La Corte IDH sentenció a Ecuador por violar las garantías judiciales, la libertad de expresión y la protección judicial de Vicente Grijalva Bueno, excapitán de la Marina.
Tras 17 años de servicio en la Fuerza Naval, Vicente Grijalva Bueno fue destituido injustamente. Pese a ello nunca se alejó de sus dos pasiones: el mar y la seguridad.
En 1992, el Consejo de Oficiales de la Armada lo separó de sus filas, con base en acusaciones falsas. Su proceso disciplinario fue una represalia a las denuncias por asesinatos y torturas cometidos por miembros de la Marina.
Desde ese año, Grijalva empezó un largo camino judicial. Finalmente, en agosto de 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) falló a su favor y responsabilizó a Ecuador de la violación de sus derechos.
En medio de los procesos legales, intentos de asesinato y persecución, Grijalva fundó una empresa: Munbici.
Esta entidad se dedica al mantenimiento de estructuras marítimas, cascos de buques, y otro tipo de servicios marítimos como logística y seguridad.
Vicente Grijalva posa durante una actividad de su empresa, en 2015. Facebook / Munbici
“Hoy solo puedo dar gracias a Dios. Estoy vivo y junto a mi familia”, dice Grijalva consultado por PRIMICIAS sobre el reciente fallo de la Corte IDH. Añade que la sentencia nunca fue por una reparación económica, sino por recuperar su honor y dignidad.
El capitán de Corbeta, en servicio pasivo, prefiere no profundizar sobre la sentencia, pues todavía está en análisis junto a su equipo jurídico. Además, está preparando un libro sobre su caso.
Presiones para acusar a Grijalva
En agosto de 1991, Grijalva era miembro de la Fuerza Naval de Ecuador. Era capitán de Corbeta y trabajaba en la Dirección General de Marina Mercante.
Dos sargentos a su mando se acercaron a Grijalva. Le informaron que el también capitán Fausto Morales Villota y otras marinos fueron los responsables de las detenciones ilegales y arbitrarias, las torturas y los asesinatos de Stalin Bolaños, Consuelo Benavides y el militar Elito Véliz.
De inmediato, Grijalva se acercó a su superior, el vicealmirante Tomás Leroux, y denunció estos hechos.
En febrero de 1992, a Grijalva lo nombraron capitán de puerto en Puerto Bolívar, provincia de El Oro. Y en julio de ese mismo año, el Servicio de Inteligencia naval le inició una investigación por denuncias de marinos y civiles.
Luego el Servicio de Inteligencia aprobó un informe reservado. En ese documento se aseguró que Grijalva recibió 300.000 sucres por un trámite administrativo, que no valía más de 5.260 sucres.
También se lo responsabilizó por, supuestamente, autorizar el transporte de combustible de contrabando hacia Perú.
Más adelante, entre 1993 y 1998, los marinos que denunciaron a Grijalva aceptaron que declararon bajo presiones psicológicas. Incluso, uno de los denunciantes indicó que lo llevaron a Quito y lo sometieron a interrogatorios y torturas para que acusara a Grijalva.
La condena y las sanciones
En octubre de 1992, el Consejo de Oficiales Superiores de la Fuerza Naval destituyó a Grijalva y esa decisión quedó en firme un mes después, el entonces presidente Sixto Durán Ballén firmó el decreto 264.
Además, en marzo de 2000, el Juzgado de Derecho de la Primera Zona Naval condenó a Grijalva por abuso de facultades y le impuso 200 días de prisión correccional en la Cárcel Naval de San Eduardo del Cuerpo de Infantería Marina de Guayaquil.
De manera simultánea, Grijalva emprendió acciones legales para su restitución. El 12 de septiembre de 1995, el Tribunal de Garantías Constitucionales ordenó su reintegró a la Fuerza Naval.
Pero el Ministerio de Defensa del Gobierno de Durán Ballén se negó a acatar ese fallo judicial. “Se está fomentando deliberadamente la indisciplina, el irrespeto a la jerarquía militar y a sus organismos”, respondió esa institución.
En agosto de 2017, Lorena Escudero, ministra de Defensa del gobierno de Rafael Correa, finalmente dijo que reincorporar a Grijalva era inviable, ya que en su contra había una sentencia penal y cerró el caso.
Las denuncias que iniciaron el caso
Stalin Bolaños, Consuelo Benavides y el militar Elito Véliz, asesinados en Ecuador durante el gobierno de León Febres Cordero, fueron las denuncias que iniciaron el caso de Grijalva en la Corte IDH.
El 4 de diciembre de 1985, se detuvo a Consuelo Benavides por supuestas actividades subversivas. Benavides era docente y tenía vinculación con el grupo guerrillero Alfaro Vive Carajo.
Nueve días después, se halló el cuerpo de Benavides en un potrero de una hacienda cercana a Rocafuerte, en la provincia de Esmeraldas.
En 1998, el Estado ecuatoriano reconoció que Benavides fue detenida por miembros de la Fuerza Naval en Quinindé, y posteriormente, asesinada.
Meses antes, en octubre de 1985, en la Base Naval de Balao, también en Esmeraldas, fue asesinado el teniente Arturo Sotomayor. Según Grijalva, ese crimen lo ordenó el Servicio de Inteligencia.
En medio de las investigaciones, un marinero declaró que en el crimen estuvo involucrado su compañero Elito Véliz, quien habría ingresado a la Base en compañía de un grupo de integrantes de Alfaro Vive Carajo y asesinaron a Sotomayor.
Acusado del asesinato, se detuvo a Véliz y se lo sometió a interrogatorios y torturas. Bajo esa presión confesó su participación en el asesinato de Sotomayor, y vinculó a ese caso a Stalin Bolaños. Días después, Véliz murió en el Hospital Militar de Quito.
Mientras tanto, en Esmeraldas detuvieron a Stalin Bolaños, un albañil de 22 años. Su familia intentó su liberación a través de hábeas corpus, pero no obtuvo respuesta. Finalmente, el 9 de junio de 1987, la Fuerza Naval confirmó que Bolaños falleció “por efectos del interrogatorio”.
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