Carlos Riofrío, el contralor subrogante en funciones, dialogó con PRIMICIAS sobre las necesidades de reforma en la institución, la polémica con la Asamblea por la publicidad de las glosas y el nuevo informe que deberán pedir las instituciones públicas previo a los procesos de contratación.
En los últimos días, la Contraloría y la Asamblea estuvieron envueltas en un vaivén de oficios y respuestas. Todo surgió por los pedidos del legislador Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, sobre las glosas que tendrían al menos 30 asambleístas.
La Contraloría se niega a hacer pública esta información, pues aún está en proceso de investigación y determinación de responsabilidades.
Carlos Riofrío, el contralor subrogante en funciones desde junio pasado, dialogó con PRIMICIAS sobre esta polémica y sobre las nuevas atribuciones de la Contraloría con respecto a la contratación pública.
¿Por qué no se puede hacer pública la información de las supuestas glosas de los asambleístas?
Los pedidos de los asambleístas giran en torno a información que es personal y personalísima de los ciudadanos que siendo sujetos de una acción de control en la Contraloría. Como servidores públicos, se les ha determinado una responsabilidad administrativa civil, y en ciertos casos indicios de responsabilidad penal.
Pero los pedidos de la Asamblea buscan obtener información que todavía, en algunos casos, está en proceso de estudio. En otros casos ya se han determinado confirmaciones, pero no existe todavía la conclusión, por el debido proceso y el derecho a la defensa que tiene todo ciudadano, tienen acceso a varios recursos.
¿Cuál es el proceso para que una glosa esté en firme y ya no existan más recursos?
¿Podemos saber qué porcentaje de estas predeterminaciones llegan efectivamente a ser glosas que se pueden ejecutar y cobrar?
No podríamos establecer un porcentaje, pues es algo realmente variable. Pero la mayoría de estas se confirman. En el periodo que estoy a cargo existen en valores que se han confirmado por USD 1.607 millones. De esto, realmente debe ser mínimo el porcentaje que no se confirme o se desvanezca.
Pero puede llegar a no confirmarse si se justifica documentadamente algo que ellos no presentaron como descargos dentro de la etapa del proceso de auditoría, o es posible que exista alguna caducidad por el tiempo que transcurre desde el hecho.
Según datos propios de la Contraloría, de los valores que se fijan, lo que se cobra es realmente mínimo. ¿Qué pasa?
Nosotros tenemos una unidad de coactiva, que se ha reforzado con la contratación de estudios jurídicos, a fin de que se agilice ese trámite, que no es muy fácil. En el proceso de recaudación tenemos que hacer embargos y es un proceso también legal que a veces demora.
Pero se está cobrando los valores que tienen que cobrarse. En muchos de los casos, también los auditados, ya cuando se les notifica, proceden a la devolución a la cuenta de la institución.
Hay una glosa fijada por la Refinería del Pacífico por USD 1.200 millones. ¿Llega a cobrarse un valor así?
En ese caso se estableció una responsabilidad civil por USD 1.200 millones. Es el valor más alto que se ha establecido a través de la Contraloría. Sin embargo, el proceso sigue, tendrán que hacer inclusive embargo de cuentas para poder recuperar el dinero. Es una glosa solidaria, así que hay varios responsables que tendrán que responder por ese monto.
¿Cuánto tiempo tomará recuperar ese dinero?
No se puede calcular realmente qué tiempo nos demora todo el proceso porque todavía no han hecho el recurso de revisión, ni tampoco han seguido todo el proceso en el Contencioso
Administrativo. Eso demora un tiempo adicional.
Como decía, se ha contratado dos estudios jurídicos para que se encarguen de esta tarea de hacer cobranza, con un contrato debidamente suscrito, y se les pagará un porcentaje del valor cobrado. Entonces esperamos en los próximos meses tener mejores resultados por el cobro de responsabilidades administrativas.
Lo que ha dado buen resultado es el incremento de las notificaciones a los sujetos responsables, y ellos ya por propia voluntad propia están viniendo a hacer los depósitos.
