Estrategia anticorrupción pasó de comisión internacional a ‘consejo estatal’

Política

Autor:

Adriana Noboa

Actualizada:

1 Dic 2021 - 0:05

El consejero presidencial Luis Verdesoto, el 26 de noviembre de 2021, en un evento en Guayaquil. - Foto: Presidencia

Estrategia anticorrupción pasó de comisión internacional a ‘consejo estatal’

Autor:

Adriana Noboa

Actualizada:

1 Dic 2021 - 11:30

El gobierno trabaja en un modelo que no incluye un organismo internacional que investigue casos de corrupción. La opción es una comisión local que viabilizará de los acuerdos a los que las funciones del Estado lleguen para mejorar las políticas públicas anticorrupción.

El consejero presidencial Luis Verdesoto trabaja en el esquema de anticorrupción del gobierno del presidente Guillermo Lasso. No se tratará de una comisión internacional anticorrupción, sino de una nacional.

La idea es que haya una especie de consejo de Estado, con las máximas autoridades, quienes se comprometerán a modificar las políticas públicas para luchar contra la corrupción y a entregar toda la información necesaria a la Fiscalía cuando surjan investigaciones.

Todo esto entrará a consulta nacional en mesas de diálogo desde el 9 de diciembre, con el objetivo de que al final, el Primer Mandatario emita un decreto ejecutivo viabilizando las medidas y acuerdos.

El consejero presidencial habló con PRIMICIAS sobre los detalles de esta nueva propuesta:

¿Qué sucedió con el anuncio del presidente Lasso de crear una comisión anticorrupción?

La iniciativa de hacer una comisión anticorrupción internacional estuvo vigente en Naciones Unidos y varios países, pero sin evaluarse la eficacia que había tenido. Y cuando evaluamos el tema con la ONU hablamos de hacer una comisión nacional.

Las comisiones internacionales en otros casos habían terminado anteponiéndose sobre los jueces nacionales. Es decir, los jueces, abogados y otros miembros de estas comisiones terminaban anteponiéndose sobre las autoridades locales y su soberanía, que debe ser respetada dentro de un Estado de derecho.

En los últimos años, a excepción de Guatemala, en América Latina todas las comisiones han sido nacionales, con distintas composiciones y distintas atribuciones.

¿Por eso fracasó el intento de Lenín Moreno? La comisión de expertos internacionales de ese entonces pedía una ley que les permitiera trabajar y les blinde.

Llegaron a hacer un reglamento. Pero no era ese tanto el problema, sino que, finalmente, por más leyes que tengas, no puedes hacer prevalecer criterios de justicia que se originan en jueces individuales externos. Porque estas comisiones no son organismos internacionales ni parte de convenciones internacionales.

Entonces ¿cuál es el planteamiento actual del gobierno ecuatoriano?

La forma operativa de la política nacional anticorrupción será nacional. Yo he hecho un documento, que se presentará al Presidente, sobre los lineamientos de esta política, que contiene esta comisión nacional anticorrupción, que forma parte de las recomendaciones hechas por los organismos internacionales.

¿Cuál es ese modelo que se planteará?

Es un modelo único de algún modo y responde al conjunto de necesidades de un sistema político como el ecuatoriano. La visión que me ha dado el presidente Lasso es que desearía una comisión del más alto nivel y lo que he propuesto es una comisión que asemeje a un consejo de Estado.

Aunque no puede ser un consejo de Estado porque necesitaría una creación constitucional. Entonces, es una comisión que puede tener origen en un decreto ejecutivo y estará conformada por los cinco titulares de las funciones del Estado.

Ahí las decisiones se tomarán por consenso, de ese modo, nadie impone a otra función del Estado una decisión.

¿Cuál sería el papel de esta comisión?

Lo que hace esta comisión es coordinar las diversas políticas anticorrupción, sugerir acciones y diligencias tomadas por cada una de las funciones de modo autónomo y, obviamente, con la presión que existe de que estas fueron tomadas por el conjunto del Estado.

Ecuador hace tiempo dejó de tener un consejo de Estado y, si se opta por esta vía, en búsqueda del mayor consenso posible de todo el Estado, también estarían el Procurador, la Asociación de Municipalidades, el Consorcio de Gobiernos Provinciales y, seguramente, el Defensor del Pueblo. Todos ellos con voz y voto.

