La Fiscalía reportó incidentes generados por las defensas de Abdalá Bucaram y su hijo Jacobo. La audiencia se instaló con dos horas de retraso.
Nota actualizada a las 17:09 del lunes 26 de julio de 2021 con la resolución del Tribunal.
La audiencia corresponde al caso por el presunto delito de delincuencia organizada por la venta irregular de pruebas de Covid-19. Además de los Bucaram, dos ciudadanos israelíes y tres agentes de tránsito de Quito son parte del proceso.
El 21 de junio de 2021, debió instalarse la audiencia preparatoria de juicio, pero la jueza declaró nulo todo lo actuado en la fase de investigación. El problema fue que la orden de detención en contra de Jacobo Bucaram no se notificó tres días antes de su captura, como ordena la ley.
La Fiscalía apeló esa decisión de la jueza y para las 08:00 del 26 de julio de 2021 se convocó a la audiencia par dar trámite a esa apelación, en la Corte de Pichincha, en Quito.
En sus redes sociales, la Fiscalía indicó que “pese a incidentes generados por las defensas de Abdalá Bucaram y su hijo Jacobo Bucaram” la audiencia se instaló cerca de las 10:00.
Las defensas de los Bucaram solicitaban que los jueces asignados a la causa se excusen de conocerla, pero ese pedido no fue acogido.
Según la hipótesis de la Fiscalía, los agentes de la AMT daban seguridad a dos ciudadanos israelíes que, en el inicio de la pandemia, se instalaron en Quito y se dedicaron a la compra y venta irregular de insumos médicos y pruebas Covid-19. En esos negocios, según la hipótesis fiscal, estarían involucrados los Bucaram.
Dos de los tres agentes aceptaron el cometimiento del delito y fueron sentenciados a cinco años de cárcel a través de un procedimiento abreviado.
Resolución
Luego de varias horas de audiencia, el Tribunal de Pichincha del caso falló a favor de la Fiscalía y revocó la nulidad dictada anteriormente.
Por unanimidad, la Sala Penal de la Corte de Pichincha revocó la decisión de la jueza Verónica Medina. Además, el Tribunal declaró negligencia manifiesta de la jueza y ofició el fallo al Consejo de la Judicatura.
Luego de la resolución, Diana Salazar, fiscal General, se pronunció sobre esta decisión, mostrándose satisfecha por la revocatoria de la nulidad, “No se trata (…) de si nos gustan o no las resoluciones, sino de actuar en derecho”, dijo.
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