La Comisión de Enmiendas decidió eliminar la parte de la iniciativa de reforma que planteaba la transformación de la Asamblea en bicameral. El Comité por la Institucionalización anuncia tomar acciones ante la Corte Constitucional.
El trámite de la reforma constitucional planteada por el Comité por la Institucionalización es el primero de su tipo. Y esto ha puesto en su camino una serie de trabas que han envuelto a la Comisión de Enmiendas, que lleva el trámite, en medio de las críticas.
La iniciativa de enmienda busca eliminar el Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) y transformar la Asamblea en un organismo bicameral. Ambas cosas van de la mano, pues la propuesta era que las dos nuevas cámaras del Legislativo participen en el proceso de selección de autoridades, que por el momento hace el CPCCS.
Además, incluía un nuevo proceso de juicio político, también con las dos cámaras, para que estas hagan de contrapeso entre sí. Con esto, se fortalecería el trabajo de fiscalización de la Asamblea.
El problema es que la Comisión de Enmiendas decidió eliminar todo lo relativo a la bicameralidad en el informe para segundo debate, que será aprobado en los próximos días. La moción fue presentada por la legisladora Jeannine Cruz (Creo), y fue aprobada con seis votos.
Con esto, el tema ni siquiera pasaría al Pleno de la Asamblea, con lo que nunca llegaría a constar en la pregunta para el referendo. Es decir, esta decisión ya descartó totalmente la transformación del Legislativo.
Pero dentro de la Comisión hay voces críticas, pues la ley no habla sobre si la Asamblea puede o no puede cambiar la iniciativa. Sobre todo porque esta contó con apoyo popular, expresado en las 173.000 firmas que el Comité recogió y el Consejo Nacional Electoral (CNE) verificó.
El problema entonces está en si la Asamblea puede o no cambiar la propuesta y “recortarla” dentro de sus discusiones.
Un trámite por primera vez
Aunque la reforma constitucional de iniciativa popular fue creada en la Constitución de 2008, esta ocasión es la primera en que realmente se está aplicando. Anteriores propuestas no superaron los requisitos para que avancen en su trámite.
En la reforma de iniciativa popular intervienen varios actores:
- Primero, la Corte Constitucional revisa la propuesta.
- Luego, los proponentes tienen que recoger firmas (1,5% del padrón) y verificarlas ante el CNE.
- Después, el trámite pasa a la Asamblea, que debe analizar la propuesta en dos debates.
- Finalmente, si la Asamblea aprueba, la reforma constitucional pasa a referéndum con votación universal.
El primer cuello de botella que la reforma encontró es que la ley no establece cuántos votos son necesarios para que la Asamblea apruebe la reforma constitucional. Esto, sin embargo, ya fue resuelto con las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
Ahora, el debate está en si la Asamblea puede o no modificar la propuesta, que ya recibió apoyo popular, y en qué paso hacerlo: en la Comisión de Enmiendas o en el Pleno.
El asambleísta Héctor Muñoz (indep.) considera que es una inconstitucionalidad cambiar la propuesta en la Comisión, tal como sucedió. Por ello, planteó este 30 de noviembre de 2020 la reconsideración de la votación que sacó la discusión sobre la bicameralidad. Pero no tuvo votos suficientes, por lo que la eliminación en el informe para segundo debate sigue en pie.
Pero, el informe aún no está aprobado. El plazo para debatir la reforma concluye el 18 de diciembre.
“Es una arbitrariedad”
Darwin Seraquive, uno de los voceros del Comité por la Institucionalización Democrática, asegura que acudirán a la Corte Constitucional para que analice la actuación de la Asamblea en el caso de que el tema de la bicameralidad ni siquiera llegue al segundo debate en el Pleno. Él considera que es una “arbitrariedad” que demuestra el desconocimiento de la ley por parte de los Asambleístas.
Para esto, pone un ejemplo, el artículo 11 de la Ley de Participación Ciudadana. Este habla sobre las iniciativas populares normativas, y señala:
“En caso de rechazo o modificación no consentida del proyecto de iniciativa popular normativa por la Asamblea (…) la comisión popular promotora podrá solicitar al Ejecutivo la convocatoria a consulta popular para decidir entre la propuesta original o la resultante de la tramitación“.
Ley de Participación Ciudadana, art. 11.
Por ello, Seraquive considera que la Asamblea está cometiendo un error que les puede traer consecuencias. Señala que ante un vacío en la ley, los legisladores deberían actuar en pro de la participación ciudadana, es decir, respetar la propuesta que recibió apoyo popular.
En señal de rechazo, los miembros del Comité no acudirán a la Comisión de Enmiendas este 1 de diciembre, a donde fueron convocados.
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