2021: año de decisiones y cambio político en Ecuador

Con las elecciones presidenciales en febrero y el cambio de gobierno en mayo, el nuevo año estará marcado por las decisiones políticas, tanto de los ciudadanos como de las nuevas autoridades electas.

Lo único que puede considerarse un hecho para 2021, políticamente hablando, es que, sin importar quien llegue a Carondelet en mayo, no habrá continuidad del gobierno de Lenín Moreno. Ya ni siquiera Alianza PAIS lo considera parte de sus filas aunque él insista en que sí lo es.

Más allá de eso, hay más dudas que certezas, para un año que será decisivo en el rumbo económico, social y político que tome el país para intentar dejar atrás, especialmente, la pandemia de Covid-19 y sus efectos colaterales.

Hay dos momentos clave que marcarán el calendario:

• Las votaciones del 7 de febrero (con un probable balotaje en abril).
• Y el cambio de mando el 24 de mayo.

Sin embargo, aunque los ciudadanos tienen el poder de decidir quien sucederá a Moreno en el poder, el sistema de partidista ecuatoriano sigue teniendo los mismos problemas y debilidades de siempre: los partidos pululan solo en épocas electorales, carecen de vínculos con la ciudadanía y viven de cacicazgos.

Así lo señala Angélica Abad, politóloga de la Universidad de Cuenca, y apunta a la oferta que las organizaciones políticas plantean para estas elecciones presidenciales, con 16 candidatos en firme y sin una papeleta definida hasta mediados de diciembre.

“¿Quién sería una alternativa a ‘lo de siempre’?”, cuestiona la académica sobre los perfiles que contienden por llegar a Carondelet.

No hay un sistema de partidos ni una organización política que abandere un programa o una posición ideológica que pueda atraer al electorado, asegurando que la política pública vaya en determinada dirección, señala Abad.

Otro problema que influirá en las actividades de los primeros meses del año y que puede contribuir a la inestabilidad política del país en 2021 es el comportamiento de la autoridad electoral, cada vez más cuestionada.

Ni el Consejo Nacional Electoral (CNE) ni el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) han podido llevar a cabo un proceso electoral libre de pugnas internas, contradicciones y tropiezos. Al punto en el que involucraron hasta a la Corte Constitucional en su discordia.

Con tantas organizaciones políticas, aspirantes a candidatos e intereses de por medio, los recursos electorales se multiplicaron en los últimos meses del año. Y esto provocó retrasos que pueden impactar en la logística del proceso electoral y en la legitimidad de quien resulte ganador de la contienda.

Las fechas que no se pueden mover

Sin embargo, aunque las fechas llegaran a modificarse, la Constitución manda que la nueva Asamblea se instale el 14 de mayo y que posesione al próximo Presidente de la República diez días después.

La transición se dará de manera programada y formal, sea quien sea el ganador, dijo el presidente Moreno, quien además ha sido insistente en que se respeten los tiempos electorales y no se retrasen las votaciones.

Pero, ese nuevo Jefe de Estado recibirá al país en unas condiciones que, hace un año, eran inimaginables, aunque el Mandatario saliente afirme que esta vez la mesa sí ‘queda servida’.

Y precisamente por ello, que Abad lamenta que en ningún plan de gobierno o discurso político se vislumbre programas sólidos para enfrentar la crisis, ni la fortaleza organizativa para transmitir seguridad a la ciudadanía.

Algo que será inevitable, a ojos de la politóloga, es que el próximo ocupante de Carondelet tome decisiones difíciles para buscar una salida a la frágil economía y al enorme impacto de la pandemia.

Es así que el año será conflictivo, vaticina Santiago Basabe, politólogo de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), sin importar quien gane la carrera por la Presidencia.

Y un factor fundamental será la oposición a las reformas económicas, desde cualquiera de los bandos legislativos opuestos al futuro gobierno. Por lo que, el académico señala que “se avizora una tensión muy fuerte en la relación Ejecutivo-Legislativo“.

Y, precisamente la fragmentación electoral, incidirá en que en la Asamblea Nacional no exista una mayoría, sino un algunas minorías grandes y varios grupos con representación mínima.

En ese escenario legislativo pueden proliferar las presiones políticas y el oportunismo, a ojos de Basabe. Pero, dice, el Ejecutivo entrante deberá tener la capacidad de alcanzar acuerdos mínimos para conseguir algo de gobernabilidad y pasar, al menos, algunas reformas básicas estructurales.

Por lo que, pese a todas las ofertas y promesas que puedan hacer los presidenciales en la campaña, la ejecución de cualquier plan de gobierno pasará por la necesidad de conseguir el respaldo necesario en la Asamblea Nacional.