El nuevo veto a la Ley de Presupuestos Incrementales revive la tensión por temas económicos. La Asamblea busca la manera de tener mayor control a la ejecución presupuestaria.
El tema económico es el que más tensa la relación Ejecutivo-Legislativo. La aprobación de reformas legales que derivarían en erogación de recursos y el control del Presupuesto General del Estado generan incomodidad en el Ejecutivo.
Esto, a la par de los diálogos que ambas funciones del Estado mantienen.
La polémica entre ambas funciones revivió después del veto a la llamada Ley de Presupuestos Incrementales. Esta normativa, aprobada por la Asamblea en septiembre pasado, tiene apenas cinco artículos. Pero aun así, causó molestia en el Gobierno, que respondió con un veto parcial a tres de sus cinco propuestas.
Esta ley justamente actúa en los dos ámbitos que generan tensión entre ambas funciones.
- Por un lado, busca asegurar asignaciones presupuestarias.
- Por otra, busca aumentar el poder de control de la Asamblea ante la ejecución del Presupuesto General del Estado.
Y de fondo hay un tema político. La iniciativa es de la bancada correísta UNES, y fue presentada por el exasambleísta Pabel Muñoz, actual candidato a la Alcaldía de Quito.
Y además, la reforma fue tramitada en la Comisión de Régimen Económico, en la que el oficialismo actúa en minoría. Esta mesa está dirigida por Mireya Pazmiño, parte del ala rebelde de Pachakutik, y tiene tres integrantes de UNES y uno del PSC.
La mano en asignaciones presupuestarias
La Ley de Presupuestos Incrementales revive una pelea que se ha mantenido a lo largo de todo este Gobierno: la aprobación de leyes que prevén la erogación de recursos, sin que señale de dónde puede sacar el Gobierno dichos recursos.
Esta polémica viene desde 2021. La anterior Asamblea aprobó un alza salarial para los maestros del sector público, que no tenía financiamiento. La Corte Constitucional llamó la atención a la Asamblea, pues debía señalar una fuente para obtener dichos recursos.
La misma polémica rodeó a la obligación de contratar al personal de salud que trabajó durante la pandemia, durante el gobierno de Lenín Moreno. En esta ley, nunca se aseguró los recursos para dichas contrataciones.
Y ahora se repite con la Ley de Presupuestos Incrementales, porque este proyecto aprobado por la Asamblea busca asegurar los incrementos constitucionales en las asignaciones a salud y educación. Específicamente, el proyecto establece que cuando se llegue al 6% del PIB para salud y el 4% para educación, no se podrá reducir este porcentaje.
Esto, para el Gobierno, es una preasignación que no cuenta con una fuente de financiamiento.
Y generaría además un incremento en el gasto público, algo que es atribución exclusiva del Ejecutivo. Por lo que propone eliminarla.
El control del Presupuesto, la clave
El poder de la Asamblea ante el Presupuesto General del Estado es casi nulo. Según la Constitución, esa institución solo puede revisar y hacer observaciones a la Proforma presentada por el Gobierno.
Además, según el Código de Planificación de las Finanzas Públicas (Coplafip), el Ministerio de Finanzas debe poner en conocimiento de la Asamblea la evaluación financiera global semestral del Presupuesto General del Estado y entregarla 90 días después de terminado cada semestre.
Esto, en los últimos años, ha derivado en informes que cuestionan la ejecución del presupuesto. Y aunque no tienen algún efecto práctico, generan más problemas en la relación entre ambas funciones.
En la Asamblea, buscan la manera de tener más control. Es por ello que, en la llamada Ley de Presupuestos Incrementales, incluyeron una reforma al Coplafip para que esta evaluación financiera se entregue trimestralmente, y en un plazo de 60 días.
Este artículo fue vetado parcialmente por el Ejecutivo, que plantea eliminarlo. Argumenta que la Ley da al Ministerio de Finanzas 90 días para liquidar los presupuestos anuales.
La polémica también está en los diálogos
El tema presupuestario está también en los diálogos que mantiene el Gobierno con la Asamblea. Con un presupuesto ajustado, el Ejecutivo busca la manera de que nuevas leyes no le signifiquen mayor erogación de recursos.
El ejemplo de esto es la Ley de Inversiones, cuyo anteproyecto ya está en manos de la Presidencia. Pero aunque ya ha pasado una semana desde la entrega del texto, construido entre las bancadas y asesores del Gobierno, no llega aún como proyecto económico urgente al Legislativo.
Según el Gobierno, necesitan primero hacer un análisis del impacto presupuestario que esa ley significará.
Y lo mismo podrá pasar más adelante con la mesa técnica de seguridad, y la de reformas laborales, que según el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, se instalaría en las próximas semanas.
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