Ejecutivo apunta a la autonomía de la Fiscalía para mejorar la justicia

Los problemas del sistema de Justicia de Ecuador son evidentes. Y los desencuentros entre la Fiscalía y el Consejo de la Judicatura (CJ) llevan varios capítulos. Por ello, el presidente Guillermo Lasso plantea liberar a la primera del control de la segunda.

Entre las ocho preguntas del referendo, la número tres se refiere a los fiscales y su selección, evaluación, ascenso, capacitación y sanción, que según la Constitución está en manos de la Judicatura.

Por ello, el Mandatario plantea dos modificaciones en la Carta Política:

• En el artículo 181, sobre las competencias del Consejo de la Judicatura, retirarle la supervisión sobre los servidores de la Fiscalía, la carrera y profesionalización fiscal.
• Y agregar un artículo sin número, después del 194, para la creación de un Consejo Fiscal.

Este último señala que el organismo será "un órgano administrativo, técnico y auxiliar de la Fiscalía General del Estado que ejecutará los procesos de selección, evaluación, ascenso y sanción de fiscales".

El Consejo Fiscal estará conformado por siete miembros designados por la Fiscal General, que no sean parte de la Función Judicial y deberán cumplir con los mismos requisitos exigidos para ingresar a la carrera fiscal, "además de los que la ley determine".

El anexo agrega que los procesos referentes a los fiscales "se efectuarán bajo los principios de veeduría, imparcialidad, objetividad, meritocracia, oralidad, transparencia y publicidad".

Y que en los procesos sancionatorios se garantizará "el debido proceso, oralidad, celeridad, el derecho a la contradicción y respetando la independencia judicial".

Todo estará regulado en el Código de la Función Judicial, que rige a la Fiscalía, con una reforma planteada por esta misma entidad. Y estas reformas deberán ser tramitadas por el Legislativo en un plazo máximo de un año.

Para esto, el presidente Lasso plantea la siguiente pregunta:

Contexto y antecedentes

Esta no es la primera propuesta para brindarle autonomía a la Fiscalía. En 2019, hubo un intento similar a cargo del Comité por la Institucionalización Democrática, que recolectó firmas para impulsar el proceso de enmiendas y superó la revisión de la Corte Constitucional.

En ese entonces, el grupo pedía sacar a la Fiscalía de la Función Judicial, para que no depende del Consejo de la Judicatura y que pueda, a través de un organismo propio, gestionar la carrera fiscal.

Y los magistrados calificaron la viabilidad de la propuesta, a través de una reforma parcial en el Legislativo, que sea posteriormente ratificada en las urnas a través de un referendo popular.

Pese a superar los dos primeros filtros, el proyecto de reformas parciales a la Constitución murió en la arena política, en manos del pleno de la Asamblea Nacional, que votó en contra de todos los planteamientos.

Aunque la Fiscalía ha reclamado en varias ocasiones la falta de funcionarios para ejercer su tarea y los problemas pendientes que el Consejo de la Judicatura no puede resolver, la nueva propuesta no tiene su apoyo.

La entidad señala que "necesita contar con verdadera autonomía" y que "sería innecesaria la creación de otro consejo que obstaculice el trabajo".

Los argumentos de Lasso

El Primer Mandatario dijo que la intención de esta enmienda es permitir que la Fiscalía pueda decidir sobre sus funcionarios "sin intromisiones de nadie". Con el objetivo de que "la corrupción pueda ser descubierta en todo lado y se produzca así una mejor justicia".

La justificación del Gobierno apunta a que la misma Constitución, en el artículo 194, establece que la Fiscalía tiene autonomía administrativa, económica y financiera. Y esto se debería traducir en:

• La posibilidad de manejar a su personal interno; incluyendo la selección, evaluación, ascenso y sanción de fiscales y demás personal.
• La certeza de la asignación de los recursos financieros, sin estar supeditado a otro poder para obtenerlos.
• Y la posibilidad de dirigir y administrar los recursos financieros asignados.

Pero, la Carta Política otorga al Consejo de la Judicatura la potestad de aprobar la proforma presupuestaria de la Función Judicial, así como dirigir los proceso de selección y evaluación de su personal.

El Ejecutivo señala que esto genera otro problema: un déficit de 602 fiscales y la baja calidad de personal especializado. Solo en Guayas, pese a los altos índices de violencia y criminalidad, el déficit de fiscales alcanza los 190.

Además, el control de la Judicatura en todas las etapas de la carrera fiscal ha causado "dificultades, como la selección precaria de fiscales y la falta de objetividad de los procesos".

Por otra parte, el CJ tampoco ha podido cumplir con sus obligaciones, especialmente de evaluación y sanción. Solo hasta agosto pasado, había un retraso en 205 sumarios disciplinarios de la Fiscalía.

Y todo esto tiene un impacto directo en la administración de justicia. Según las justificaciones del Gobierno, "los fiscales no deben actuar con temor a ser destituidos arbitrariamente del cargo o sometidos a sanciones".

Finalmente, sobre el pronunciamiento previo de la Corte Constitucional, que remitió la propuesta a la Asamblea Nacional, el Ejecutivo cree que ese no es el camino en este caso, ya que se trata de una enmienda y la Fiscalía permanecerá en la Función Judicial.

Nota de la redacción: esta nota fue publicada el 17 de septiembre, cuando el Gobierno dio a conocer su propuesta de referendo, y fue actualizada el 1 de diciembre, después de la convocatoria con las preguntas aprobadas.

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