Batalla judicial del Estado contra los hermanos Isaías se dirime en tres frentes

En Florida se ventila el juicio que el Estado ecuatoriano planteó en 2013, para tratar de recuperar los bienes que los empresarios tienen en Estados Unidos y que fueron supuestamente obtenidos con el dinero de los clientes del quebrado Filanbanco.

Ese proceso está ahora en etapa de apelación, ante la Corte de Apelaciones del Tercer Distrito de Florida. La sentencia de primera instancia desechó la demanda del Estado, bajo el argumento de que las sentencias dictadas en Ecuador sobre la insolvencia de los acusados trataban los mismos temas que el caso de Florida.

Esta es la tercera ocasión que este proceso sube a instancias de apelación. Las dos primeras, los fallos fueron a favor del Estado. El procurador Salvador espera que haya una resolución en los próximos cuatro a seis meses.

La defensa de los hermanos Isaías Dassum propuso una mediación al Estado ecuatoriano para recuperar los activos incautados en 2008 por la desaparecida Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), a través de una demanda por USD 2.000 millones de indemnización por presuntos daños y perjuicios.

Las instituciones demandadas son el Banco Central del Ecuador, la Superintendencia de Bancos, la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliar, y la Unidad de Gestión y Regularización, que fue agregada en la última parte del proceso.

Por ello, el plazo de 30 días que tenía el Estado para responder, hasta el pasado 13 de mayo, se extendió. El nuevo periodo se contará una vez que dicha Unidad sea citada.

Los hermanos Isaías Dassum fueron sentenciados por peculado, en 2012, por un caso de abuso de fondos de préstamos de liquidez entregados por el Banco Central del Ecuador (BCE) a Filanbanco de septiembre a diciembre de 1998.

Según su abogado, Ricardo Noboa, sus representados no pretenden litigar hasta el final, sino llegar a un acuerdo en el que están dispuestos a recibir los bienes incautados.

El jurista afirma que no hubo una sola resolución de incautación en ese entonces, sino 50, relacionadas con decenas de empresas, bienes inmuebles, vehículos, activos de negocios en marcha y la cartera de Filanbanco “que se entregó y que el Estado cobró y tampoco ha rendido cuentas”.

Y, sobre la prohibición de devolución de bienes, Noboa precisó que no demandaron al Estado con base al juicio penal por peculado, sino al juicio civil que el Banco Central instauró contra los hermanos Isaías.

El último caso, que revivió el 10 de mayo de 2022, nació de una medida cautelar de 2018 sobre la base de un dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU, según la información remitida por los hermanos Isaías.

Cuatro años después, un juez de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Guayaquil resolvió la devolución de los bienes incautados, pero de aquellas propiedades que no hayan sido vendidas, donadas o cedidas.

El magistrado convirtió las medidas cautelares en una acción de protección que interrumpe la ejecución del proceso de incautación de 2008, por declararla ilegal. La Procuraduría también presentó una apelación, que deberá ser conocida por la Corte Provincial de Guayas en los próximos días.

Según el Procurador, el informe del Comité no es vinculante para el Estado ecuatoriano y no decía que el país debía devolverles los bienes incautados, sino que tenía que darles la posibilidad de un juicio justo. Pero al no tratarse de una sentencia de un tribunal internacional no podría hacerse valer en Ecuador.

Para Jorge Zavala Egas, procurador judicial de los hermanos Isaías, la sentencia que ratificó la inocencia de sus defendidos en mayo de 2021, les da la razón. Y todo esto dio pie a que, en el proceso civil para determinar sus obligaciones económicas, el Estado repare la vulneración de sus derechos durante el proceso de incautación, entre 2008 y 2012.