El débil acuerdo del oficialismo en la Asamblea se desmorona

El capital político del oficialismo continúa diluyéndose en la Asamblea. El Ejecutivo entrará al año preelectoral y a su último año de gestión con un bloque legislativo mermado y con pocas posibilidades de sacar adelante sus propuestas legales.

Este viernes 31 de enero, Alianza PAIS perdió a su principal aliado en el Legislativo, tras la votación en la Comisión de Fiscalización, que no dio paso al juicio político de la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint.

El bloque de Creo anunció el fin del acuerdo con Alianza PAIS y las bancadas de Integración Nacional (BIN) y Acción Democrática Independiente (BADI). Este fue el golpe que derrumbó el débil acuerdo político pactado entre los cuatro bloques en mayo de 2019.

Esto quiere decir que el Gobierno ya no debe contar entre sus cálculos los 19 votos seguros del bloque de Creo y que los 12 votos del BIN y los ocho del BADI también pueden fallarle.

La pérdida de capital político

Alianza PAIS llegó a la Asamblea, en mayo de 2017, con 74 legisladores. Pero tras su ruptura con el correísmo, ahora ocupa oficialmente 42 curules. Y sin una mayoría simple, por lo menos, el Ejecutivo ha tenido problemas para aprobar sus proyectos de ley.

En un intento por superar el bloqueo legislativo, el oficialismo concretó el acuerdo multipartidista que le permitió mantener la presidencia del Parlamento, en manos de César Litardo, con el apoyo de Creo, BIN y BADI.

Ocho meses y medio después, nuevamente queda en evidencia la fragilidad del supuesto acuerdo político en el Parlamento, que pretendía brindarle gobernabilidad a la Legislatura.

La solicitud de juicio político en contra de Atamaint estuvo encabezada por Creo, que aportó sus votos para aprobar la ansiada y disminuida reforma tributaria del Gobierno, en diciembre.

Pero, cuando se daba por sentado que la presidente del CNE debería enfrentar al pleno, los votos en Fiscalización desaparecieron e incluso algunos asambleístas también.

Los oficialistas Daniel Mendoza y Karina Arteaga se ausentaron. Solo Mendoza envió a su alterna, quien votó en contra de aprobar el informe. Jimmy Candell del BIN y Eliseo Azuero del BADI también se opusieron. Y , a ellos se sumaron dos votos: uno del PSC y otro del correísmo.

El informe recibió seis votos a favor, no los siete necesarios para pasar al pleno. Por lo que quedará en el limbo, al igual que los procesos contra el Superintendente de Bancos y el Consejo de la Judicatura.

El mismo Litardo ya daba por sentado que el informe llegaría al pleno. Incluso, desde su cuenta de Twitter, el titular del Legislativo mostró ayer su desacuerdo con la decisión, o no decisión, de la Comisión porque "el tema electoral afecta a todos".

Y el bloque de PAIS en la Asamblea también tuiteó su "enérgico rechazo" al comportamiento de Mendoza y Arteaga, que contravinieron la decisión orgánica del oficialismo. Y, en un intento de resarcirse ante la opinión pública, ratificaron su compromiso con la fiscalización.

El contenido del acuerdo multipartidista

Los miembros de los cuatro bloques se comprometieron a cumplir con 10 puntos, de los cuales al menos ocho han quedado solo en el papel.

Uno de ellos era: garantizar que la Comisión de Fiscalización de la Asamblea asegure una lucha contundente contra la corrupción, con autonomía e independencia del Gobierno.

Sin embargo, aunque los casos de fiscalización no han faltado, la mayoría han llegado tarde o no han alcanzado los votos necesarios. Como en el caso de Atamaint, quien dijo que es momento de "darle la vuelta a la página" y concentrarse en las elecciones generales de 2021.

Y, precisamente, ahí también apunta la mayor preocupación de los partidos.

Así, el panorama se complica para el Ejecutivo que, este año y por un compromiso asumido en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), espera pasar tres reformas clave, dos de ellas en el primer trimestre y la tercera en junio, para completar el plan de reorganización de la economía y de las finanzas públicas.

El plan de Finanzas era que la reforma al Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas sea presentada a finales de febrero y la del Código Orgánico Monetario y Financiero a finales de abril.

Ahora, lo primero que deberá hacer el Ejecutivo es conseguir los votos en la Asamblea.