La consulta popular, el 'comodín' con el que apuesta el Gobierno

La oferta de una consulta popular y referendo vienen desde la campaña electoral de Guillermo Lasso, pero su contenido sigue siendo un enigma, aunque el Gobierno lleva trabajando en esto desde 2021.

Inicialmente, se preveía que la propuesta se diera a conocer en diciembre. Ocho meses después, las prioridades del Ejecutivo han cambiado y el contenido del plebiscito podría circunscribirse a temas de seguridad, como lo ha manifestado el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez.

El 16 de agosto, el funcionario dijo que el contenido ya está definido, aunque no dio más pistas. En un trino aseguró que la decisión había sido tomada por el Presidente antes de viajar a Houston, para recibir un tratamiento médico.

El último ofrecimiento es que las preguntas estén listas la semana que empieza el lunes 22 de agosto.

Desde 1978, los ecuatorianos han sido convocados a las urnas en 11 ocasiones para tratar temas de democracia directa, a través de consultas populares nacionales y referendos.

La última fue la de febrero de 2018, por iniciativa del entonces presidente Lenín Moreno y tuvo un costo aproximado de USD 48 millones.

Solo Sixto Durán Ballén y Rafael Correa la utilizaron más de una vez. El primero lo hizo en dos ocasiones y el segundo, cuatro veces.

De los seis presidentes que convocaron a este tipo de votaciones, dos sufrieron derrotas en las urnas: León Febres Cordero y el mismo Durán Ballén.

La mayoría gobiernos ha utilizado esta herramienta como un termómetro político de su popularidad. Algo que puede ser relevante en el actual contexto, pues la calificación de la gestión del presidente Lasso sigue cayendo.

Según la última encuesta de Click Report, realizada del 12 al 14 de agosto, apenas el 25,8% de ciudadanos califica como buena la gestión del Presidente. Mientras que el 74,2% la ve como mala.

Un temario cambiante

Guillermo Lasso habla sobre consultas populares desde hace años. Por ejemplo, una de sus ofertas de campaña desde 2017 fue la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs).

Una vez en el poder, el presidente Lasso fue modificando su discurso, hasta hablar de un referendo que reforme las funciones del Cpccs, sin eliminarlo. El objetivo era quitarle la atribución de selección de las autoridades de control y devolverlas al Legislativo.

El Jefe de Estado se comprometió a convocar a la ciudadanía a las urnas cada vez que sea necesario. Incluso señaló la consulta como una vía para aprobar las reformas legales que la Asamblea Nacional no tramita.

En su momento, lo planteó como una opción para el proyecto de inversiones que fue archivado y para la reforma laboral, que ni siquiera ha llegado al Legislativo.

El presidente Lasso también habló sobre la posibilidad de consultar temas de seguridad y justicia, como eliminar el Consejo de la Judicatura, la evaluación de jueces y hasta reformas penales.

Según el Gobierno, en abril había un abanico de 12 a 15 preguntas que estaban bajo análisis y estarían listas a inicios de mayo.

La propuesta tenía, entonces, tres ejes: la institucionalidad, con una reforma política; la seguridad ciudadana; y temas económicos, enfocados en materia de empleo. El primero podía incluir cambios al Cpccs y en la conformación del Legislativo.

Tampoco sucedió. Bajo la coyuntura actual, el ministro Jiménez solo ha adelantado que las preguntas se enfocarán en los temas de seguridad.

Los plazos legales

Una vez que el Gobierno defina las preguntas y anexos de su iniciativa, se conocerá si se trata de una consulta popular, de un referendo, o de ambos.

La primera puede tratar cualquier tema de interés nacional, incluidas reformas legales; mientras que el segundo se utiliza solo para reformas constitucionales.

La excepción son las modificaciones a la estructura fundamental del Estado, restricciones a los derechos y garantías, o modificaciones al procedimiento de reforma de la Constitución. Para estas opciones se requiere de una Asamblea Constituyente.

En ambos casos y con la iniciativa definida, el texto debe pasar a manos de la Corte Constitucional (CC) para que los magistrados realicen un control de constitucionalidad, para que no induzca a respuestas, el lenguaje sea neutro, que haya concordancia entre lo consultado y el anexo.

La Corte tiene 20 días para emitir su dictamen, una vez que la iniciativa sea admitida a trámite. En caso de que venza el plazo sin un pronunciamiento, se entenderá como que ha recibido un dictamen favorable.

Entonces, el Presidente deberá emitir un decreto ejecutivo, convocando a la ciudadanía a las urnas. Solo ahí, el Consejo Nacional Electoral (CNE) entrará en escena.

Los consejeros tendrán 15 días de plazo para convocar al referendo o consulta popular. Y tendrán otros 60 días para llevarlo a cabo.

Con todos estos plazos legales, el Gobierno tiene hasta mediados de octubre para presentar su propuesta ante la Corte Constitucional, para que pueda llevarse a cabo en las elecciones seccionales de febrero de 2023.