Fiscalía aplica figura para atrapar a los 'peces gordos' de la corrupción

'El hombre de atrás' o autor mediato es la teoría jurídica que utiliza la Fiscalía para llegar a funcionarios de alto nivel en los últimos casos de corrupción que sacuden al país.

La fiscal Diana Salazar durante la audiencia de juicio por el caso Sobornos, el jueves 5 de marzo de 2020.

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Actualizada:

28 abr 2021 - 00:04

La usó Diana Salazar, fiscal general del Estado, en el caso Sobornos para llevar a juicio y obtener una sentencia contra el expresidente Rafael Correa y el exvicepresidente Jorge Glas.

Y ahora, Alberto Santillán, fiscal de Pichincha, la vuelve a poner en escena para acusar a Jorge Yunda, alcalde de Quito, y buscar que sea llevado a juicio por peculado en el caso de la adquisición de pruebas PCR por parte del Municipio de Quito.

Se trata de una teoría jurídica desarrollada por el alemán Claus Roxin. El objetivo es determinar la responsabilidad penal de los mandos directivos de una estructura jerárquica y organizada para la comisión de crímenes.

"El hombre de atrás, quien está en el poder, ordena a las personas que ejecuten una disposición".
Diana Salazar, fiscal General, durante el juicio del caso Sobornos

Así lo explicaba Salazar en la Corte Nacional de Justicia (CNJ). Y añadía que los autores mediatos no son -necesariamente- quienes cometen los delitos, sino quienes a través de sus decisiones los hacen posibles.

Es decir, la intención de usar esta teoría es que la responsabilidad penal no se quede solo entre los mandos medios de una estructura.

Uno de los casos más sonados, en el mundo, del uso de esta teoría ocurrió en Perú. La justicia condenó al expresidente Alberto Fujimori por violaciones de derechos humanos.

Ese fallo causó polémica porque la Fiscalía de ese país no reunió suficientes pruebas para demostrar que Fujimori violó esos derechos.

Sin embargo, por su jerarquía, a través sus disposiciones y decisiones, dio paso a la violación de los derechos.

Correa, Glas y Yunda

En los recientes casos de corrupción que se han tramitado en Ecuador, hay tres nombres de funcionarios de alto nivel señalados por la condición de autores mediatos.

1
Rafael Correa
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La figura de autoría mediata para Correa fue aplicada en el caso Sobornos. El expresidente fue sentenciado a ocho años de cárcel por cohecho. En ese caso se juzgó una red de corrupción que exigió sobornos a empresas privadas, a cambio de contratos con el Estado. Dinero que se usó luego para financiar al partido de Correa, Alianza PAIS. En el caso de Correa, la Fiscalía no pudo demostrar que exigió o se benefició del dinero de esos sobornos. Pero lo ubicó a la cabeza de la estructura, como un autor mediato. Por ejemplo, Salazar demostró que Correa sabía de las ofertas y de la entrega de contratos. Además, dispuso que una persona de su confianza (Pamela Martínez) supervisara y aprobara la recepción del dinero. Esa acusación, incluso, trató de ser desacreditada políticamente por los simpatizantes de Correa y por él mismo expresidente. En redes sociales los partidarios de Correa hicieron popular la etiqueta #InflujoPsiquico. De manera sarcástica, intentaron posicionar la idea de que Correa, aunque no participó de los sobornos, a través de una manipulación psíquica ordenó a sus subalternos a que cometieran el delito.
El expresidente Rafael Correa durante la inscripción de candidaturas de Alianza PAIS, en noviembre de 2012.Sio El Ciudadano
2
Jorge Glas
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Al igual que en el caso de Correa, Glas fue sentenciado a ocho años como autor mediato en el caso Sobornos. El exvicepresidente Glas, según la fiscal Salazar, estuvo al frente de la red de sobornos a través de dos posiciones de poder. Primero, como ministro coordinador de Sectores Estratégicos y, segundo, como vicepresidente de la República. En ambas posiciones estuvo a cargo de dirigir políticas y acciones de empresas del Estado, como Celec, Petroecuador y Senagua, que estuvieron involucradas en el esquema de sobornos. Por ejemplo, Celec pagó el arriendo del predio en que funcionó la oficina alterna a la Presidencia de la República, desde donde se recibía y se repartía el dinero. A través de Senagua, en cambio, se adjudicaron contratos a las empresas involucradas.

En la Corte Nacional se instaló la audiencia de habeas corpus solicitada por la defensa de Jorge Glas, en el caso Sobornos.API
3
Jorge Yunda
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Según las pruebas anunciadas y la acusación que la Fiscalía hizo en la audiencia preparatoria de juicio, el alcalde Jorge Yunda no se ha beneficiado de dineros ilícitos relacionados con la compra de pruebas de Covid-19. Sin embargo, el fiscal Santillán considera que, a través de tres decisiones tomadas desde su puesto de poder, se dio paso al presunto delito.
- La Secretaría de Salud del Municipio podía hacer contrataciones por un máximo de 2,9 millones, pero Yunda firmó una resolución para quitar ese techo, lo que permitió al Municipio comprar a Salumed pruebas por más de USD 4 millones.
- Pese a que había evidencia científica de que las pruebas que entregó Salumed eran óptimas para diagnosticar Covid-19, firmó convenios con laboratorios privados con el fin de validar esos tests.
- Aunque se demostró que las pruebas entregadas no eran las que se compraron, Yunda dispuso usarlas y dar por terminado el contrato con Salumed por mutuo acuerdo. Eso impidió que el Municipio cobrara las garantías por incumplimiento al proveedor.
Jorge Yunda, exalcalde de Quito, durante la entrega de una escultura que simboliza un llamado a la no violencia, el 10 de diciembre de 2020.API

Las PCR del Municipio

El 27 de abril de 2021, de manera telemática, se realizó la segunda jornada de audiencia preparatoria de juicio por el caso de las pruebas PCR que involucra a Yunda.

El fiscal Alberto Santillán acusó a los 14 procesados. Señaló a Yunda como autor mediato. A dos personas como autores directos y a 11 más como coautores del presunto delito de peculado.

En la lista de los posibles coautores resaltan los nombres de Ximena Abarca, actual secretaria de Salud. Y de Linda Guamán, coordinadora técnica de esa misma dependencia.

Ambas fueron contratadas por el Municipio luego de la compra a Salumed. Además, son reconocidas en la comunidad científica por sus conocimientos y experticia en este tipo de áreas.

En el caso de Abarca, según la Fiscalía, habría ejecutado acciones para que el contrato con Salumed se mantuviera vigente, pese a los incumplimientos de la empresa.

Para Guamán, en cambio, detalló que conocía que las pruebas que entregó Salumed no eran PCR Polimerasa, como se había especificado en el contrato, sino RT LAMP.

Además, Guamán habría sido la primera funcionaria en conocer los informes elaborados por la universidad UDLA y la Secretaría de Salud de México, en los que se detallaba que las pruebas no tenían la sensibilidad necesaria para detectar Covid-19 de manera confiable.

Y, pese a saber esto, ejecutó las disposiciones de Yunda para buscar laboratorios que validaran las pruebas que Salumed entregó al Municipio.

Desde la tarde del 27 de abril, los abogados de los 14 procesados expusieron sus argumentos.

Finalmente, el juez Vladimir Jhayya deberá decidir quienes van a juicio. Además, deberá tomar una resolución sobre el pedido de la Fiscalía para que dicte orden de prisión preventiva para el alcalde Jorge Yunda.