Todos buscan respuesta en la CIDH y la ONU, pero no todos la tendrán

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de Naciones Unidas (ONU) tienen sus ojos puestos en Ecuador y, dentro del país, todos los sectores lo saben. Los informes, denuncias y testimonios siguen llegando a manos de los organismos internacionales de derechos humanos.

La misión de la ONU estará en el país hasta el 8 de noviembre e investigará las denuncias de "posibles abusos cometidos por las fuerzas de seguridad del Estado, pero también por terceras partes".

El periodo de visita de la misión de la CIDH es más corto: del 28 al 30 de octubre. Y tiene por objeto "observar en terreno la situación de los DDHH, reunirse con sociedad civil y Estado y verificar el desarrollo del diálogo".

Sin embargo, el 23 de octubre, los expertos de seguridad de la ONU ya cuestionaron las medidas tomadas por el presidente Lenín Moreno y anunciaron su consternación por "la respuesta violenta de las fuerzas de seguridad ecuatorianas" ante las protestas en contra de las medidas económicas.

¿Qué pueden hacer la CIDH y la ONU?

Ambos organismos están facultados para realizar visitas a los países miembros. Sin embargo, tienen atribuciones y alcances distintos.

Los expertos de la CIDH y ONU evalúan la situación de derechos humanos y los aspectos institucionales, jurídicos, judiciales, administrativos y la situación de facto. Se reúnen con autoridades, ONGs, sociedad civil y víctimas de violaciones de DD.HH, entre otros actores pertinentes.

Después, ambos elaborarán informes de cada misión, con conclusiones y recomendaciones. El equipo de la ONU lo dirigirá al Consejo de Derechos Humanos. Y el de la CIDH es presentado ante el Consejo Permanente y la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Sin embargo, las decisiones que, finalmente, puedan tomar estos organismos no son legalmente vinculantes para el Estado.

De todas formas, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos cuenta con dos organismos que sí pueden exigir u ordenar acciones a las autoridades nacionales: la CIDH y la Corte IDH. Es por eso que la mayoría de denunciantes los prefieren.

Estas denuncias solo pueden presentarse en contra del Estado, cuando se considere que haya violado derechos humanos. No se pueden plantear en contra de individuos o grupos de personas. Para eso están los sistemas jurídicos de cada país.

Otra característica en común es que ambos sistemas requieren que, para plantear una denuncia, se deben haber iniciado procesos judiciales dentro del mismo país y haber agotado las instancias internas, con contadas excepciones.

Además, los denunciantes deben presentar descripciones relevantes de hechos, como nombres de las víctimas, fechas, lugares y otra evidencia que sustenten la violación del derecho denunciado.

Todos buscan una audiencia

Ambos organismos recogen en estos días testimonios y declaraciones, de víctimas y autoridades, de sujetos individuales y organizaciones sociales y de derechos humanos. Por lo que mantienen agendas extendidas de trabajo.

La Conaie anticipó que plantearían una denuncia en contra del Estado por la represión policial durante las manifestaciones, por los detenidos, los heridos y los muertos que hubo durante esas jornadas.

Sin embargo, también hay quienes que rindieron testimonio o quisieron plantear denuncias que no se enmarcan en lo que puede hacer la Comisión o en la temática de las visitas.

Por ejemplo, hubo testimonios privados por las actuaciones de los manifestantes y del movimiento indígena, por las afectaciones a terceros y a empresas o negocios privados. Sin embargo, eso no es competencia de los foros internacionales.

También, hay quienes aprovechan la presencia de los comisionados para intentar llamar su atención sobre otros temas. Por ejemplo, los representantes de la Corporación Internacional de Derechos Ciudadanos, Veedurías y Mediación (Cidecive) dijeron que denunciarán a tres miembros del Consejo Nacional Electoral por sus "atropellos" previo a las elecciones de 2021.

Desde el correísmo también han llamado a la CIDH y ONU para que revisen los procesos en contra de sus dirigentes, en incluso de aquellos que no tienen procesos jurídicos en su contra.

El Gobierno intenta adelantarse

El Gobierno sabía que, tras unas manifestaciones tan fuertes como las de la primera quincena de octubre, tarde o temprano tendría que responder al escrutinio de la CIDH o la ONU. Por eso, el Ejecutivo prefirió curarse en sano.

El 15 de octubre, dos días después de instalada la mesa de diálogo con el movimiento indígena y acordado un cese a la movilización, el canciller José Valencia invitó a los dos organismos a enviar esas misiones al país y constatar lo sucedido.

Ese mismo día, el Canciller ecuatoriano presentaba un informe de los acontecimientos ante el Consejo Permanente de la OEA. Ahí sostuvo la versión estatal: el Gobierno fue víctima de desestabilización política y, pese a ello, fue "tolerante" con los manifestantes y las fuerzas del orden actuaron de manera "ejemplar".

Y esa es la historia que repiten ahora, en Quito, los funcionarios del Gobierno, en las reuniones que han mantenido con representantes de la CIDH y de la ONU.

En la primera jornada enmarcada en la visita de estas entidades, este 28 de octubre, la Cancillería y los ministerios de Gobierno y Defensa presentaron sus informes y defendieron sus actuaciones. Incluso el presidente Moreno mantuvo una reunión con el delegado de la ONU, este 29 de octubre.

La cita se centró en hablar del proceso de diálogo entablado, pese a que ya no se hace compartiendo mesa con el movimiento indígena.

Además, la ministra María Paula Romo informó que la Policía y las Fuerzas Armadas consolidaron la información que Cancillería entregará a la CIDH y ONU, sobre las medidas de seguridad que se tomaron y las afectaciones públicas y privadas que dejaron las manifestaciones.

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