Los miembros del organismo piden la renuncia de su presidente, por la haberse beneficiado de los privilegios de tener carné de discapacidad que, dicen, lo obtuvo irregularmente. Interrupciones, micrófonos silenciados y acusaciones marcan la tónica de sus sesiones.
Christian Cruz se aferra al poder. Aunque cinco de sus seis compañeros en el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) le pidieron su renuncia a la presidencia del organismo la noche del 22 de julio de 2020, por presuntas irregularidades en la obtención de su carné de discapacidad, se rehusó a salir.
La atropellada sesión se suma a la lista de polémicas que acumula el organismo, cuestionado por su imposibilidad de acción ante la corrupción. El Cpccs incluso podría desaparecer en los meses siguientes si la iniciativa de reforma constitucional que busca su eliminación se aprueba en la Asamblea.
Las críticas al Consejo de Participación vienen de hace años. Justamente esto es lo que derivó en la consulta popular de 2018, impulsada por el presidente Lenín Moreno, que instaló un Consejo Transitorio y cambió la forma de designación de sus integrantes.
El actual Consejo está conformado por siete personas electas mediante votación universal. Pero cuatro de ellas, incluido el sacerdote José Tuárez, que presidía el organismo, fueron removidas a los pocos meses después de un juicio político y varios escándalos.
Ahora, el presidente del Cpccs está en medio de la polémica. Según documentos mostrados por la consejera María Fernanda Rivadeneira, el carné de discapacidad de Cruz habría sido obtenido con documentos presuntamente falsificados e incluso habla una investigación penal en su contra.
Una discapacidad calificada sin un médico
Según el carné que tiene registrado Christian Cruz, él tiene una discapacidad visual del 81%. Fue obtenido en 2009 y salió a la luz en medio del escándalo por las irregularidades en la obtención de estos documentos derivado del caso de Daniel Salcedo.
Meses después de obtener el carné, en 2010 Cruz concursó en el proceso de méritos y oposición para entrar en el Cpccs. En ese tiempo, el concurso estaba a cargo del Consejo Nacional Electoral (CNE), entonces presidido por Omar Simon.
Tener una discapacidad contaba como “acción afirmativa” en ese concurso, y le otorgaba puntaje adicional a Cruz. Pero, según documentos publicados por Rivadeneira, el CNE detectó irregularidades en la obtención del carné.
El principal problema es que la certificación de la supuesta discapacidad del ahora presidente del Cpccs fue otorgada por un optómetra, es decir, por un técnico, no un médico oftalmólogo.
El CNE realizó la investigación y encontró que dentro de la Fundación que le otorgó la certificación, se presumía de una falsificación de documentos.
Un documento firmado por el encargado de la Fundación señala que “el certificado que presentó esta persona (Cruz) al Conadis se encuentra adulterado”. La investigación incluso llegó a la Fiscalía, pero fue archivada.
Esta nueva denuncia se suma a otra ya presentada por Rivadeneira, pues Cruz se habría beneficiado de la reducción de impuestos con su carné de discapacidad. Posee un vehículo Toyota Fortuner 4×4 de 2016, por el que pagó impuestos con descuento por su discapacidad.
Además, Cruz tiene el carné de discapacidad aunque cuenta con una licencia profesional tipo E, que le permite manejar vehículos pesados.
Tropiezo tras tropiezo
El actual Consejo de Participación, dirigido por Cruz, atraviesa pugnas internas casi desde su integración, tras la destitución de Tuárez en agosto. Sin grupos definidos, los siete consejeros toman sus decisiones de acuerdo al tema.
Estos problemas internos hacen que los Plenos de la institución duren horas, no se pongan de acuerdo en los cambios del orden del día, haya acusaciones entre los consejeros y por último, con las sesiones virtuales, hay que sumarle los problemas de conectividad y el control sobre el uso de la palabra.
La sesión de la noche del 22 de julio es solo una muestra.
Para aprobar la resolución con la que se pide la renuncia de Cruz, la consejera Ibeth Estupiñán apeló la presidencia del Pleno. La vicepresidenta, Sofía Espín, entró a actuar; pero tras la votación, Cruz retomó el control de la sesión sin votación y silenció el micrófono de sus compañeras.
Mientras Cruz hablaba y mantenía los micrófonos en silencio, las consejeras mostraban carteles en los que pedían hablar.
Aseguró que renunciará cuando demuestren las irregularidades que ha cometido y sostuvo que es inocente y no tiene de qué defenderse. Dijo que su discapacidad se originó en golpes que recibió, pues practica karate, y que su actuación es lícita.
Horas antes, Cruz se defendió a través de un video que muestra partes de los documentos remitidos por Rivadeneira. En el pleno, acusó a la consejera de “destilar veneno” y de tener “intereses políticos”.
Todas las sesiones mantienen el mismo tono. En una ocasión anterior, el consejero Francisco Bravo aseguró que sus compañeras “seguramente deben estar ahorita chateando o utilizando el maquillaje y por lo tanto no escuchan”.
El actual Cpccs además nombró a Roberto Wohlgemuth, exsubsecretario de la Administración en el Gobierno de Rafael Correa, como miembro de la veeduría al concurso de frecuencias que está en proceso. La designación se dio días antes de que Facebook eliminara cuentas “troll” relacionadas con Wohlgemuth.
En ese escenario, en la Asamblea se tramitan dos iniciativas que afectarán al Consejo. La una busca eliminarlo totalmente, mientras que la segunda intenta quitarle su principal función: la designación de autoridades. Ambas se definirán antes de fin de año.
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