La Policía Judicial ya tiene los vídeos de seguridad de los hechos ocurridos en el aeropuerto. La Fiscalía quiere saber quien trabajó ese día en la terminal y el nombre de los uniformados de la ATM que participaron en el bloqueo.
Nota actualizada a las 18:45 con nuevas acciones de la Fiscalía del Guayas.
La orden de la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, sigue generando polémica. Viteri dispuso bloquear la pista del aeropuerto José Joaquín de Olmedo, con la excusa de que nadie sale ni entra de la ciudad.
Según Viteri, en el avión venían personas europeas que podían ser un foco de contagio de coronavirus.
Por el incidente, el gobierno ecuatoriano ya recibió llamadas de embajadas por lo sucedido. Mientras que desde Europa se exige un pronunciamiento del alto representante de la Unión Europea, Joseph Borrell, quien también es español.
Lo cierto es que el bloqueo de la pista fue un fallo de seguridad, que generó un malestar en el mundo de la aviación internacional. Nicolás Larenas, especialista en este tema, asegura que hay mucha indignación y sorpresa ante un hecho sin precedentes.
Se trataba de un vuelo comercial, pero con enfoque humanitario porque su misión era evacuar europeos atrapados en Ecuador por el cierre del espacio aéreo.
Paula Hernández es una de las afectadas. Ella lleva cuatro años viviendo en Ecuador y decidió regresar a su natal España en un vuelo para el 30 de marzo. Compró el boleto con meses de anticipación.
“Aquí no tengo trabajo, ni seguro social por eso quiero volverme”, cuenta. No pudo hacerlo en la fecha prevista porque el vuelo se canceló.
Habló con el consulado de España en la ciudad, y le dieron un espacio para un vuelo que debía partir este viernes. Pero tras lo ocurrido en Guayaquil se suspendió.
Tiene la maleta lista por si acaso llegue una noticia de última hora. “En el consulado nos dicen que están haciendo todo lo posible”, lamenta.
Restricciones a futuro
El especialista Larenas advierte que la autoridad aeronáutica de Estados Unidos puede retirar la categoría 1 a Ecuador, referente a seguridad. Eso ocasionaría que se restrinja la llegada de aerolíneas estadounidenses. Y las ecuatorianos no podrían ingresar a ese país.
A eso añade que todo el esfuerzo hecho para establecer nuevas conexiones aéreas, concretamente a Guayaquil, se pierde con acciones como las del miércoles.
“Todo ese trabajo puede resultar afecta por la desinformación y por no saber cómo funciona la aviación”, cuestiona.
Tras el hecho, la Fiscalía ecuatoriana anunció el inicio de una indagación previa. Pero el abogado Juan Carlos Pullido considera que ese no es el camino.
Fue un hecho flagrante
El jurista Pullido más bien cree que fue un hecho flagrante, observado por todo el mundo, por lo que debería ser tratado así”. Desde su punto de vista no es necesaria una indagación previa.
Según el jurista se habría configurado el delito de terrorismo. Esa figura está tipificada en el artículo 366 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), numeral 3.
Ese apartado sanciona a aquellas personas que cometan actos de violencia que por su naturaleza constituya un peligro a la seguridad de una aeronave. La pena es de 10 a 13 años de prisión.
Pullido opina que como la propia alcaldesa reconoció la responsabilidad de los hechos se refuerza la flagrancia. Además aclara que si no se sigue lo dispuesto en la ley quedará un sabor amargo en el sistema judicial ecuatoriano.
A eso se añade que la Organización de Aviación Civil Internacional considera “interferencia ilícita” a la intrusión por la fuerza a bordo de una aeronave, en un aeropuerto o en el recinto de una instalación aeronáutica.
De hecho, la Fiscalía del Guayas ya solicitó a las autoridades de la Terminal Aeroportuaria de Guayaquil (Tagsa) los videos de las cámaras de seguridad. La entidad quiere identificar las personas e instituciones que habrían intervenido en el bloqueo de la pista de aterrizaje.
La fiscal de la Unidad de Flagrancia, Laura Chacón, acudió al aeropuerto la misma noche del miércoles. Tagsa entregó a la Policía Judicial los videos.
La investigación recayó por sorteo en el fiscal John Camposano, de la Unidad Especializada de Investigación de Delincuencia Organizada Transnacional. Este solicitará el informe del personal que se encontraba de turno cuando ocurrieron los hechos.
Además, pedirá a la Agencia de Tránsito Municipal (ATM) que remita el listado de uniformados y personal civil que se constituyó en el aeropuerto y las disposiciones que les fueron impartidas.
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