Los viajes del personal legislativo, entre enero y septiembre de 2021, tienen fechas, ubicaciones, uso de vehículos y pagos sin justificación o con irregularidades.
Entre enero y septiembre de 2021, no todos los viáticos nacionales pagados por la Asamblea Nacional estuvieron justificados. Así lo determinó la Contraloría en el examen que realizó a los gastos ejecutados durante las administraciones de César Litardo y de Guadalupe Llori.
En decenas de viajes dentro del país, los funcionarios legislativos no tenían por costumbre presentar los comprobantes de alimentación y hospedaje. Y los informes de gestión, para justificar las movilizaciones, no existían o no informaban sobre las tareas realizadas.
Son varias las inconsistencias e irregularidades encontradas por el equipo auditor, que confirmó que los pagos por viáticos se hacían sin contar con todas las justificaciones legales, que permitan comprobar las tareas ejecutadas y el costo de cada traslado.
El documento resalta algunos ejemplos:
- En 14 comisiones de servicio los salvoconductos tenían fechas y ciudades diferentes a las que efectivamente fueron los vehículos de la Asamblea. El rastreo satelital y el monitoreo en tiempo real lo demuestra.
- No se hizo seguimiento del parque automotor de la entidad, por lo que no se tiene un registro exacto de dónde y cuándo estuvieron los vehículos.
- Para ciertas movilizaciones se usó como argumento el mantenimiento y revisión de las Casas Legislativas, pero no hubo informes del trabajo realizado.
- Las órdenes de movilización se otorgaban con un motivo y los vehículos eran utilizados para otros fines no planificados ni autorizados.
- Se pagó comisiones de servicio a personal de seguridad y soporte técnico para fechas donde la Presidenta de la Asamblea estuvo fuera del país.
- En 120 expedientes de pago difieren los días de las comisiones y algunas de esas fechas el personal y vehículos que cobraron viáticos permanecieron en Quito. Se pagaron sin justificación USD 14.350.
Entre los casos irregulares está, por ejemplo, la comisión efectuada del 4 al 10 de mayo de 2021, aunque los días 6 y 7 los miembros del grupo estuvieron en Quito. E incluso, ese 7 de mayo, Litardo estuvo fuera del país y no necesitaba la movilización interna de personal.
Algo similar pasó con la comisión del 15 al 19 de diciembre de 2020, se pagó el desplazamiento de un funcionario a Esmeraldas, San Lorenzo, Ibarra y Riobamba, para que brinde soporte técnico al Presidente de la Asamblea en sus eventos.
Pero, ese 18 de diciembre, el funcionario estuvo en Ibarra y Cotacachi y ese mismo día el Presidente de la Asamblea también estuvo fuera del país.
Entre mayo de 2020 y enero de 2021, la Asamblea pagó USD 4.312 a un funcionario por concepto de "subsidio terrestre". Debido a las estrictas medidas de restricción y estado de excepción, en ese entonces la entidad cubría los gastos de movilización del personal que sí debía trasladarse al Parlamento.
Sin embargo, el funcionario no justificó sus traslados ni existen documentos que respalden sus actividades presenciales. Tampoco hay registros de que haya ingresado al edificio, porque argumenta que no tenía la tarjeta electrónica de acceso.
En la gestión de Llori, en cambio, hubo una comisión del 23 de julio al 2 de agosto a Cuenca en la que tampoco se justifican las movilizaciones. Otro equipo pernoctó en lugares donde no pudo comprobar su presencia.
Así también, el 5 de agosto de 2021, hubo un cobro de viáticos por una noche en Tonsupa, pese a que los autos del Legislativo estuvieron en Quito.
Otro ejemplo es que entre el 15 y 21 de junio y del 2 al 4 de julio de 2021, la jefa de seguridad cobró viáticos por pernoctar en Ambato, cuando el vehículo que utilizó estuvo la mayor parte de esos días en Quito.
El contrato para eventos de Llori
El informe también analizó el contrato firmado por Llori por USD 112.000, para la logística de eventos y ceremonias, pero que fue suspendido, por las críticas que generó el nivel de gasto, cuando las medidas de restricción por la pandemia aún eran estrictas.
Ante las acusaciones de corrupción en ese entonces, después de intentar justificar la contratación, Llori pidió la disponibilidad de los cargos de sus altos funcionarios.
El examen de la Contraloría señala que el único evento que se ejecutó dentro de ese proceso fue el 11 de septiembre de 2021, por USD 2.288. Y que, posteriormente, el contrato fue terminado por mutuo acuerdo.
Nota de la Redacción: inicialmente el texto señaló que el examen se refería solo a la gestión de Guadalupe Llori, cuando las fechas incluyen también los últimos meses de la administración de César Litardo.
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