Los acusadores en el juicio político presentaron sus argumentos para la destitución de la ministra de Gobierno. La Comisión de Fiscalización pedirá al presidente de la Asamblea que entregue el "alcance" al juicio político, que habla del supuesto reparto de cargos públicos a cambio de votos.
La Comisión de Fiscalización de la Asamblea escuchó, este 19 de octubre de 2020, las comparecencias de los tres asambleístas que solicitan el juicio político en contra de la ministra de Gobierno, María Paula Romo.
Los señalamientos contra la funcionaria se centran en el paro nacional de octubre de 2019, pero los interpelantes buscan incluir nuevos puntos. El proceso de fiscalización iniciado en estos días fue presentado en enero de 2020 y, de ahí en adelante, hubo nuevas acusaciones que señalan hacia Romo, relacionadas con el llamado "reparto" de los hospitales.
Los testimonios del exasambleísta Daniel Mendoza mencionan a Romo por, supuestamente, haber sido parte de la gestión de cargos públicos en la provincia de Manabí. Por esa razón, el Pleno del Legislativo pidió al presidente Lenín Moreno que separe a la ministra del Gabinete en agosto pasado.
Ahora, los asambleístas interpelantes, Roberto Gómez (ind.), Lourdes Cuesta (ind.) y Amapola Naranjo (RC), presentaron un alcance a su pedido de juicio político y esperan que el "reparto" pueda ser tratado e incluido en el trámite de juicio. Este alcance, sin embargo, no fue remitido por el presidente de la Asamblea, César Litardo (AP), a la comisión.
Por esa razón, la mesa legislativa aprobó una moción, propuesta por Dennys Marín (PSC), para pedir a Litardo que entregue esos documentos.
En todo caso, la decisión final sobre si estos temas se incluirán o no en el informe para el Pleno de la Asamblea estará en manos de la comisión.
Las acusaciones contra la ministra
Gómez, Naranjo y Cuesta presentaron sus argumentos contra Romo por segunda ocasión ante la Comisión de Fiscalización. Su primer intento de destituir a la Ministra fracasó a finales de 2019, pues la anterior integración de esa mesa legislativa no alcanzó los votos necesarios para que el proceso llegue siquiera al Pleno.
Gómez fue el primero en hablar. Abrió su exposición con los señalamientos por el supuesto reparto y presentó un audio que probaría la injerencia de un familiar de la Ministra en el Hospital del Tulcán.
La grabación correspondería a la voz de Romo y la exgerente de esa casa de salud, quien habría presentado su renuncia por negarse a firmar contratos.
La otra parte de su exposición se centró en las tres acusaciones sobre el paro nacional:
- El uso de bombas lacrimógenas caducadas, hecho admitido por la Ministra en una entrevista con La Posta.
- El uso de bombas lacrimógenas en los alrededores de las zonas de paz: universidades que funcionaban como albergues y hospitales.
- La demora en la instalación del Comité para la protección de periodistas, a pesar de las agresiones a los comunicadores desde los primeros días del paro.
Cuesta, en cambio, se centró en la falta de probidad de la ministra Romo para ejercer su cargo y la responsabilidad política que tiene por la actuación de la Policía durante las manifestaciones. La legisladora recordó que el expresidente del Consejo de Participación, Christian Cruz, fue destituido justamente con ese argumento.
Mientras que Naranjo se centró en las posibles violaciones a los derechos humanos que podría enfrentar Ecuador por el uso de bombas lacrimógenas en zonas de refugio y hospitales.
El calendario de la comisión
Tras la presentación de los tres interpelantes, la comisión comenzará a recibir las solicitudes de pruebas de cargo y descargo, y también de nuevas comparecencias. De entrada, los tres acusadores pidieron los testimonios de tanto policías como civiles que fueron agredidos durante las protestas.
La comparecencia de Romo está prevista para el sábado 31 de octubre. Y la aprobación del informe está en agenda para el 5 de noviembre, aunque podría tomar unos días más.
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