Las claves de la reforma constitucional que se debate hoy

Las reformas constitucionales proponen una reducción del número de asambleístas. Actualmente, el Legislativo se compone por:

• 15 asambleístas nacionales.
• Dos asambleístas por cada provincia, y uno más por cada 200.000 habitantes o fracción que supere los 150.000, de acuerdo al último censo nacional de la población.
• Dos asambleístas por cada circunscripción del exterior.

La reforma constitucional propone la eliminación de toda la sección segunda del capítulo quinto de la Constitución, que habla del CPCCS, sus funciones y atribuciones. La designación de las autoridades de control, hasta ahora en manos del Consejo, pasará a la Asamblea Nacional. Los detalles de cada designación se establecerán en la ley.

Según la reforma, para cumplir con las funciones de designación, la Asamblea organizará comisiones ocasionales que estarán encargadas de llevar el proceso con base en impugnación y veeduría ciudadana.

Cada Función del Estado o institución pública, según el caso, presentará los candidatos obtenidos por concurso de mérito, salvo los casos previstos en la Constitución.

• El defensor público provendrá de una terna enviada por la Corte Nacional de Justicia.
• El fiscal general, también de una terna de la Corte Nacional.
• Los cinco miembros del Consejo de la Judicatura, de ternas enviadas por la Corte Nacional, la Defensoría Pública, la Fiscalía y el Ejecutivo.
• El contralor, de ternas remitidas por el Ejecutivo, la Corte Nacional y la Función de Transparencia.
• Los superintendentes, de ternas del Ejecutivo.
• El defensor del Pueblo, de una terna enviada por la Función de Transparencia.
• El procurador, de una terna remitida por el Ejecutivo.
• Los miembros del Consejo Nacional Electoral se escogerán de entre 15 candidatos, enviados por las funciones Ejecutiva, Legislativa y de Transparencia (cinco cada una).
• Los cinco jueces del Tribunal Contencioso, por concurso de méritos y oposición organizado por una comisión de seis miembros, integrada por dos delegados de las funciones Ejecutiva, Legislativa y de Transparencia.

La reforma también plantea que la Fiscalía y la Defensoría Pública mantendrán autonomía del Consejo de la Judicatura "en lo concerniente al régimen disciplinario y a la planificación, gestión y selección del talento humano". Este cambio en la Constitución busca que la Judicatura no pueda interferir en los procesos de designación de personal, ni sancionar o amonestar fiscales y defensores públicos.

El informe sobre la reforma constitucional establece que las autoridades censuradas por juicio político no puedan reingresar al servicio público en un periodo de dos años, contados desde la fecha de su cesación.

Las reformas plantean que la Asamblea pueda realizar interpretaciones de la ley. Para esto, "en caso de duda sobre el alcance de las leyes", la Asamblea podrá interpretarlas de un modo "generalmente obligatorio", siguiendo el trámite establecido para la expedición de las leyes (dos debates, aprobación con mayoría simple). Tendrán la iniciativa para la presentación de proyectos de  interpretación legal, las mismas personas u organismos que la tienen para la presentación de proyectos de ley.