De los 253 abogados que iniciaron el proceso, solo 23 llegaron a la fase de pruebas prácticas. Ese es el penúltimo paso en la selección de los nuevos jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ).
Entre el 28 y el 29 de diciembre de 2020, los aspirantes que lograron avanzar hasta esta etapa se someterán a una evaluación de sus competencias técnicas y conductuales, capacidad analítica y la aplicación de los conocimientos en casos relacionados con la especialidad a la que aspiran.
Esta evaluación se realizará mediante audiencias simuladas.
Los finalistas tienen una sólida formación académica. Según los registros de la Secretaria de Educación Superior (Senescyt), 22 de los aspirantes tienen títulos de posgrado.
En promedio, los aspirantes tiene tres títulos de posgrado. Estos incluyen doctorados, maestrías, especializaciones y diplomados registrados en la Senescyt como de cuarto nivel.
Solo Walter Macías, quien aspira a un despacho en la sala penal, no tiene títulos de cuarto nivel en el registro público.
En cuando a la experiencia laboral, la mayoría de postulantes son funcionarios de carrera de la Función Judicial. 18 tienen experiencia como jueces de salas provinciales y distritales. Y cuatro han sido jueces nacionales por encargo.
A continuación una reseña de los perfiles de los 23 finalistas:
La práctica pesa más
Hasta el momento, los concursantes se han jugado 60 de los 100 puntos del concurso, entre la calificación de méritos y la prueba teórica. Mientras que la prueba práctica valdrá 40 puntos más.
Es decir, todavía la clasificación de los postulantes podría variar mucho.
En la sala penal, para la que hay cuatro vacantes, hay siete aspirantes. Es decir, la nota teórica podría determinar quiénes ganarán. Lo mismo ocurre en la sala de lo civil, en la que hay nueve aspirantes para dos vacantes.
La prueba teórica, en cambio, influirá poco en la sala laboral, donde hay tres aspirantes para tres puestos. En las salas tributaria y administrativa hay más vacantes que postulantes.
Luego de la prueba teórica, los aspirantes se someterán a audiencias públicas ante representantes de la sociedad civil y deberán responder a posibles impugnaciones ciudadanas.
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