El CNE y el TCE se acusan mutuamente de ser los culpables de las demoras. Mientras tanto, la Corte Constitucional tiene una posible solución en sus manos, pero no tiene premura en tramitarla.
A dos semanas del inicio de la campaña electoral para los comicios de 2021, Ecuador aún no tiene la certeza de cuáles son los candidatos presidenciales que constarán en la papeleta electoral.
La decisión sobre Justicia Social, que impulsa la postulación de Álvaro Noboa, ha puesto a la Función Electoral a correr con los tiempos.
La polémica está en estos días en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) que se acusan mutuamente de causar las demoras. Pero detrás está la polémica entre la Función Electoral y la Contraloría, por la eliminación de cuatro organizaciones políticas, incluida Justicia Social.
Aquí el jugador clave es la Corte Constitucional. Esta institución tramita una acción de conflictos de competencia, que podría terminar con todo el embrollo que envuelve a esta organización política.
Un conflicto sin solución
Aunque en los problemas alrededor de Justicia Social incluyen resoluciones del CNE y sentencias del TCE, en el fondo del asunto está si puede o no ser eliminada con base en un informe de Contraloría.
La investigación del ente de control encontró que esa organización política nunca debió haber sido inscrita, pues no presentó el número suficiente de firmas para serlo.
Con esa base, el CNE los eliminó después de una "revisión administrativa" de su inscripción. Pero el TCE encontró que ese procedimiento violó el debido proceso y careció de motivación, por lo que revirtió la eliminación.
Mientras todo esto pasa, el contralor subrogante, Pablo Celi, planteó la acción de conflicto de competencias ante la Corte Constitucional. Lo hizo después de amenazar a los miembros del CNE con la destitución en caso de que no siguieran la recomendación de eliminar a Justicia Social.
La Corte debe decidir si la Contraloría puede o no ordenar acciones sobre las organizaciones políticas.
El pronunciamiento es clave, pues dos de los cuatro movimientos políticos observados tienen ya candidatos en la papeleta para 2021; mientras que Justicia Social deberá inscribirlos en los próximos días.
Pero en la Corte no hay apuro. Según su web, el último documento en el trámite de la causa tiene fecha 12 de agosto de 2020. El juez a cargo de este tema es Alí Lozada.
Por ello, el presidente del TCE, Arturo Cabrera, solicitó que se emita la resolución, pues los efectos de la demora "no son deseables para la democracia". Aunque recalcó que las sentencias que revocaron las decisiones del CNE no entraron a analizar la competencia o no de la Contraloría.
A esto se le suma una denuncia por infracción electoral que el correísmo, que también fue eliminado y volvió a la vida, presentó contra Celi. Lo acusan de interferencia en el proceso electoral. La causa está suspendida mientras la Corte Constitucional no se pronuncie.
15 días para terminar el trabajo
En la práctica y hasta la fecha, no hay retrasos en el proceso electoral. Según el calendario aprobado antes de la pandemia -y que no ha sido reformado-, la lista definitiva de candidatos debe estar para el 30 de diciembre.
Aún así hay preocupación pues la impresión de papeletas debe comenzar con urgencia. El material que se envía a las delegaciones del exterior para los ecuatorianos que votan fuera tiene que entregarse hasta el 7 de enero.
Y aún puede haber más retrasos, que dependen de cuándo el CNE analice la candidatura de Álvaro Noboa, y si la califica o no.
Las otras organizaciones políticas pueden presentar impugnaciones, que se tramitan en el CNE y luego en el TCE. Y, en el caso de que no sea calificada, Justicia Social también puede apelar ante el TCE nuevamente.
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