Desde el miércoles pasado, el país ha sufrido una escalada de violencia. Tanto el gobierno como las organizaciones sociales buscan culpables, pero entre sus propias filas hay desmanes y agresiones por las que responder. El discurso oficial del diálogo parece frágil frente a los hechos.

El nivel de violencia se ha ido incrementando en el país, como pocas veces se ha visto. El epicentro es Quito, aunque las manifestaciones, enfrentamientos y saqueos se han distribuido por la mayoría de provincias de Ecuador.

Las Naciones Unidas (ONU), Amnistía Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría para la Libertad de Expresión, Aldeas Infantiles SOS, Reporteros Sin Fronteras (RSF), la Defensoría del Pueblo, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu) y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) son algunos de los organismos que expresan su preocupación por la situación del país.

La ONU expresa su preocupación y lamenta los hechos violentos ocurridos durante las manifestaciones.

Hacemos un llamado a todos los actores a buscar consensos que permitan encontrar soluciones pacíficas y duraderas para todas las personas

— ONU Ecuador (@ONUecuador) October 10, 2019

Sin embargo, hasta ayer, no había un camino visible para que el gobierno, el movimiento indígena y los sindicalistas, entre otras organizaciones sociales, se acerquen a dialogar.

Hasta las universidades capitalinas insisten en prestarse como territorio neutro para los acercamientos. La Central, la Católica, la Salesiana y la Politécnica se ofrecen como puente para calmar los ánimos y piden, tanto al gobierno como a los sectores sociales, que mesuren sus discursos y acciones para evitar más violencia.

Medidas económicas y un paro de transporte

El anuncio de las medidas económicas del gobierno, el martes 1 de octubre de 2019, fue el detonante. La expectativa estaba acumulada desde mayo, cuando se suponía que el Ejecutivo las presentaría inicialmente.

Lo que vino después ha sido reacción tras reacción, de parte de todos los bandos.

Los primeros fueron la Conaie y los sindicatos, el miércoles 2 de octubre en la mañana. Anunciaron medidas de hecho pero no dieron detalles ni fechas exactas.

Para la tarde, los transportistas anunciaron una “paralización” de actividades al día siguiente, aunque, en esas primeras declaraciones dijeron que solo se trataría de eso.

Pocas horas después, varios líderes del correísmo encabezaban la primera manifestación con la que intentaban llegar a Carondelet. Esa misma noche protagonizaron el primer enfrentamiento con la fuerza pública en el Centro Histórico.

La mañana del 3 de octubre, el país se despertó no solo con una paralización de los servicios de transporte, sino con decenas de cierres de calles y carreteras en distintas ciudades.

Durante la noche y madrugada muchos sectores sociales, entre ellos los estudiantes universitarios, anunciaron que se unirían al paro nacional. Y así fue, los primeros en salir hacia el centro fueron los estudiantes de la Universidad Central.

El centro se convirtió en una zona de batalla entre la policía y los manifestantes, que siguieron llegando durante todo el transcurso del día. Con piedras, palos y llantas quemadas se enfrentaban en contra de los antimotines, los vehículos blindados y las bombas lacrimógenas.

Rápidamente la violencia escaló e incluso periodistas, camarógrafos y fotógrafos fueron agredidos por miembros de la Policía y por algunos manifestantes.

La jornada fue larga e intensa, con los primeros heridos y 345 detenidos en todo el país, según el Ministerio de Gobierno, que calcula que hubo alrededor de 300 focos de violencia ese día.

Esa noche el Presidente anunció también la declaratoria del Estado de excepción, para movilizar a los militares y que colaboren con la seguridad interna.

Un paso adelante en Quito, pero descontrol en las provincias

El viernes 4 de octubre, además de desplegar operativos policiales por todo el país, el Gobierno movió varias fichas. Los voceros del presidente Moreno iniciaron una cadena de comunicados, ruedas de prensa y entrevistas que ha ido creciendo paulatinamente.

El vicepresidente Otto Sonnenholzner, la ministra de Gobierno María Paula Romo y el secretario particular, Juan Sebastián Roldán, fueron los principales.

