El número de procesados, la cantidad de pruebas y de diligencias que se han realizado han contribuido para el alargamiento del proceso penal.
El caso ‘Sobornos 2012-2016’ se encuentra a puertas de su etapa final. La jueza Daniella Camacho está deliberando si llama o no a juicio a los 24 detenidos.
El pasado 25 de noviembre, luego de 11 días de audiencia preparatoria de juicio, la fiscal general Diana Salazar ratificó su solicitud de que se juzgue a todos los procesados.
Desde ese día el caso quedó en suspenso. La jueza Camacho indicó que analizará toda la información y fijaría hora y fecha para informar su decisión.
Si bien los primeros hechos relacionados a este caso se hicieron públicos el 30 de abril, con una nota periodística. El 4 de mayo la Fiscalía informó la apertura de una indagación previa y ordenó la detención de Pamela Martínez y Laura Terán.
Este lunes 2 de diciembre de 2019, el caso cumple 212 días desde que se inició penalmente.
El caso se alargó
Los 212 días, y contando, que lleva el proceso es un lapso superior a lo que otros casos del mismo tipo han tardado en llegar hasta la misma instancia.
En el caso Odebrecht, por ejemplo, pasaron 165 días desde que el proceso empezó hasta que el juez Miguel Jurado llamara a juicio a 13 procesados por asociación ilícita, entre los que se encontraba el exvicepresidente Jorge Glas.
El caso de corrupción Super Clean, ligado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) llegó a la misma instancia en 137 días. El 18 de diciembre de 2017, la jueza Ana Cristiana Guerrón llamó a juicio a Marcelo Espín por enriquecimiento privado no justificado.
Los datos del proceso
En este caso, la Fiscalía General del Estado (FGE) ha presentado 837 elementos para comprobar la culpabilidad de los procesados.
Según la Fiscalía General, en el período 2012-2016, alrededor de la estructura del gobierno y de Alianza PAIS se creo un esquema delictivo.
El objetivo de esta organización era -dice- buscar empresarios privados que entregaran dinero en efectivo o a través de cruce de facturas, para financiar campañas electorales. Las pericias señalan que los sobornos ascienden a USD 7.791.588.
El Estado también actúa en el proceso. La Procuraduría General del Estado participa como acusador particular. Ha solicitado una reparación económica de USD 23.374.764 y ha presentado 587 elementos de convicción.
La cantidad de pruebas y documentos ventilados en el proceso hizo que la audiencia preparatoria de juicio se extendiera 11 días. Y también que la jueza Camacho tardara en tomar una decisión.
El siguiente paso
En caso de una decisión a favor del llamado a juicio, el caso ‘Sobornos 2012-2016’ entrará a su fase final. El juicio se desarrollará en tres etapas: los alegatos iniciales, la presentación de pruebas y la argumentación de las partes.
Según el procurador Íñigo Salvador en este caso se cometió un cohecho agravado. El Código Orgánico Integral Penal (COIP) señala que este delito puede ser juzgado en ausencia.
Por esta razón, podrían ser juzgados y sentenciados, de ser el caso, los cinco involucrados que están prófugos: Rafael Correa, Vinicio Alvarado, Walter Solís, Jamil Farah y Cai Runguo.
En el caso del expresidente Correa, este proceso se diferencia del presunto secuestro relacionado con el activista político Fernando Balda. En ese proceso el exmandatario fue llamado a juicio pero esa instancia no ha podido iniciarse.
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