El excontralor de Ecuador, Carlos Pólit, enfrenta una pena de máximo 20 años por cada uno de los cuatro cargos relacionados con lavado de activos.
Para el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el veredicto contra el excontralor Carlos Pólit, acusado de participar en un esquema de cohecho y lavado por más de USD 10 millones, constituye una muestra de que el gobierno estadounidense está "comprometido en colaborar con Ecuador para llevar a los criminales ante la justicia".
La declaratoria de culpabilidad contra Pólit fue anunciada la tarde del 23 de abril, luego de un juicio de dos semanas en una corte federal de Florida, Estados Unidos.
Pólit, de 73 años y que en 2018 fue condenado en Ecuador a seis años de prisión, enfrentaba en Miami seis delitos por "conspiración para cometer lavado dinero, lavado de dinero y realizar transacciones de propiedad derivada de actividades ilícitas", según el expediente.
Tras conocer el fallo, el Departamento de Justicia estadounidense señala además que este "veredicto, tras varios años de investigación en un proceso judicial, demuestra que la justicia verdadera toma tiempo y requiere determinación".
También expresa que en los casos de corrupción, como el proceso contra Pólit, la cooperación internacional es clave.
"Que este caso sea un precedente para que ningún funcionario público asuma que está por encima de la ley en nuestros países", añadió el comunicado.
Luego de la decisión del jurado, la jueza Kathleen Williams deberá emitir una sentencia en la que establezca la pena que se le impondrá al excontralor.
Pólit enfrenta una pena de máximo 20 años por cada uno de los cuatro cargos relacionados con lavado de activos, y una pena de 10 años por cada uno de los dos cargos de participar en transacciones con recursos provenientes de actividades criminales
La Fiscalía pidió también el decomiso de dos propiedades de Pólit en Miami que, según la acusación, son resultado de sus actividades delictivas en la operación de lavado de dinero.
Entre 2010 y 2016, el ecuatoriano presuntamente solicitó y recibió más de USD 10 millones en pagos de sobornos de Odebrecht SA, el poderoso conglomerado de construcción con sede en Brasil, según la acusación.
Lo hizo, utilizando su "posición oficial" para influir en las acciones oficiales de la Contraloría en beneficio de Odebrecht y sus negocios en Ecuador.
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