Maldonado: "La Judicatura ha destituido a 159 servidores desde 2019"

Las polémicas alrededor de casos judiciales y las sanciones a jueces por sus actuaciones han causado polémica en las últimas semanas. Irregularidades en el sorteo de causas, en la elaboración de dictámenes y en el desempeño de los jueces son algunos ejemplos.

La presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, cuenta a PRIMICIAS cuáles son las limitaciones que tiene la entidad y cómo se están llevando las investigaciones y procesos internos para tratar este tipo de casos.

En Arenillas hay el caso de un juez que también se desempeñaba como abogado privado. ¿Cómo sucedió eso?

De manera insólita, tuvimos conocimiento de que un juez ha estado ejerciendo la profesión de manera privada, lo cual vulneraría una disposición del Código Judicial. Procedimos, con el informe de transparencia, ha dictar una medida preventiva de suspensión.

El objetivo es evitar que se siga causando mayor daño en el servicio de justicia. Tenemos indicios importantes en el informe, las declaraciones de la usuaria acordando un valor por honorarios y los depósitos realizados a la cuenta bancaria del juez, como si estuviese en libre ejercicio.

¿Cómo se dieron cuenta de que este juez también ejercía como abogado?

Porque recibimos la denuncia de la usuaria del servicio. Cuando el Consejo toma conocimiento de la situación, inicia con la investigación de la Dirección Nacional de Transparencia, que es nuestro brazo ejecutor en la lucha contra la corrupción.

Esto es inaudito y no lo podemos tolerar, porque infringe gravemente el Código de la Función Judicial y configuraría un sumario administrativo. Esto se está sustanciando en la Dirección Provincial de El Oro.

Más allá de las medidas administrativas, ¿puede haber otra sanción?

Esta actuación no configura una acción penal, sino una infracción administrativa. Sin embargo, no descartamos la posibilidad de que el Consejo de la Judicatura también presente una denuncia, en caso de configurarse como posible infracción penal, por no ejercer la profesión pero sí solicitar dinero siendo funcionario público.

Esto todavía está por decidirse.

En el caso Bucaram se declaró negligencia de una jueza. ¿Qué significa?

Cuando hay un error, en cuanto al criterio usado por los operadores de justicia dentro de un proceso jurisdiccional, no podemos sancionar. A menos que se configuren dos elementos: la denuncia o comunicación judicial y la declaración jurisdiccional previa de que hay un error inexcusable o manifiesta negligencia.

Una vez que tenemos las dos condiciones se abre el sumario, ya que la Corte Constitucional negó la facultad de que el Consejo de la Judicatura inicie de oficio el sumario disciplinario en estos casos.

Entonces, en este caso se ha dispuesto la suspensión de la jueza. Porque el objetivo de esta medida preventiva es evitar un daño mayor a la prestación del servicio de justicia. Y se está sometiendo a control disciplinario en Pichincha, para que inicie la investigación respectiva y de las acciones que correspondan.

¿Alcanza con las medidas provisionales y sanciones administrativas?

Hay dos vías, la una es la jurisdiccional y la otra la administrativa. Nosotros hacemos lo que nos corresponde en la vía administrativa. Los jueces hacen lo que les corresponde en la jurisdiccional y dejaron insubsistente el auto de nulidad declarado por la jueza y aceptaron el recurso de apelación presentado por la Fiscalía.

Pero estos últimos son temas de administración de justicia, en los que nosotros no intervenimos.

¿Cuántos casos de presunta corrupción de jueces han registrado en lo que va del año?

Tenemos cifras de las sanciones disciplinarias. Tenemos una general y que de ninguna manera es una cifra menor: hemos destituido a 159 servidores judiciales.

Han sido destituidos 60 jueces, 18 fiscales, nueve defensores públicos y otros 72 funcionarios.

En 2019 fueron 77, en 2020 fueron 46 y en lo que va de 2021 tenemos 36 destituciones. Es una cifra que revela lo que nosotros hacemos.

Esto sin contar con las otras sanciones que son: 128 suspensiones y 200 amonestaciones. Pero estas sanciones no siempre se relacionan con delitos de la vía jurisdiccional, ya que nosotros sancionamos por infracciones disciplinarias.