El excontralor Pablo Celi y la excontralora Valentina Zárate hablan de que es necesaria una reforma integral a la Contraloría. ¿Opina lo mismo?
Creo que es importante una reforma integral, pero no cambiar absolutamente todo. Creo que todo es perfectible, se puede mejorar. Vemos que hay artículos de la Ley Orgánica de la Contraloría a los que se puede plantear una reforma que mejore y agilice el proceso.
La Asamblea está trabajando exclusivamente en el artículo 32 y 33, que es sobre la subrogación de las funciones cuando falte el contralor de manera temporal o definitiva.
Nosotros hablamos con la Comisión (de Justicia) de la Asamblea, que está encargada de la reforma, y les propusimos que no se enfoquen solo en esos dos artículos, sino que se verifiquen también otros que necesitan ser revisados y analizados. En función de eso, nos pidieron que hagamos una propuesta.
He pedido ya a la unidad de jurídica que realice una evaluación para hacerles una propuesta. Es un tema que demora un poco, unos dos o tres meses.
El presidente Guillermo Lasso le pidió que revelen todo lo que estaba “en el cajón”. ¿Han encontrado algo? ¿Qué pasó con el informe del Ministerio del Interior en el tiempo de José Serrano?
Hemos hecho un cruce de información respecto a la emisión de órdenes de trabajo, que es el origen de la auditoría, y en función de esto hemos determinado que no existe ningún informe que está paralizado o que no se ha ejecutado. Hemos hecho una verificación y no tenemos ningún informe que no se haya dado trámite, o que esté oculto.
A pesar de las críticas y cuestionamientos, la Contraloría sigue siendo el lugar al que políticos y ciudadanos recurren. Ahora incluso tendrán nuevas responsabilidades sobre contratación pública. ¿Pueden abarcar todo esto?
La historia de la Contraloría ha sido exactamente la misma siempre. Yo cumplí 30 años en la Contraloría y siempre se ha manejado de la misma manera: a través de denuncias y pedidos, y de un plan de control que lo elaboramos anualmente.
Entonces ya es muy común que las instituciones soliciten el apoyo, como auditoría interna o externa para que se practiquen exámenes especiales y los controles a través de las recomendaciones. Esto les permite llevar una mejor administración de los recursos públicos.
El nuevo informe de pertinencia para las contrataciones. ¿Cómo puede ayudar a frenar irregularidades en las compras públicas?
¿Y qué pasa cuando se detectan estas proformas irregulares o estudios de mercado mal hechos?
La Contraloría puede realizar posteriormente una acción de control que evalúe inclusive esta fase de preparatoria (del proceso de contratación pública) en la que se emite el informe de pertinencia.
El tiempo que está determinado en el Reglamento para la emisión del informe son 15 días. Nosotros estamos batiendo récord, porque se está entregando los informes máximo en cinco días. Esto, para que no sea el el justificativo de que la Contraloría está coartando el
tiempo y que se demoran los procesos.
Cuando se niega, nuevamente la institución tiene que volver a presentar, las veces que sean necesarias, una nueva solicitud y eso empieza desde cero nuevamente.
¿Cuánto le costará a la Contraloría la emisión de estos nuevos informes?
Hasta mi llegada al despacho, no se había todavía elaborado el Reglamento para la aplicación de la ley. Tuvimos una coordinación excelente con la Presidencia de la República; se pusieron dos equipos de trabajo y el reglamento se elaboró prácticamente en dos semanas, lo que determinó exactamente hasta dónde la Contraloría podía asumir esa responsabilidad. Por eso se estableció el monto de los USD 966.000.
Iniciamos recién con 10 profesionales en Derecho y en otras áreas que sirven de apoyo, y con esos estamos funcionando hasta el momento y hasta dentro del primer año que se mantendrá el monto.
¿Cuántos informes aproximadamente esperan emitir durante este primer año?
No tengo exactamente el dato. Pero, para que tenga una idea, el Sercop tramita en promedio diario 1.200 procesos. De esos, los que sobrepasan el monto (de USD 966.000 para requerir el informe de pertinencia) generalmente son los gobiernos autónomos, porque son obras. El tema de seguros también nos han solicitado.
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