Los últimos cambios a la Ley Orgánica de la Función Legislativa se aprobaron en 2009, a poco de que el Legislativo comenzara a funcionar. Con las reformas, se busca fortalecer la labor de fiscalización.
La Asamblea comenzó, este 10 de septiembre de 2020, el segundo debate de las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que llevan años en espera. La propuesta llega al final del trámite más de un año después de que el informe fuera enviado a la Presidencia del Legislativo.
Este será el tercer intento de la Asamblea de aprobar una reforma a su propia normativa, que no ha cambiado desde 2009.
En dos ocasiones anteriores, en 2012 y 2017, el Legislativo ya aprobó cambios en la normativa. Pero, en ambas ocasiones los proyectos fueron vetados totalmente por el Ejecutivo: la primera por Rafael Correa y la segunda por Lenín Moreno.
El tratamiento de la reforma, sin embargo, es urgente. Los cambios en la ley determinarán, por ejemplo, los detalles del trámite de las reformas constitucionales.
Esta ley estaba calificada como prioritaria en la agenda de trabajo que el presidente César Litardo entregó a inicio de 2020. Su aprobación, según señalaron los legisladores en el debate, es necesario para tratar de levantar la imagen de la Asamblea, desgastada a poco de que termine su periodo.
Los puntos más importantes
El proyecto de reforma tiene 170 artículos, pero el número puede aumentar con las propuestas de los legisladores en el segundo debate. Los principales puntos son:
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Cambios a la Comisión de Fiscalización
La Comisión de Fiscalización pasaría a ser una de las comisiones especializadas permanentes de la Asamblea. Esto significaría que los miembros de esta mesa legislativa ya no podrían también miembros de otras comisiones, como actualmente sucede.
Además, está previsto que Fiscalización entregue cada seis meses un informe de gestión.
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Plazos para los juicios políticos
Uno de los principales problemas de la Asamblea es que el inicio del trámite de las peticiones de juicios políticos están a la voluntad de la Presidencia. Por eso, la reforma establece plazos.
Una vez presentada la solicitud, el Presidente de la Asamblea tiene tres días para ponerla en conocimiento del Consejo de la Administración Legislativa (CAL). Este organismo, a su vez, tiene tres días para verificar los requisitos y calificarla. Después, en tres días debe pasar a la Comisión de Fiscalización.
Una vez que la comisión realice el informe, el Presidente nuevamente tiene tres días para incluirlo en el orden del día del Pleno de la Asamblea.
Un cambio importante es que el informe de la comisión puede ser a favor de que el juicio político pase al Pleno o para que el trámite se archive. Con esto, se evitaría que los juicios queden en el limbo cuando no logran ser aprobados.
Además, la reforma establece que todos los funcionarios con rango de ministro, como los secretarios, serán también sujetos de juicio político. Este vacío legal había impedido fiscalizar a funcionarios a cargo de Secretaría de Educación, por ejemplo.
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Censura para funcionarios que han renunciado
La reforma a la Ley también propone una sanción para los exfuncionarios censurados en un juicio político. Actualmente, la censura de ministros u otros servidores que ya no están en el cargo no produce ningún efecto práctico. Eso pasó, por ejemplo, con la exministra de Salud, Verónica Espinosa.
La propuesta es que en el caso de censura cuando el funcionario ya no esté en el cargo, la sanción sea la prohibición de ejercer cargo público durante dos años.
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Multas para los faltones
Los asambleístas que falten a cinco o más sesiones del Pleno consecutivas en el período de un mes serán sancionados por “falta administrativa grave”, cuando no tengan licencia o justificación.
La sanción por esta falta será la suspensión de su remuneración de ocho a 30 días.
Esta reforma responde a las constantes faltas de los legisladores. De hecho, ninguno de los 137 legisladores ha asistido a todas las sesiones del pleno desde mayo de 2017.
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Comité de Ética
La propuesta crea un Comité de Ética de la Asamblea Nacional, que será un órgano permanente con al menos cinco integrantes. Este se encargará de conocer y sustanciar las denuncias sancionadas con destitución.
Este comité reemplazaría a las comisiones multipartidistas que actualmente se crean ante una denuncia contra un asambleísta para buscar su destitución.
Este órgano se integrará por miembros pertenecientes a las diferentes bancadas que haya en la Asamblea. Si hay menos de cinco bancadas, éstas podrán nominar a cualquier asambleísta. Los integrantes de este comité no pueden ser miembros de la Comisión de Fiscalización.
La reforma también plantea que la denuncia para iniciar el proceso de investigación contra un legislador deberá contar con el respaldo de las firmas del 10% de los miembros de la Asamblea, es decir, 14 asambleístas.
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Infinitos cambios en el orden del día
Actualmente, la instalación de las sesiones del Pleno demora por la inclusión de peticiones de cambio del orden del día. Por esto, la reforma busca regular estas solicitudes.
La propuesta plantea que las solicitudes de cambio del orden del día sean presentadas, al menos, 12 horas antes de la convocatoria. Deberán además incluir las firmas de respaldo del 5% de asambleístas (siete legisladores).
Los cambios del orden del día se aprobarán con el voto de las 2/3 partes de los legisladores, es decir, 71 votos.
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