Jueves, 28 de marzo de 2024

Van 678 policías destituidos por faltas muy graves desde 2018

Autor:

Teresa Menéndez

Actualizada:

28 Abr 2022 - 0:04

La Policía inició un sumario administrativo a los dos uniformados implicados en el grupo Renacer, mientras fortalece los procesos de depuración.

policías Grupo Renacer

Autor: Teresa Menéndez

Actualizada:

28 Abr 2022 - 0:04

Policías durante los allanamientos a varios inmuebles de Pichincha, dentro de la investigación a la captadora ilegal de dinero, Grupo Renacer, el 21 de abril de 2022. - Foto: Ministerio del Interior

La Policía inició un sumario administrativo a los dos uniformados implicados en el grupo Renacer, mientras fortalece los procesos de depuración.

La corrupción alcanza todas las esferas, incluso las institucionales. La Policía Nacional no es la excepción y tiene la tarea de investigar a los suyos. Solo en las últimas semanas, seis policías han sido protagonistas de distintos actos ilegales.

El 26 de abril de 2022 un sargento y un cabo primero de la institución fueron notificados sobre el inicio de un sumario administrativo por falta muy grave.

La Policía los investiga internamente por su presunta vinculación con la captadora ilegal de dinero, denominada Grupo Renacer.

El proceso iniciado contra los dos policías se enmarca en el artículo 121, numeral 18 del Código de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público (Coescop): "no informar al órgano competente la comisión de delitos o actos de corrupción institucional".

Esto, indistintamente de la investigación penal que realice Fiscalía.

"Se pone a los servidores a órdenes de la Dirección de Talento Humano de la Policía, para que les asignen un cargo de apoyo administrativo en un cuartel policial", manifestó Ramiro Ortega, director de Inspectoría de Policía.

Esto significa que los uniformados dejan sus funciones operativas, para desempeñar actividades de apoyo hasta que culmine la investigación interna.

En diálogo con PRIMICIAS, Ortega recordó que ellos trabajan normalmente, pues no se les ha formulado cargos ni tienen medidas cautelares.

Fiscalía y Policía allanaron siete inmuebles en Pichincha y Guayas, donde decomisaron USD 10.383.

La investigación policial inició el 25 de marzo de 2022, por faltas muy graves a la institución. Ese día, comenzaron a circular los videos donde se ve a los uniformados con fajos de dólares.

Destitución, la sanción más grave para los policías

Ramiro Ortega manifestó que la investigación interna puede tomar unos 50 días, desde que se conoce del caso.

Hay dos unidades involucradas en estos procesos: la dirección Nacional de Asuntos Internos, que hace la investigación, y la dirección de Inspectoría General, encargada de las sanciones.

"Asuntos Internos tiene 10 días para emitir una resolución, de allí se inicia un sumario administrativo, que dura 40 días. Durante ese lapso, el policía presenta sus alegatos. Viene una audiencia donde Asuntos Internos formula cargos y se sanciona", explicó.

El Coescop contempla sanciones por faltas graves y muy graves.

Los casos datan de 2018, con 1.552 policías sancionados por faltas graves. Se trata de faltas disciplinarias, violencia intrafamiliar, siniestros viales e invasión de detenidos.

A los uniformados se les impone una sanción pecuniaria del 8% del salario o la suspensión de funciones por 30 días, cuando hay reincidencia.

Por faltas muy graves, la Institución ha destituido a 678 policías a escala nacional desde 2018 hasta la fecha. Estas son: ausencias injustificadas al servicio, obtener beneficios personales y no informar de la comisión de delitos o actos de corrupción.

Estos servidores pertenecen a varias zonas del país, principalmente a Quito, Guayaquil, la subzona Guayas y Los Ríos.

Van desde el más bajo grado policial hasta generales, como David Proaño, por el caso Isspol, y Enrique Espinosa de los Monteros, por mal uso del helicóptero de la entidad.

Capacitación financiera a los uniformados

Ibarra está conmocionada por el asesinato de una bebé de siete meses, el 20 de abril de 2022. En este crimen, el autor intelectual es un policía y padre de la niña.

Según información preliminar, el uniformado contrató a dos sujetos para matar a la madre de la niña, pero la bala impactó en la pequeña.

El servidor policial tiene prisión preventiva y afronta cargos por el delito de sicariato.

Ortega explicó que este caso se enmarca en una falta disciplinaria muy grave de "ausencia injustificada al servicio" de más de tres días. Como está en prisión preventiva, no acudirá a ejercer sus funciones, así que se le iniciará también un sumario administrativo.

Sobre los tres policías procesados por delincuencia organizada, por sus nexos con la banda de Los Tiguerones, el director policial señaló que aquí también se configura la falta de ausencia injustificada al servicio, pero solo en dos de los tres gendarmes.

Uno de ellos está de vacaciones, que concluyen el 5 de mayo, y desde esa fecha corren los días de ausencia.

Dos de los policías trabajan en Esmeraldas y uno en Manabí. Son sargentos y cabos.

La Policía tiene 52.000 uniformados a escala nacional. El salario más bajo es de USD 933, que lo gana un cabo; y el más alto, USD 5.340, lo percibe un general inspector.

"Tenemos unos de los mejores sueldos en la región", acotó Ortega. De allí que surge la pregunta: ¿Por qué incurrir en actos ilícitos?

Para Ortega, hay algunos factores.

"La falta de educación financiera para administrar su dinero, el afán de disminuir el endeudamiento o el deseo de incrementar la capacidad adquisitiva ocasionan que un reducido número de servidores policiales acepten ofrecimientos de estos sistemas de captación ilegal", detalló.

Por ello, la Dirección de Inspectoría General imparte capacitaciones en cultura financiera como parte de la prevención.

También realiza pruebas periódicas de confianza, polígrafo, toxicología, entre otras, y se deriva a las áreas correspondientes los casos detectados para su tratamiento.

Dentro del proceso de depuración, transparencia y no impunidad, la Policía Nacional desarrolla una política anticorrupción, que incluirá la conformación de un comité de ética y de un plan de reconocimiento para denunciar actos irregulares.

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