Martes, 21 de mayo de 2024
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El indiscreto encanto de la política

Cuando los asuntos privados de un presidente se vuelven de interés nacional

Matías Abad Merchán

Matías Abad Merchán

Catedrático universitario, comunicador y analista político. Máster en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Salamanca.

Actualizada:

14 May 2024 - 5:57

La asambleísta del partido de Gobierno, Valentina Centeno, señaló el pasado jueves que el conflicto entre la comuna de Olón y la empresa Vinazin, de propiedad de la familia presidencial, es un “asunto privado" que no debe politizarse.

Estas declaraciones han desencadenado un acalorado debate sobre la naturaleza de la esfera privada y su conexión con la esfera pública, pues, si bien Echo Olón es un emprendimiento personal, las dudas en torno a la concesión del registro del Ministerio del Ambiente, la posible afectación ambiental, así como la escalada del conflicto con la comuna, lo convierten en un tema de interés nacional.

En medio de esta encrucijada, inevitablemente surge la pregunta, ¿hasta qué punto los asuntos privados de un Presidente se convierten en parte de la agenda pública?

La primera reflexión subraya una verdad incómoda: en democracia, nada de lo que haga un presidente puede considerarse enteramente "privado" cuando hay visos de conflictos de interés o uso indebido del poder. Por muy incómodas que sean las preguntas, el jefe de Estado tiene la obligación de rendir cuentas y disipar cualquier duda razonable.

En este caso, la respuesta del presidente Noboa una vez más fue su estratégico silencio, camino ya probado para desvanecer los escándalos desde que llegó al poder. Indirectamente, a través de un comunicado público bajo el membrete Vinazin S.A., la familia presidencial anunció la suspensión del proyecto y en tono de “ustedes se lo pierden”, la empresa estimó el número de empleos y oportunidades perdidas luego de haberse politizado la iniciativa.

La premisa fundamental en un Estado de derecho saludable es la transparencia y la rendición de cuentas. Cuando un presidente, o sus allegados, emprenden acciones que afectan directamente a un tercero, la distinción entre lo privado y lo público se desvanece rápidamente.

Por supuesto, no todo lo que un presidente hace en su tiempo libre o en su espacio personal debe convertirse en tema de debate público. En medio de las campañas electorales, las maquinarias digitales de los partidos suelen indagar a profundidad las redes en busca de algún hallazgo que pueda servir para lacerar la imagen del candidato.

Uso de alcohol, drogas, infidelidades, amistades incómodas, deudas, conflictos conyugales, escándalos… ¿Son temas para el debate público de una autoridad? Como en toda la vida, depende. Se puede evaluar la relevancia de cada acto a partir de conocer si el político todavía mantiene ese comportamiento, si lo actuado incide en la ética de la sociedad en su conjunto o si su comportamiento crea un conflicto de intereses con los deberes del cargo.

Finalmente, será el ciudadano el que evalúe en qué medida un político ha utilizado el poder público para obtener beneficios personales. Desde algo cotidiano como facilitar a un familiar la obtención de su licencia de conducir hasta utilizar toda la estructura gubernamental para aprobar un nuevo proyecto inmobiliario. En este caso no hay dilema ético, simplemente son actos equivocados.

Las opiniones expresadas por los columnistas de PRIMICIAS en este espacio reflejan el pensamiento de sus autores, pero no nuestra posición.

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