el lavado de activos, por la cantidad de efectivo que se maneja.
Aunque las preguntas de la consulta popular planteada por el presidente Daniel Noboa se centran en el tema de seguridad, la propuesta incluyó una pregunta fuera del tema: el funcionamiento de casinos y casas de apuestas.
Noboa argumenta que el cierre de los casinos en 2011, después de una anterior consulta popular, fue un error que generó la pérdida de plazas de empleo. Por ello, promueve que la ciudadanía decida sobre la siguiente pregunta:
¿Está usted de acuerdo con que se permita el funcionamiento de casinos, salas de juego,
casas de apuestas o negocios dedicados a la realización de juegos de azar, bajo las
condiciones que se detallan en el Anexo de la pregunta 11?
Más adelante, el anexo dice que, de llegar a aprobarse esta pregunta, el Ejecutivo deberá enviar un proyecto de ley a la Asamblea para regular estos negocios, en el que se incluya la delimitación zonal, montos mínimos de inversión, requisitos de infraestructura, y se establecerá una tasa en beneficio del tratamiento de la salud mental, y de la seguridad ciudadana.
Pero la argumentación de la consulta popular omite un punto importante que ya se debatió en 2011, cuando los casinos fueron cerrados: su papel en el lavado de activos. El tema genera especial preocupación dado el crecimiento del crimen organizado en el país.
Según cifras de la Unidad de Análisis Financiero (UAFE), en 2023 se detectaron unos USD 280 millones en lavado de activos.
El problema de los casinos
Los casinos, salas de juego y salas de apuestas son considerados un sector de riesgo para el lavado de activos. Un reporte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre las vulnerabilidades de estos negocios dice que son un reto porque funcionan las 24 horas y mueven grandes cantidades de efectivo muy rápidamente.
Esto se debe a la naturaleza con la que estos negocios funcionan: las personas llegan con dinero, juegan, salen con dinero. Esto hace, según el reporte, que los casinos también ofrezcan generalmente servicios financieros como retiro de efectivo, cambio de divisas y hasta depósitos de dinero.
Por lo tanto, según el GAFI, el crimen organizado busca la manera de controlar o infiltrar casinos para lavar dinero. Y lo hacen a través de varias formas, que han sido identificadas como factores de riesgo. Algunos ejemplos son:
- Personas que se acercan al jugador ganador y le compran el boleto/ticket ganador, a veces por un precio más alto.
- Clientes que presenten evidentes indicios de falta de capacidad económica para los juegos de azar en los que se está interviniendo.
- Maniobras de pitufeo: Múltiples apuestas realizadas por dos o más clientes relacionados de alguna manera entre sí, por un monto bajo; luego los clientes juntan las fichas y uno las cambia por dinero.
- Clientes que compran, directamente en una mesa de juego, un importante monto de fichas en efectivo y luego de realizar pequeñas apuestas, canjean las fichas restantes por caja.
- Personas que compran fichas con dinero en efectivo de baja denominación, hacen pequeñas apuestas y luego recuperan el dinero solicitando billetes de mayor denominación.
Por ello, establecen la necesidad de una serie de regulaciones para evitar que los casinos se usen para el lavado. Estas incluso podrían ser incluidas en la Ley de Lavado de Activos, que la Asamblea está tramitando.
En una comparecencia sobre ese tema en la Comisión de Régimen Económico, representantes de la UAFE aseguraron que los casinos son sujetos obligados a reportar actividades inusuales.
Entre las regulaciones internacionales para este negocio está que los casinos obtengan licencias especiales y que se transparente quiénes son sus dueños.
La contraparte: el empleo
El argumento del Gobierno para reabrir los casinos se centra en el empleo. Aseguran que cuando se cerraron estos negocios en 2011, se perdieron 250.000 empleos, aunque citan una nota periodística que habla sólo de 25.000. Eran ocho casinos y 160 salas de juego las que operaban en el país.
Según el documento entregado por Noboa a la Corte Constitucional, "la industria de casinos, al ofrecer oportunidades laborales y contribuir a los ingresos fiscales, puede ayudar a contrarrestar la disparidad económica, proporcionando a más individuos acceso a una fuente estable de ingresos".
El documento, sin embargo, no da cifras sobre cuántos empleos podrían crearse, ni a cuánto asciende la inversión esperada con esta medida.
Tampoco explica un plan, y al igual que en las otras preguntas de la consulta, deja abierta la posibilidad de las regulaciones al proyecto de ley que deberá enviar en el caso de que triunfe el "Sí".
Aunque, según dijo Noboa en una entrevista radial, los casinos que se autorizarían serían sólo los de los hoteles, para incrementar el turismo. Esto, sin embargo, no consta en el anexo de la pregunta 11 de la consulta popular.
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