Una sensación de estupor recorre el país que mira atónito cómo sin importar edad, rango ni procedencia, la corrupción se ha adentrado en las más disímiles instancias de la vida pública, hasta corroer el alma misma de funcionarios y volverlos seres indeseables.
Una Fuerza de Tarea Multidisciplinaria ha debido formar la fiscal general del Estado, Diana Salazar, para actuar ante tanta inmundicia y poner a los desvergonzados ante los jueces, algunos de cuales han evidenciado también haber sido alcanzados por la deshonestidad.
El desafío de la fiscal no tiene precedentes y bien podría significar un punto de inflexión en la hasta hoy fallida lucha contra la corrupción; por eso, no hay que distraerla de su cometido.
La prisión preventiva para el asambleísta Daniel Mendoza; el grillete para el prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, y el arresto domiciliario para Abdalá Bucaram han sido noticias perturbadoras, pero alentadoras a la vez. La inmoralidad se ha enraizado en el cuerpo social del país.
¿Qué pasará, hoy, por la mente de quiénes por violar la ley, abusar la confianza del pueblo y cometer crímenes sociales están sometidos al escarnio público, al repudio y el desprecio de todos?
Veintitrés años después de haber sido echado del poder, sentenciado por peculado, autoexiliado en Panamá y regresar tras prescribir su condena, Bucaram ha sido llevado ante los jueces y luego, por su edad y condición de salud, puesto en arresto domiciliario.
La suya es una imagen patética que muestra, de manera incontrastable, la condición inmutable de una persona que erró una vez y lo hará hasta el fin.
Sospechoso de presunto peculado en la compra de insumos para el Hospital del Seguro Social, la fiscal dispuso el allanamiento de su residencia; una casa convertida en bodega de medicamentos donde se encontró un arma de fuego y municiones.
Lo del prefecto Carlos Luis Morales al aprovecharse del estado de emergencia por la pandemia para, junto a su familia, montar una trama de corrupción que haría sonrojar al más pintado, es repulsivo. Una afrenta para la sociedad guayasense, a la que ha ofendido y traicionado.
También traicionó al PSC que lo catapultó sin más argumentos que su condición de figura popular como futbolista y presentador. Un estigma para una dirigencia ofuscada por el poder local. El grillete es ofensivo, la destitución se impone.
En Manabí, el asambleísta Daniel Mendoza, hoy en prisión, se confabuló para delinquir. El dinero de la construcción del hospital de Pedernales fue, literalmente, asaltado, privando a la población de una casa de salud, en tiempo en de pandemia. La cárcel no le redime ante la gente que le dio el voto. Debe ser censurado y destituido y su partido político, borrado de los registros.
La corrupción en el Municipio de Quito avergüenza a la capital; la ciudad parece estar en manos de grupos organizados que delinquen.
Transferencias millonarias a cuentas privadas de Hong Kong y Estados Unidos; sobreprecios en las pruebas para Covid-19 y otros insumos es una rastrera forma de embolsarse el dinero de la gente. Que el alcalde Yunda pretenda deslindarse de las acciones de funcionarios por él designados, es impúdico.
La corrupción se ha enseñoreado en el Ecuador que vive una emergencia ética permanente. Es imperativo no callar y contestar todas las preguntas como aquella que recorre el país: ¿Quién del Ejecutivo entregó la administración de los hospitales del Sistema de Salud Pública a asambleístas y dirigentes políticos?
En medio de esta degradación moral, la acción de Diana Salazar es plausible; hay que apoyarla, pero sin tomar como propios los logros de la Fiscalía, como pretende el Ejecutivo, aunque aporte con el contingente de fuerzas de seguridad, como le corresponde. Si lo hace sería dar argumentos para que el sentenciado de Bélgica ponga en duda quién maneja la justicia, a sabiendas de que el presidente de la República tiene una investigación en curso.
La fiscal conecta con la gente al interpretar el deseo del pueblo de que se castigue a los corruptos; que no haya impunidad. Falta recuperar lo que se llevaron.
Que justo ahora algunos personajes empiecen a mencionar a Diana Salazar como figura para las elecciones del 2021 provoca suspicacias. Hay que entender que su trabajo en la Fiscalía es más relevante que una candidatura. Tiene que limpiar el país; si no lo hace, no habrá siquiera país que gobernar. Déjenla en paz. No le pongan trampas.
Las opiniones expresadas por los columnistas de PRIMICIAS en este espacio reflejan el pensamiento de sus autores, pero no nuestra posición.
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