La Contraloría determinó que de los boletos registrados como entregados para las funciones sobre hielo, solo 5.717 fueron para personas que constan en las bases de datos del Ministerio de Inclusión (MIES).
El proceso de contratación de 450 obras de un circo sobre hielo del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) adoleció de varias irregularidades al igual que su ejecución, según el examen especial realizado por la Contraloría.
El circo es parte del programa “Ecuador Solidario y Ciudades de Alegría” y, por un monto de USD 2.442.000, el exministro Iván Granda pretendía “fomentar el acceso al arte y promoción de derechos de usuarios” del MIES.
Según el exfuncionario, no se trataba de un programa social, sino de una estrategia de comunicación alternativa, que debía llegar a 700.000 personas en condición de pobreza y pobreza extrema.
A continuación PRIMICIAS le presenta los hallazgos de la Contraloría en el proceso y lo dicho por Granda en ese entonces:
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La ‘estrategia’ llegó solo a 5.717 usuarios del MIES
La Contraloría determinó que, según los datos del propio MIES, del ‘Módulo de entrega de boletos’, solo 5.717 llegaron a usuarios del Registro Social, mientras que otros 16.263 no constan en las bases de datos remitidas.
Este es el desglose de los 21.980 boletos que fueron registrados al ser entregados. Es decir que, apenas el 26% de ellos fueron al público elegido.
Mientras que en los demás casos constan varios boletos entregados a una misma persona, nombres sin número de cédula, cédulas incompletas, registros sin datos, registros sin número de boletos entregados.
El examen señala, además, que hay información de bases de datos que no se proporcionó por un tema de confidencialidad.
Por eso, el informe concluye que no elaborar los listados de usuarios, claros y completos, permitió que consten como beneficiarias personas que no son parte de los grupos de atención prioritaria y se destine recursos para personas que no son parte de la protección social.
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Las cifras que no cuadran
Si bien el contrato decía que se debía alcanzar a 400.000 personas con las 450 funciones de arte circense, en ese entonces el mismo ministro Granda decía que serían 700.000 beneficiarios.
Para el 11 de enero de 2020, Granda informó que más 7.000 personas habían disfrutado del espectáculo. Y 14 días después informaba de más de 100.000 asistentes.
Más de 7.000 usuarios de los servicios de @InclusionEc han disfrutado de #EcuadorSolidarioCiudadesdeAlegría. Este programa de promoción de derechos e impulso al emprendimiento educa a las familias sobre la inclusión mediante el arte.
¡Su bienestar es nuestra prioridad! pic.twitter.com/SO6HJbfe7Y— Iván Granda Molina (@IvanGrandaM) January 12, 2020
¡#EcuadorSolidarioCiudadesDeAlegría promociona los derechos de las familias ecuatorianas!
Junto al vicepresidente @ottosonnenh participamos de este espectáculo, en donde más de 100 mil usuarios de los servicios de @InclusionEc han recibido educación mediante el arte y la cultura. pic.twitter.com/Xj2MVpA1ns— Iván Granda Molina (@IvanGrandaM) January 25, 2020
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El contrato que no aparecía
Como lo reveló PRIMICIAS el 27 de enero de 2020, pese a las obligaciones que establece la Ley de Contratación Pública, el contrato del circo sobre hielo no fue subido al portal de Compras Públicas dentro de los plazos.
El contrato fue firmado por Granda el 29 de noviembre de 2019 y el primer evento fue el 18 de diciembre. Sin embargo, dos meses después de su firma seguía sin transparentarse.
La Contraloría, en su examen especial determinó que el contrato fue publicado el 27 de enero de 2020. Es decir, 31 días laborables después de su firma, cuando la Ley establece un plazo de cinco días.
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No hubo estudios previos
La contratación se hizo sin contar con estudios previos de costos, ventajas e impacto, número de funciones, número de asistentes, movilización de personas con discapacidad, entre otros.
Tampoco el estudio de mercado fue idóneo. Ya que no se requirió el costo unitario por función para sustentar el precio referencial pagado. Por esto no se puede comparar el precio pagado con los precios de mercado.
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Depósito del anticipo en una cuenta no permitida
El 60% de anticipo del contrato (USD 1.465.200) fue depositado en una cuenta corriente de un banco privado, en la que el Estado no tenía la participación requerida por la normativa y definida en los mismos pliegos del contrato.
Tampoco verificaron que aquella cuenta corriente estuviese relacionada con el objeto del contrato. Lo cual impidió al equipo de auditoría hacer el control posterior.
Tras la terminación unilateral del contrato por parte del MIES, en septiembre de 2020, el contratista devolvió USD 373.130 a la entidad.
PRIMICIAS solicitó una respuesta del MIES sobre el tema, sin embargo, hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.
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