Confusión ante anuncio de la eliminación de la Secretaría del Parlamento Andino

Política

Autor:

Mario Alexis González

Actualizada:

22 May - 0:01

El presidente Lenín Moreno y Eduardo Chiliquinga, secretario general del Parlamento Andino, en un evento internacional. - Foto: Parlamento Andino

Confusión ante anuncio de la eliminación de la Secretaría del Parlamento Andino

Autor:

Mario Alexis González

Actualizada:

22 May - 0:01

En medio de las medidas económicas para sobrellevar la crisis provocada por el covid-19, el presidente Lenín Moreno anunció el cierre de la Secretaría del Parlamento Andino.

El Parlamento Andino forma parte del Sistema Andino de Integración. Se conforma con cinco representantes de cada país. Tiene su sede y Secretaría General en Bogotá, Colombia.

“Ahora, cerraremos cinco embajadas y oficinas diplomáticas más: Malasia, Irán, Nicaragua, la representación ante la OASI y la Secretaría del Parlamento Andino“, dijo el Primer Mandatario el 19 de mayo de 2020.

Estas reducciones en el servicio exterior ecuatoriano forman parte de las medidas para combatir la crisis, provocada en parte por la pandemia del covid-19.

Pero, lo que respecta al Parlamento Andino ha generado dudas ya que la Secretaría General de este organismo no depende de Ecuador y no es potestad del presidente Moreno cerrarla.

Fausto Cobo, actual integrante por Ecuador y vicepresidente del Parlamento Andino, considera que a lo que se refiere Moreno es a suprimir la partida presupuestaria ecuatoriana destinada al pago del salario y manutención del Secretario General.

Según el Acuerdo de Cartagena, normativa que rige al Sistema Andino, los salarios y la manutención de los funcionarios de alto nivel deberán ser cubiertos por sus países de origen.

En el caso del Parlamento Andino, la Secretaría General está a cargo del ecuatoriano Eduardo Chiliquinga, quien el 7 de mayo de 2020 fue reelecto para el período 2020-2022. Incluso, el presidente Moreno felicitó públicamente su reciente designación.

En efecto, según los registros oficiales, Eduardo Chiliquinga figura como funcionario público.

Ha presentado desde 2014 las declaraciones juradas de bienes ante la Contraloría, como secretario del Parlamento Andino. Este es un requisito para todos los funcionarios ecuatorianos.

Además, en la información de transparencia de la Cancillería aparece dentro de la nómina institucional como ministro DC135, perteneciente al régimen laboral “3 Servicio Exterior”. Su nivel jerárquico es 19.

Su remuneración es de USD 2.670 mensuales. Y recibe ingresos adicionales por USD 4.339, 47: compuesto por USD 3.960,18, por el ajuste de costo de vida en el exterior; y USD 379,29, por un valor fijo transitorio.

Es decir, Ecuador gasta USD 7.009,47 mensuales en la Secretaría General del Parlamento Andino. Un total de USD 84.113,64 al año.

El problema, explica Cobo, es que Chiliquinga no representa a Ecuador en el Parlamento, ya que no fue designado por el Gobierno sino elegido por los 15 parlamentarios con voto unánime.

El Gobierno ecuatoriano deberá dialogar con la Mesa Directiva del Parlamento para llegar a un acuerdo y resolver qué ocurrirá si Ecuador deja de pagar el salario al Secretario General.

El lunes 25 de mayo de 2020, en Colombia se reunirá la Mesa Directiva del Parlamento para tratar el tema.

Otro gasto

Además del pago del Secretario General, Ecuador hace otro desembolso por el Parlamento Andino.

Según la Proforma presupuestaria 2020, el Ejecutivo planificó USD 1,9 millones para mantener la oficina nacional del Parlamento que funciona en el norte de Quito.

Esta dependencia es dirigida por Fausto Cobo, en su calidad de vicepresidente. Y la coordina Fernando del Pozo, quien ostenta el cargo de secretario nacional.

Sin embargo -dice Cobo- el gasto es mínimo ya que la oficina es pequeña en espacio físico y en personal, cuenta con ocho trabajadores de planta.

Además, explica el funcionario, cerrar la oficina ecuatoriana del Parlamento, retirar el sueldo del Secretario General y otros recortes deberían hacerse a través de la diplomacia, ya que estos gastos están amparados en el Acuerdo de Cartagena del cual Ecuador es suscriptor.

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