Nívea Vélez, exasambleísta por Loja, recibió una sentencia de un año de prisión, aunque es un fallo de primera instancia, por lo que la acusada puede apelar y luego ir a casación.
La decisión la tomó, por unanimidad, el Tribunal Penal de la Corte Nacional, conformado por los jueces Mercedes Caicedo, Marco Rodríguez y Adrián Rojas.
Vélez es señalada por el delito de concusión, ya que -supuestamente- cobró los denominados ‘diezmos’ a sus asesores legislativos a cambio de estabilidad laboral.
Wilson Toainga, fiscal subrogante, presentó 125 pruebas documentales, ocho peritos y 14 testigos para probar su teoría del caso.
Antes de que la sentencia se ejecute, Nívea Vélez tiene la posibilidad de presentar dos recursos más: apelación y, posteriormente, la casación.
De esta manera, Vélez se convierte en la tercera sentenciada por el cobro de ‘diezmos’ a sus colaboradores en la Asamblea Nacional. Antes fueron condenadas Norma Vallejo y María Alejandra Vicuña y también es procesada la exasambleísta Karina Arteaga.
Las tres fueron legisladoras por Alianza PAIS.
El caso
Nívea Vélez es una política lojana. Tiene un amplio recorrido en la función pública. Según los registros de la Contraloría General del Estado fue concejala en el Municipio de Loja, asambleísta por su provincia (2009-2013), viceprefecta de Loja (2014-2019).
La acusación se refiere a su etapa como legisladora. Fue electa por el Movimiento Municipalista por la Integridad Nacional e integró la Comisión de los Trabajadores.
En este caso, la denuncia proviene de Vicente Ogoño, quien fue asesor 1 en el despacho de Vélez entre 2012 y 2013.Su salario era de USD 3.340 y Vélez supuestamente le exigía USD 1.668 al mes.
Con este dinero se financiaba el movimiento político Convocatoria, que presidía la entonces asambleísta. Pero Ogoño no habría sido la única víctima, según los cálculos de la Fiscalía, Vélez exigió USD 40.440 entre 2019 y 2013 a sus subalternos.
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