Aportes ilícitos financiaban desde fiestas de cumpleaños hasta movilizaciones de PAIS

El cruce de facturas y la entrega de dinero en efectivo eran los mecanismos utilizados por los participantes en la trama de sobornos que configurarían el delito de cohecho por los que son procesadas 24 personas, entre exfuncionarios públicos y empresarios privados.

La Fiscalía amplió el detalle de los aportes durante la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio que se cumple desde el lunes 11 de noviembre de 2019 en la Corte Nacional de Justicia.

En esa audiencia la fiscal Diana Salazar, afirmó que en esos años funcionó una "estructura criminal", en la que todos sus participantes cumplían una función.

Incluso la terminología que utilizaban para referirse a los aportes era "jerga criminal", según la fiscal general:

• Un palo significaba USD 1 millón.
• Medio palo equivalía a USD 500.000.

Además del glosario que se dividía en "líderes":

• JG (Jorge Glas) L1
• MD (María Duarte) L2
• WS (Walter Solís) L3

"Coordinadores":

• OM (Olga Muentes) C1
• ME (María Enríquez) C2
• PM (Pamela Martínez) C3

Para las empresas también había códigos.

"Todos fueron designados de manera estratégica, recurrente y circular", afirmó la funcionaria. Asimismo dijo que todo fue controlado por Rafael Correa como presidente de la República (2007-2017) y, al mismo tiempo, presidente del movimiento Alianza PAIS.

Convenios para evitar contratación pública

La trama tuvo doble vía: los exfuncionarios aceptaron recibir los aportes ilegales a cambio de adjudicar contratos, a través de convenios de pago, para evitar la contratación pública formal.

La suscripción de convenios de pago es una figura que no está registrada en la Ley de Contratación Pública, subrayó Salazar.

Esto tuvo un "direccionamiento estratégico de la Secretaría Jurídica de la Presidencia, cuyo titular fue Alexis Mera, mediante cartas de invitación dirigidas a las empresas".

De este modo se afectó a los principios de igualdad, transparencia y oportunidad que rigen la administración pública, añadió.

Defensores critican a Salazar

Ricardo Dueñas, abogado de Christian Viteri; Jorge Luis Ortega, defensor de Walter Solís; y, Harrison Salcedo, abogado de Jorge Glas, retaron a la fiscal a probar su acusación.

Según ellos, Salazar no tiene un caso estructurado, por eso -dijeron- redujo la acusación a cohecho y dejó por fuera los otros delitos: enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias, por los que también acusó inicialmente.