Los primeros anuncios fueron sobre un incremento técnico del costo de pasajes y de colaboración de las Fuerzas Armadas para transportar ciudadanos. Pero la clave fue la detención del dirigente nacional del taxismo, Jorge Calderón.

Al final de la tarde, los dirigentes del transporte cedieron y anunciaron el fin de la paralización, así como la liberación de sus compañeros procesados.

La situación en las distintas provincias tuvo puntos álgidos, tanto en carreteras como en urbes, por protestas lideradas especialmente por sectores indígenas y campesinos.

Además, se observó que la dirigencia del transporte tampoco tiene control en todo el territorio, la paralización del servicio se mantuvo en varias ciudades.

Por ejemplo, en el centro y sur de Guayaquil se produjeron altercados y saqueos a comercios. Y la autoridad dijo que 21 policías resultaron heridos.

El fin de semana, 5 y 6 de octubre, Imbabura, Chimborazo y Azuay tuvieron protagonismo por las manifestaciones e incidentes. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, tuvo que confirmar la retención de alrededor de 50 militares en esas provincias.

Hubo bloqueo de vías en 40 puntos y la Gobernación de Azuay confirmó la muerte de un manifestante en Molleturo. E incluso la Cruz Roja ecuatoriana denunció la escalada de violencia, con el ataque a cuatro de sus ambulancias.

El Gobierno, amparado en el estado de excepción, hizo también un despliegue de fuerza: 29.000 militares y 50.000 policías salieron a resguardar infraestructura pública y carreteras.

Este domingo, además, el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, inflamó el escenario político y social con sus declaraciones en cadena nacional. “No se provoque a la fuerza pública, no le desafíen, no hay que agredir a los militares“, dijo y que “las FFAA saben defenderse porque tienen experiencia de combate y de guerra, no pueden ser ultrajadas, tienen honor, tienen dignidad y se harán respetar”.

Nueva sede de gobierno y paro indígena

El lunes 7 de octubre, el movimiento indígena, junto con los sindicalistas y otras organizaciones sociales, concretaron el día de su movilización nacional: el miércoles 9, Quito sería el epicentro de las protestas en contra de las medidas económicas del gobierno.

Ese día, el palacio de Carondelet amaneció blindado con un gran operativo y despliegue de seguridad y vallas para evitar el paso de manifestantes, que se habían estado concentrando todos los días en la Plaza del Teatro para intentar llegar a la Presidencia.

Entonces, el siguiente anuncio del Primer Mandatario fue en la noche: la sede del Gobierno Central se mudaba a Guayaquil, para “darle un respiro” a la capital.

Además, empezó una serie de cadenas nacionales de televisión y radio con dos mensajes claros: no retroceder en las medidas económicas (con el nuevo eslogan del gobierno, “Decididos a crecer”) y que el gobierno está abierto al diálogo.

Rodeado de los miembros de la cúpula militar, el presidente Moreno dijo que las manifestaciones eran “un intento de golpe de Estado financiado por el correísmo con el dinero robado al pueblo ecuatoriano”. Y llamó nuevamente al diálogo.

Sin embargo, los dirigentes de la Conaie y de los sindicatos se mantenían en que no hay diálogo posible sin la derogatoria del Decreto 883. Y para la noche, parte del movimiento indígena ya se había concentrado en El Arbolito, en Quito.

Lo que nadie sabía era que esa noche habría manifestaciones en la zona y que varios grupos intentarían ingresar a la Asamblea Nacional y la Contraloría, ubicadas en la zona. Nuevamente hubo enfrentamientos con la Policía, que intentaba recuperar el control en las inmediaciones.

Toma de la Asamblea y restricción de circulación

Este martes, el primer anuncio gubernamental del día fue que las funciones del Estado respaldaban a Moreno. El Mandatario rechazó los robos y saqueos, además de los ataques a ciudadanos, policías y militares.

Reiteró que la semana pasada varios exfuncionarios del correísmo se encontraron en Venezuela, donde presuntamente se organizó la estrategia para caotizar al país.

Mientras tanto, en Quito, los miembros del movimiento indígena continuaban llegando en camiones, buses y camionetas, desde el norte y sur del país. Los militares intentaron cortarles el paso en Machachi, pero al verse superados en número tuvieron que dejarles pasar.