La Judicatura determinó presuntas irregularidades en el sorteo de las acciones presentadas por el exalcalde Jorge Yunda. ¿Qué dice el informe elaborado sobre estos casos?

Son dos informes. Pero ninguno de ellos es concluyente, puesto que las investigaciones continúan y tienen que ver con estas irregularidades que nosotros mismo dimos a conocer a la opinión pública.

Pero no hay vulneraciones al sistema, lo que hubo fue un mal uso del ingreso de los datos que requiere el sistema. Como ya sabemos, los casos pese a ser de garantías jurisdiccionales, se ingresaron como de violencia y de cobro de honorarios. Esas son las irregularidades.

Una vez que dispuse la auditoría en el ámbito de provincias, ya se elaboró la metodología para hacerlo, ya que es un universo de causas.

Este es un modus operandi de varios operadores de justicia, que ingresan, especialmente, los casos de garantías jurisdiccionales como otras causas.

Adicionalmente, continuamos con los procesos disciplinarios en contra de estos seis servidores que continúan suspendidos, como medida preventiva.

Con este escenario, ¿podemos hablar de un problema estructural en los sorteos judiciales?

No lo llamaría así, dado que son cientos de sorteos que se hacen diariamente, por provincias. Pero sí hay un modus operandi de determinados servidores judiciales, que se estarían prestando para esto.

Si hablásemos de una falla en el sistema o de una vulneración sería muy preocupante. Pero no existe esto, porque el sistema nos alertaría de intentos de vulneración y la Dirección Nacional de Tecnologías no ha recibido estas alertas.

Se trata de los servidores que ingresan la información a nivel de ventanilla. Ahí está el problema. Hay operadores de justicia que hacen esto para lograr un aparente direccionamiento de las causas.

También vale decir que hay buenos servidores que hacen su trabajo de manera adecuada, pero también hay de los otros. Por esa razón la auditoría es adecuada.

Todas estas actuaciones retrasan o impiden el acceso a la justicia, ¿qué pueden esperar los ciudadanos de este sistema?

Una es la administración de justicia, que es responsabilidad de cada juez, y por otro lado está la prestación del servicio de justicia, que es responsabilidad del Consejo de la Judicatura.

Son dos cosas diferentes, dos cosas que no podemos mezclar, porque sería injusto que sobre las actuaciones de los jueces se juzgue al Consejo.

Lo que tiene que ver con nosotros, por ejemplo, y que lo estamos haciendo es analizar el perfil de la jueza María Belén Domínguez (caso Yunda). Hemos hecho un hallazgo terrible: que al momento en que fue designada como tal no había un perfil que cumplir para el cargo.

Pero en nuestra administración hemos implementado perfiles, incluso para la designación de nuestro propio personal de libre nombramiento y remoción. Por ejemplo, los directores provinciales tienen que tener mínimo seis años de ejercicio profesional.

Sin embargo, antes los Consejos de la Judictatura no se han sabido manejar con determinados perfiles y no sabemos qué ha pasado en los procesos de selección de jueces.

Necesitamos que los propios jueces nos digan qué concurso ganaron, de qué año, cuál fue su calificación.

Precisamente, en el pleno del martes 27 de julio, el Consejo de la Judicatura ha dispuesto una actualización de datos, para que los propios jueces nos digan qué concurso ganaron, de qué año, cuál fue su calificación, cuál fue la resolución con la que fueron nombrados ganadores.

Caso contrario no tenemos la certeza de cómo fueron esas designaciones, que no nos corresponden a nosotros, porque nuestra gestión empieza en 2019.

Todo esto mientras la Judicatura lleva a cabo nuevos procesos de selección de jueces y fiscales.

Hicimos la evaluación de más de 800 fiscales. Hicimos la evaluación de Corte Nacional en 2019 y procesos de selección en 2020. Ahora estamos finiquitando detalles para iniciar el concurso de fiscales provinciales.

Es un proceso arduo, largo y complejo, que requiere fondos y personal que no tenemos. Porque estuvimos obligados a reducir la masa salarial y para no tocar a los servidores jurisdiccionales, tuvimos que hacer una reducción del personal administrativo.

Pese a todos estos inconvenientes y obstáculos, venimos avanzando con este proceso.