Otra vez la justicia

Otra vez la justicia. Lamentablemente es así. Ahora con dos eventos que, si bien no tienen una relación directa, si se analizan en contexto dan cuenta de un hecho concluyente: en Ecuador a los actores políticos no les interesa mejorar la calidad de las decisiones judiciales y tampoco apoyar la autonomía de las cortes de justicia.

Paradójicamente, a la par de evidenciar su desinterés por la institucionalización del Poder Judicial, señalan que les preocupa incrementar la productividad, aumentar el empleo e incentivar la inversión extranjera.

Parece que a muchos de los que están en el poder aún les resulta difícil entender que no habrá reactivación económica sostenible mientras la justicia continúe siendo mediocre, dependiente de los vaivenes de la política y, además, corrupta.

A escala mundial, los países que tienen mejores rendimientos económicos son los que tienen Poderes Judiciales más institucionalizados. No hay que ser un profundo investigador para tener clara esa relación entre ambas dimensiones de análisis.

Hace un par de días el jurista Rafael Oyarte renunció a continuar como miembro de la comisión que busca designar tres nuevos jueces de la Corte Constitucional.

En su carta de dimisión señala, palabras más, palabras menos, que a los tres órganos que tienen que presentar las ternas para integrar el máximo tribunal de justicia constitucional del país les importa muy poco o nada el futuro de esa arena de decisiones.

A veces es bueno decir las cosas con nombres y apellidos: al Presidente Guillermo Lasso, a la Asamblea Nacional y a la Función de Transparencia y Control Social no les parece tan importante el futuro de la Corte Constitucional y de quienes sean sus integrantes en el corto plazo.

Proponer postulantes que no califican en cuanto a requisitos mínimos o prescindir del envío de documentación de respaldo, como denuncia Oyarte, no hace sino reflejar la desidia, el desinterés, la indiferencia.

En cosas como esta se ve el bajísimo nivel de compromiso cívico que existe con el país. Ahí se ve que Ecuador no ha cambiado mucho. Ahí se ve que vamos de tumbo en tumbo.

También hace unos pocos días se difundió el rumor de que la ley de urgencia económica planteada por el gobierno y aprobada por el Ministerio de la Ley, ante la inacción de la Asamblea Nacional, tuvo como antecedente un acuerdo entre el oficialismo y la bancada de UNES.

La esencia del acuerdo estaría en la modificación del estatus judicial del exvicepresidente Jorge Glas. Más allá del análisis político respecto a los términos de la negociación, e incluso por encima de la veracidad o no de lo que se comenta, el mensaje que queda flotando es claro: la política maneja la esfera judicial y puede negociar decisiones de los tribunales de justicia.

Sin embargo, nadie dijo nada. De hecho, se ha naturalizado tanto el tema que no genera mayor comentario ni siquiera desde el propio Poder Judicial, al que de forma directa o indirecta se lo está tachando de sumiso, genuflexo al poder de turno y carente de autonomía.

Nada, calladitos. Seguramente dirán que mutis por el foro siempre es la mejor opción. No solo ellos, también los ciudadanos nos acostumbramos ya a que eventos como los dos descritos, el de la renuncia de Rafael Oyarte o el de los rumores sobre la negociación alrededor de temas judiciales entre el gobierno y una agrupación política, sean parte de nuestra nueva cotidianidad.

No hay mucho más que decir, en Ecuador la justicia y la seguridad jurídica les importa a muy pocos.

Así, el país se está acercando cada vez más a un despeñadero del que difícilmente será posible recuperarse.

La pérdida de valores éticos y de convivencia cívica cada vez es mayor y eso se refleja en la indiferente posición de los políticos y de las autoridades judiciales ante una administración de justicia que se cae a pedazos y que cada vez más, como consecuencia, da espacio a los 'profesionales' que arreglan pleitos de forma ágil y efectiva, sin acudir a los tribunales sino a través de la violencia, la extorsión y cuando es necesario recurriendo a hechos delictivos de mayor envergadura.

Esa carencia de elementos básicos de convivencia democrática se refleja también en la ausencia de interés de las universidades por generar investigación científica sobre la densa y macabra relación entre política y justicia.

Ese desánimo generalizado se observa además en la opinión pública, más interesada por el comentario de coyuntura que por la realidad estructural que nos afecta y nos impide ser un país con un mayor nivel de vida.

De los colegios profesionales o las organizaciones no gubernamentales, no hay mucho más que decir. Abstraídos y meros espectadores del desangre de la justicia y de cómo la ultrajan los actores políticos.

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Con el respeto que se merecen todos los países del mundo, Ecuador se parece cada vez más a las naciones africanas en situación más caótica o a varios de los casos centroamericanos en los que el Imperio de la Ley es una entelequia.

Así estamos y así lo asumimos, ya es parte de nuestra normalidad. Así, entre la desidia, la mediocridad y los anti valores, parece que queremos seguir conviviendo en el futuro.