Fueron de a poco, durante todo el día concentrándose en El Arbolito, donde se instaló la sede de su campamento en el Ágora de la Casa de la Cultura. Y empezaron a prepararse para la marcha del día siguiente.

Ahí Jaime Vargas, presidente de la Conaie, y Leonidas Iza, dirigente de Cotopaxi, criticaron que el presidente Moreno se haya ido de Quito y lo tomaron como un rechazo al diálogo del que se habla en todas las cadenas nacionales.

Y para distanciarse de los saqueos y hechos de violencia dijeron que se aplicaría la justicia indígena a todos los delincuentes e infiltrados.

Pero en la tarde, nuevamente manifestantes con banderas de sectores estudiantiles y otros grupos no identificados empezaron a atacar a los policías que resguardaban la Asamblea Nacional, a una cuadra de El Arbolito. Y aupar a los indígenas, que observaban la escena desde lejos.

Una vez que los policías retrocedieron y permitieron el avance de los manifestantes, el movimiento indígena también subió hacia el Parlamento y logró ingresar a sus instalaciones, donde las tomaron momentáneamente. Pedían a la gente que no lance piedras al edificio.

Pero todos fueron repelidos por la policía y militares con decenas de bombas lacrimógenas y autos blindados.

Entonces el Gobierno tomó más medidas e impuso una restricción de movilidad en Quito y Guayaquil, en las inmediaciones de las instituciones públicas y infraestructuras estratégicas, de 20:00 a 05:00.

Y en la noche, varios sectores sociales, entre ellos los indígenas y sindicalistas, acordaron con el Gobierno, en las oficinas de la ONU en Quito, mantener una jornada pacífica durante la movilización del día siguiente.

El día cero

El acuerdo de manifestaciones pacíficas se cumplió en parte. Las marchas de los sindicalistas y de los indígenas fueron separadas. No lograron ponerse de acuerdo y cada uno tomó su ruta.

Los sindicalistas llegaron a la Plaza del Teatro y hubo grupos de manifestantes que se enfrentaron con la Policía y la jornada se tornó violenta.

Los enfrentamientos se extendieron por gran parte del Centro. Y en ellos hubo incluso un uniformado quemado, por el nivel de violencia.

La marcha indígena decidió evitar todo eso y rodeó el centro completamente, pidió ingresar de manera pacífica a San Francisco. Ante la negativa de la Policía, se fueron. Y en su camino de salida fueron repelidos por los uniformados con gases y trucutús.

En medio de los enfrentamientos, se mezclaron con todo tipo de manifestantes y decidieron replegarse en El Arbolito. Ahí fueron alcanzados unas dos horas después por miles de personas que salían desde San Blas, huyendo de la represión policial.

Fue entonces que al final de la tarde, la policía llegó hasta El Arbolito y decidió desalojarlos también. Sin embargo, la dirigencia indígena no tenía control sobre su gente tampoco; unos querían enfrentar a la Policía y regresar al centro, y otros quedarse y proteger su territorio para descansar.

La represión policial llegó hasta las puertas del Ágora de la Casa de la Cultura y continuó hasta las instalaciones de las universidades Salesiana y Católica, donde están los centros de acogida humanitaria para los manifestantes.

La única respuesta del Gobierno fue una disculpa oral de la ministra Romo, que tampoco supo explicar lo sucedido.

Las dirigencias indígena y sindicalista reaccionaron con fuerza, dijeron que el paro no se terminaría y que no habrá acuerdo ni diálogo con el Gobierno. Pero los ministros y voceros del presidente Moreno intentan reforzar la idea en una intensa agenda mediática para impulsar el eslogan “decididos a crecer”.

Ayer, los dirigentes indígenas denunciaron que durante la represión policial hubo, al menos, un muerto y varios heridos. Y como respuesta retuvieron a 10 policías durante el día y les amenazaron con ajusticiarles. También retuvieron a una treintena de periodistas para exigirles que transmitan lo que sucedía.

Ofrecieron intercambiarlos por el cuerpo de su compañero fallecido. Que fue también la enérgica exigencia del secretario de la Presidencia, José Agusto Briones, en cadena nacional. Lo cual sucedió alrededor de las 16:00 e hicieron una misa campal para honrarlo.