Una exfuncionaria de la entidad de control reveló que hay más de 1.100 informes caducados, con los que ya no se podrá sancionar a los responsables porque los plazos ya vencieron.
Los problemas internos de la Contraloría salen a la luz mientras avanzan las comparecencias dentro del juicio político en contra del excontralor Pablo Celi. Las revelaciones demuestran cómo en la institución había acciones que permitían que sus investigaciones no tengan ningún poder de sanción.
Michelle Cedeño, exfuncionaria de la Contraloría, compareció este 22 de julio de 2021 ante la Comisión de Fiscalización. Y sus declaraciones revelan una serie de acciones de los funcionarios de la institución, que terminarían perjudicando a la misma Contraloría.
Cedeño fue directora de Predeterminación de Responsabilidades y de Recursos de Revisión en la Contraloría. Fue separada de la institución a inicios de julio, con la entrada del nuevo contralor encargado, Carlos Riofrío.
Desde sus cargos directivos, Cedeño aseguró que buscó la manera de subsanar la situación de 1.125 informes caducados. Pero que recibió presiones de los directores de auditoría para avanzar con su trámite a pesar de que esto podía causarle problemas a la Contraloría.
El camino de los 1.125 informes caducados
Cedeño narró que recibió un informe de Patrocinio Legal de la Contraloría en el que le informaban sobre unas sentencias de la Corte Nacional de Justicia y de la Corte Constitucional que hablaban específicamente sobre el plazo para aprobar exámenes especiales, y las sanciones que derivan de ellos.
El artículo 26 de la Ley de la Contraloría da 180 días entre la orden de trabajo y la emisión del informe de auditoría, y luego 30 días más para la aprobación por el Contralor General. Las sentencias señalan que, fuera de esos tiempos, los informes -y las responsabilidades que de ellos deriven- no son válidos.
Este fue justamente el argumento en el caso Singue, por ejemplo. El Tribunal Contencioso Administrativo terminó dándole la razón al exministro Wilson Pástor y a otro exfuncionario, pues el informe sobre la adjudicación del campo Singue tomó casi un año.
Con esta base, Cedeño asegura que pidió un informe jurídico para conocer qué hacer con los 1.125 informes cuyo trámite había sobrepasado los 180 días. Buscaba saber qué hacer con esos informes, que ya estaban listos para determinar responsabilidades.
La exfuncionaria narró que, con base en ese informe, devolvió los informes a las diferentes direcciones de auditoría que realizaron las investigaciones, para que subsanen el tema de los plazos. Pero sus directores se negaban a recibir los expedientes de vuelta.
Cedeño contó que incluso algunos directores fueron a devolver las cajas a su oficina, y la abordaron para presionar a que no devuelva los exámenes. Pero finalmente tuvieron que llevárselos de vuelta.
El 7 de julio de 2021, fue notificada con su desvinculación de la Contraloría, ya en la gestión de Carlos Riofrío. Y ese mismo día, según narró, devolvieron los expedientes de los informes caducados a Predeterminación de Responsabilidades.
"Cuando yo salí, las cajas estaban en el pasillo. Pero yo me negué a recibirlas porque ya había sido notificada".
Michelle Cedeño, exfuncionaria de la Contraloría
¿Qué pasa con esos 1.125 informes ahora?
La excontralora encargada Valentina Zárate narró un día antes que el criterio jurídico sobre los informes caducados cambió con el relevo del director jurídico de la Contraloría. Y que, por lo tanto, los informes caducados volvieron a su trámite como si no lo estuvieran.
De hecho, en la página de la Contraloría constan 48 exámenes especiales publicados en lo que va de julio hasta el cierre de esta nota, el 22 de julio de 2021. Entre ellos, hay informes que estarían caducados, según este criterio.
Una revisión aleatoria realizada por PRIMICIAS evidencia que, por ejemplo, un informe a contratos del Ministerio de Transporte tiene orden de trabajo de septiembre de 2020, pero fue aprobado recién en julio de 2021. Otro examen a Ecuador Estratégico comenzó en abril de 2020, y salió casi un año después, en marzo de 2021.
PRIMICIAS solicitó a la Contraloría, a través de su departamento de Comunicación, una respuesta sobre estos señalamientos; se informó que este estaría listo para hoy, 23 de julio.
Sin embargo, adelantaron que hay un pronunciamiento de Procuraduría General del Estado que puntualiza que los 180 días son laborales (es decir, unos nueve meses) en la elaboración del examen, y 30 más (un mes y medio) para la firma del Contralor, desde su notificación. Es decir que todo el trámite debería tomar unos 11 meses.
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