El Gobierno se presenta como víctima de la politización en el caso Olón
El presidente Daniel Noboa, la Primera Dama y los ministros de Ambiente, Interior y Energía están en la mira por acusaciones de irregularidades en la construcción de un proyecto inmobiliario en Olón, Santa Elena.
Composición fotográfica sobre el presidente Daniel Noboa.
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Esta vez la crisis que sacude al Gobierno nació de una serie de acciones que salpican al presidente Daniel Noboa y su círculo cercano: las denuncias de supuestas irregularidades en un proyecto inmobiliario en Olón, Santa Elena.
La respuesta oficial ha provocado reacciones negativas.
En el epicentro de la polémica está la primera dama Lavinia Valbonesi, que fue un pilar fundamental de la campaña electoral de Noboa y se ha convertido en el rostro amable del Ejecutivo.
Sin ser funcionaria pública, Valbonesi es parte importante de la agenda y propaganda gubernamental. Justo antes de este escándalo, promocionaba a su esposo y al ministro encargado de Energía, Roberto Luque, como "los manes que resuelven" los problemas del país.
Pero poco le duró al Gobierno el éxito de la suspensión de los apagones, que durante el último episodio de la crisis energética llegaron a superar las ocho horas diarias en algunas ciudades.
Los cuestionamientos y protestas de los comuneros de Olón y de los grupos ambientalistas pusieron en jaque el proyecto inmobiliario de la empresa Vinazin, cuya principal accionista es Valbonesi, y cuya construcción ocupará una parte del esterillo Oloncito.
Las denuncias de un posible ecocidio y de un supuesto tráfico de influencias para conseguir permisos ambientales, para construir en lo que sería una zona protegida, ponen contra las cuerdas al Gobierno y se convierten en un trampolín para sus detractores.
Incluso la Fiscalía inició de oficio una investigación previa.
Por lo que, en medio de las acusaciones de incoherencia con su discurso ambientalista en la campaña electoral y las críticas en redes sociales, el presidente Noboa decidió responder de manera indirecta con dos golpes de efecto:
- La creación de un comité para cumplir con la "voluntad popular" del cierre progresivo de la extracción petrolera en el bloque 43 del Yasuní.
- El plazo de 20 días para que el Ministerio de Energía ejecute el 50% de rebaja en las tarifas eléctricas residenciales.
En su canal preferido de comunicación, TikTok, el Mandatario difundió un video en el que, con su 'look' de campaña, se burla de quienes "creen que la única forma de tener plata es explotando el Yasuní".
Ahí promociona su decisión al respecto y apunta al segmento ambientalista que demostró su descontento con las pretensiones de la empresa de Valbonesi en Olón. Esto cuando, apenas en enero, analizaba la posibilidad de aplicar una moratoria al cierre del bloque 43.
Además, ya en abril -cuando estalló la crisis energética- el Mandatario había ofrecido cubrir el 50% de la planilla de electricidad, pero no había concretado la medida popular. La orden llegó justamente en un momento de tensión para el Ejecutivo.
La respuesta oficial ahonda las críticas
Después de que las acusaciones y críticas contra el presidente Noboa, la Primera Dama y los ministros del Interior, Ambiente y Energía se tomaran las redes sociales, los funcionarios de Gobierno prefirieron dejar de lado las evidencias y posicionar el discurso de un ataque político.
La primera en enfrentar el tema públicamente fue la ministra del Interior, Mónica Palencia.
En una entrevista en Ecuavisa, la funcionaria, también salpicada por la polémica, defendió al Presidente: "estos escándalos tienen que ver con la necesidad de partidos políticos que se ven fuera de la cancha. Que vieron la goleada 9-2 que se metió con la consulta popular".
Cuestionada sobre el extenso despliegue de la fuerza pública en la parroquia Manglaralto, para disuadir a los manifestantes, Palencia puso en duda de que las manifestaciones sean pacíficas y agregó como excusa que no se trataría de comuneros, sino de "extranjeros".
Agregó que cuando la empresa Vinazin las contrató a ella y a su hija, en 2022, fue "sencillamente" para hacer unas reformas internas a los estatutos de la compañía.
La posición de la Ministra del Interior azuzó a los detractores del Gobierno. La ola de críticas creció. Entonces, Noboa hizo una publicación en X, en la que también dijo que se trataba de ataques políticos y campaña electoral anticipada, con miras a las presidenciales de 2025.
Además, el Mandatario zanjó el tema dando por bienvenidas todas las investigaciones respecto al proyecto inmobiliario de la empresa de su esposa y los permisos ambientales otorgados por su ministra de la materia, Sade Fritschi.
Mientras que la Primera Dama se limitó a repetir en sus redes las palabras de su marido.
Fritschi también se refugió en las redes sociales y detrás del mantra oficialista de que "este Gobierno no se desgasta en intentos de ciertos políticos de empezar una campaña anticipada" para los comicios del 2025.
Sin embargo, la Ministra del Ambiente es uno de los eslabones más débiles del Ejecutivo y será justamente quien deba responder ante el pleno de la Asamblea Nacional sobre cómo fue el proceso de la entrega de licencias ambientales.
Mientras, el Ministro de Transporte y encargado de Energía, Roberto Luque, decidió defenderse personalmente, puesto que la empresa Geosísmica, de la que es accionista, fue la encargada de realizar los estudios de factibilidad del proyecto.
Luque se limitó a explicar que, cuando lo contrataron, ni él era ministro, ni Noboa era Presidente, que era un ciudadano más y que se desmarcó del proyecto una vez que asumió funciones.
La línea argumental del Gobierno, fue reforzada por la nueva secretaria de Comunicación, Irene Vélez, que también apunto a que se trataría de una "maniobra política" para desprestigiar al Gobierno y calificó de una irresponsabilidad las convocatorias de la Asamblea a los ministros involucrados.
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