Mientras que solo con voz estará la Fiscalía, la sociedad civil, los medios de comunicación y las universidades.

El modelo cambia totalmente ¿ya no se va a investigar nada?

Va a estar basado en políticas públicas y, más aún, en la parte de prevención anticorrupción. Pero, si la comisión decide que se emprenda una investigación sobre algún caso, el compromiso adquirido con la Fiscal es que se le entregue toda la información ordenada, para que proceda la misma Fiscalía.

Ese es el mayor compromiso que hay que conversar con la Contraloría, la Corte Nacional, etc., que no haya interferencias competenciales.

Entonces, puede haber una investigación que la disponga el Presidente, esta comisión o una adoptada por iniciativa de la sociedad civil o de las universidades. Pero el objetivo es que toda la información se la entregue al órgano judicial correspondiente: la Fiscalía.

Y, para que no haya ninguna controversia respecto a la integridad de un caso, la Fiscal no participará de la comisión anticorrupción, pero estará debidamente informada, para evitar que se invaliden los procesos jurídicos.

Se puede hacer investigación en ese límite, obtener información, ordenarla y entregarla a la Fiscal.

Estamos hablando de una especie de consejo de Estado, con instituciones que ya existen y que poco o nada han podido hacer en la lucha anticorrupción hasta el momento. ¿Cuál sería la diferencia?

Una comisión anticorrupción no garantiza que deje de haber corrupción, ni que vas a recuperar dineros, pero sí te garantiza que haya un alineamiento de las instituciones en torno a los instrumentos que Ecuador tiene para la lucha contra la corrupción.

Se garantiza que todos se miren y, en la medida que se miran e intercambian, también se controlan. Esto permite esta comisión, que haya una decisión al más alto nivel del Estado y tiene que dar resultados de integridad, de mayor eficacia en la política pública.

¿Cómo?

Por ejemplo, si la comisión decide que se investigue un caso, lo que se hace es tener una pequeña fuerza de tarea, formada por un experto internacional del área de investigación, que nos provea la cooperación extranjera y que no sea pagado por el Estado, para que no haya una colisión de intereses.

Así también habrá un experto ecuatoriano que le ponga un asiento local a la investigación, un abogado y un delegado del Presidente para que deshaga los nudos jurídicos que se produzcan en el caso. Es decir, que investigue esos nudos y sugiera cuáles son los alcances y límites para que los conozca la Fiscalía.

Al mismo tiempo, con esa información, con el área correspondiente programaremos rediseños institucionales que correspondan a los agujeros por los que se ha visto que se coló la corrupción.

¿Y las tareas y competencias de cada entidad?

El resto de instituciones tienen que seguir haciendo lo suyo y hay que fortalecerlas. Por ejemplo, la Procuraduría tiene de función recuperar fondos, entonces hay que fortalecerla en esa línea.

Cada función y entidad tiene sus propios funcionarios, competencias y recursos. Lo que hacemos al tener decisiones adoptadas por consenso es que cada función del Estado se apropie de esa decisión y la implemente.

Pero como Ejecutivo, el Presidente solo puede expedir medidas de carácter obligatorio en su área. Para las otras funciones podemos sugerir un conjunto de medidas de planificación anticorrupción.

¿Qué opinan las otras funciones del Estado sobre esta intención?

No he terminado aún las conversaciones con algunos. Me falta aún hacerlo con el Parlamento y la Comisión Anticorrupción. Estamos haciendo reuniones preparatorias porque todavía falta la etapa de consulta con la ciudadanía, que durará tres meses.

¿Consulta a la ciudadanía?

Si la población decide que esta vía es la adecuada, tomaremos esa vía. Pero va a haber un periodo de consulta que se abrirá el día 9 de diciembre en un evento con la ONU, en el marco del Día Internacional contra la Corrupción.

La consulta será entonces en una especie de mesas de diálogo…

Son cuatro meses, hasta marzo, de diálogos a tres niveles: uno con grupos poblacionales específicos, otro con la administración pública y luego ante la opinión pública (medios de comunicación, universidades, sociedad civil, generadores de opinión).

Entonces en marzo habría un decreto ejecutivo para viabilizar esta nueva comisión.

Tenemos un conjunto de lineamientos tentativos, una vez que tengamos el compendio final, el presidente Lasso lo emitirá como decreto ejecutivo, asumiendo la política en ese plan o no.

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