Tras escándalo de corrupción, la Asamblea piensa en reforma de la Contraloría

Política

Autor:

Estefanía Celi

Actualizada:

29 Jul 2021 - 0:05

El excontralor Pablo Celi, durante su comparecencia en la Comisión de Fiscalización, este 26 de julio de 2021. - Foto: AN

Tras escándalo de corrupción, la Asamblea piensa en reforma de la Contraloría

Autor:

Estefanía Celi

Actualizada:

29 Jul 2021 - 0:05

La Ley orgánica que norma al ente de control está vigente desde 2002, y no ha sufrido mayores cambios en los últimos años. El juicio político contra Pablo Celi recomendará una reingeniería de la institución.

El proceso de juicio político contra el excontralor Pablo Celi ha abierto la puerta para identificar una serie de problemas internos de la Contraloría, que al parecer llevaban años.

La crisis institucional de la entidad, por lo tanto, tendrá que resolverse a través de una reforma en la Asamblea Nacional.

La Ley Orgánica de la Contraloría está vigente desde junio de 2002 y, desde entonces, ha sufrido pocos cambios, a través de disposiciones reformatorias en otras leyes. Mientras tanto, hay 12 proyectos de reformas al texto, que datan desde 2010, pero siguen en trámite.

Aparte de todas estas iniciativas está el proyecto de Tribunal de Cuentas, propuesto por el mismo Celi y que buscaba una transformación profunda del ente de control.

A esto se suma también que el informe del juicio político a Celi incluirá entre sus recomendaciones una reingeniería a la institución. Se prevé que el documento señalará los puntos críticos en los que se necesitan cambios, de acuerdo con lo que se identificó durante las comparecencias.

Los problemas de la actual ley

Las comparecencias como parte del juicio político contra Celi revelaron que la estructura misma de la Contraloría tiene problemas. La excontralora Valentina Zárate incluso llegó a asegurar que una posible mejora en la institución no dependen de la persona que esté a cargo, pues hay un “enjambre” de malas prácticas.

También se señalaron los vacíos legales y las diferentes interpretaciones que se puede dar a una ley tan antigua. Un ejemplo es el problema del plazo de caducidad de los exámenes especiales, que tiene distintas interpretaciones: la ley establece 180 días para la ejecución de las auditorías, pero un pronunciamiento de la Procuraduría dice que son días laborables.

Otro problema identificado es la dificultad que tiene la Contraloría para cobrar las glosas impuestas. Por ejemplo, entre junio de 2017 y abril de 2021, se emitieron glosas y órdenes de reintegro por USD 2.873 millones. Pero solo se han logrado recuperar USD 15,07 millones.

Y el vacío identificado más recientemente: que la ley no especifica qué hacer ante la ausencia definitiva del contralor y el subcontralor.

Este último tema es el que, en el trámite legislativo, apuró las cosas. Los asambleístas Ángel Maita (Pachakutik) y Francisco Jiménez (Creo-BAN) presentaron propuestas de reformas para el reemplazo del contralor en estos casos.

Maita propone que el Consejo de Participación pueda designar a un contralor temporal. Mientras que Jiménez, que el reemplazo sea el siguiente mejor puntuado en el concurso de selección.

Este 28 de julio de 2021, la Comisión de Justicia ya avocó conocimiento de los proyectos.

Reformas en el olvido

Para la Asamblea, las reformas a la Ley de la Contraloría no han sido un prioridad. La prueba de esto es que en el Legislativo reposa desde mayo de 2012 un informe para segundo debate que propone cinco cambios a la normativa.

Este proyecto contiene propuestas del expresidente Rafael Correa y los exlegisladores Paco Fierro y Vethowen Chica (2009-2013). E incluye cambios al artículo que norma la recaudación, por vía coactiva, de las glosas.

Entre las propuestas de ley pendientes también está un proyecto planteado en el anterior período por Lourdes Cuesta, de una ley interpretativa al artículo 26 de la Ley de la Contraloría. Este artículo es el del problema de los plazos en informes caducados.

También están represados en la Comisión de Justicia:

  • Un proyecto de Vicente Almeyda (PSC) para fortalecer el control previo de la Contraloría.
  • Uno de Patricia Henríquez (PSC) para revisar a empresas con concesiones estatales.
  • Y uno de Ximena Ponce (AP) y otro de Henry Llanes (ID) para ampliar la capacidad de control en investigaciones relacionadas con delitos imprescriptibles como el peculado.

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